Abogado querellante por compraventa fallida de casa de Allende
Reacciones a la declaración ante Fiscalía de la exjefa jurídica de Bienes Nacionales, quien habría advertido a Presidencia de lasinhabilidades que afectaban a las dueñas del inmueble.
La fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende tiene un nuevo episodio que complica al Gobierno. Según publicó el medio digital «Ex Ante», Macarena Diez, exjefa jurídica del ministerio de Bienes Nacionales, declaró en enero ante la Fiscalía que el 9 de octubre del año pasado le advirtió a Presidencia de las inhabilidades relacionadas con la operación, que finalmente terminaron con la renuncia de la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), y la destitución de la senadora Isabel Allende (PS), por la imposibilidad constitucional de ambas de suscribir contratos con el Estado dada su calidad de autoridades en ejercicio.
Diez declaró como testigo en el marco de la querella interpuesta por el abogado republicano Raimundo Palamara contra el Presidente Gabriel Boric, y todos quienes resulten responsables, por el eventual delito de fraude al Fisco en la frustrada venta del inmueble.
En su testimonio, la exjefa jurídica de Bienes Nacionales (entidad a cargo de la compra de la casa), habría asegurado que el tiempo para revisar los documentos de la operación «era muy poco, además no había una motivación clara para la adquisición de estos inmuebles. Con esto me refiero a las casas de Patricio Aylwin y la casa de Allende».
También se reunió con Leonardo Moreno, exjefe de seguimiento de políticas públicas de La Moneda, a quien le hizo una advertencia: «Para el caso de la casa de Guardia Vieja señalé un último punto referido a las preocupaciones jurídicas y políticas por la adquisición de este inmueble, debido a que la parte vendedora era una senadora y una ministra. Adicionalmente, porque además de la ministra de Bienes Nacionales, (el decreto) lo firmaba el Presidente. Respecto de las consecuencias jurídicas y políticas, ellos quedaron en revisarlo con la Secretaría de la Presidencia, en conjunto con comunicaciones del ministerio».
Para Raimundo Palamara, querellante en la causa, «se desprende que aquí al Presidente y su equipo les dio lo mismo la Constitución y la ley. Sencillamente no les importó y por eso vieron un problema solo comunicacional, qué cuento le diremos a los medios».
«Se requiere que se asuman todas las responsabilidades y por todos los involucrados, tanto constitucionales, administrativas y penales, porque en este caso parece evidente que obraron en grupo o pandilla para cometer la fechoría. Recordemos que el fraude al Fisco va más allá de los 933 millones de pesos para la compra de la casa, sino que también ha de sumarse el costo de hora hombre, porque los autores eran funcionarios públicos», añadió el jurista.
La diputada independiente Marlene Pérez, de la comisión que investiga la compraventa de la casa presidencial, apunta que «es absolutamente impresentable la serie de versiones contrapuestas que han entregado funcionarios y exfuncionarios. Creo que acá se está intentando blindar al Presidente, haciendo entender que él no tuvo información, sin embargo, estas declaraciones contradicen esa versión».
