«Actuar espurio y doloso»: las razones del juez Hugo Torres para dejar en prisión preventiva a Cathy Barriga

Cathy Barriga escuchó el dictamen del juez, giró su cuerpo y con mirada apesadumbrada buscó a su marido, sentado atrás, en un escaño de la sala 102 del Centro de Justicia de Santiago. La exalcaldesa de Maipú se levantó con un gesto como pidiéndole explicaciones al diputado Joaquin Lavin, pero dos gendarmes le cerraron el paso. Una de las uniformadas tenía las esposas que calzó en las muñecas de la exchica reality, quien incrédula besó a su cónyuge antes de ser conducida a cumplir la prisión preventiva -por ahora en la cárcel de San Miguel- dictada por el Noveno Juzgado de Garantía, imputada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público reiterados, entre otros delitos.

El juez a cargo de la audiencia, Hugo Torres, ya había dados sus principales argumentos, luego de escuchar por más de cinco horas los descargos de las partes involucradas.

En la sesión, la fiscal Constanza Encina dijo que «la imputada modificó las atribuciones de diversos órganos municipales y de instancias de control interno mediante el decreto alcaldicio número 4182 del 2 de diciembre de 2016 que aprobó un nuevo texto refundido, coordinado y sistematizado de este reglamento de derivaciones de atribuciones alcaldicias».

Por ejemplo, siguió la persecutora, «transfirió al secretario comunal de Planificación, cargo de exclusiva confianza de la alcaldesa, competencias propias de la Dirección de Administración y Finanzas, de conformidad a la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, toda vez que se trata del organismo técnico a cargo de la administración e ingresos y egresos municipales, lo cual permite cautelar el debido equilibrio financiero y presupuestario».

«Esta modificación implicó que el mismo organismo que elaboraba las partidas de presupuesto y que luego gestionaba y ejecutaba directamente, suscribiendo actos y contratos a nombre de la alcaldesa, era el que debía supervisar el ejercicio de sus propios gastos», recalcó.

La fiscal Encina aseguró que «de manera fraudulenta se solicitaban recursos al concejo municipal, con antecedentes falsos, para sobreendeudar al municipio, y los gastos se escondían a fin de año. Esa deuda se generó en el periodo de la alcaldesa Barriga y fue ocultada, y por eso no se pudo fiscalizar correctamente por parte de la Contraloría». Esto generó un déficit, a julio de 2021, de $32.533.661.000.

Además, la Fiscalía sumó cuatro nuevos delitos referidos a los estados contables adulterados que el municipio entregó a la Contraloría entre 2018 y 2021.

En su resolución, el magistrado Hugo Torres acentuó que «la propia defensa, más que negar la existencia de estas situaciones le ha dado un matiz distinto, con argumentos tales como la habitualidad de este tipo de conductas o modos de actuar, incluso, en otras municipalidades, con el desconocimiento de la imputada por la actividad que realizaba antes y después de postular al cargo y ser elegida alcaldesa».

Añadió que «la existencia del delito, de conformidad al artículo 140 letra a (del Código Procesal Penal), tanto de los primeros como de los mayores, los mejores y más abundantes, precisos y detallados antecedentes que se han acompañado en la audiencia de reformalización de septiembre recién pasado, con otros que se han entregado ahora, me permiten considerar como tribunal que la teoría del caso, de la Fiscalía y que sostienen los querellantes, es plausible, es válida y se ajusta a la adecuación típica que deberá ser probada», recalcó el magistrado. «La participación de la señora Barriga Guerra en ellos está documentada» añadió.

El juez Torres aludió a la comparación hecha por los abogados defensores respecto del castigo que merecen los imputados de delitos violentos: «Cuanto más el delito cometido por aquel que revestido de los honores y prerrogativas que otorgan su alto cargo, pasando por encima de la confianza pública en la gestión que le ha sido encomendada distrae intencionalmente los recursos, falsea información, posterga los pagos de la manera en que se ha relatado, valiéndose de una estructura administrativa que dirige para tornar más efectivo y eficiente su actuar espurio y doloso».

Desde el estrado, Torres continuó: «Este reproche merece una valoración en que el comportamiento ético común no basta para exculpar esta conducta y estimo que este es el caso. En consecuencia, considerando la cantidad de delitos, los graves antecedentes, los inconmensurables -y de difícil lectura- montos en miles de millones de pesos involucrados, estimo que la libertad de la imputada, así como la forma de cumplimiento, por cierto, constituye un peligro real y concreto para la seguridad de la sociedad y ordeno su ingreso en prisión preventiva».

El abogado defensor de Barriga, Cristóbal Bonacic, dijo que que no se presentó ningún argumento que justificará la prisión preventiva. Esto además de que no se ha detectado enriquecimiento ilícito de la exjefa comunal. «Hoy lamentablemente se ha cedido a una presión desde enero que decía que mi representada tiene que estar privada de libertad, pero no hay mérito ni fundamento alguno. Estamos esperanzados que en la apelación que presentaremos lo antes posible la Corte de Apelaciones va a revocar esta medida porque no tiene mérito. Se ha retrocedido a enero (primera formalización) y no ha importado nada que una persona lleve diez meses privada de libertad en su casa.

¿Cuál es el antecedente que justifica la prisión preventiva? El nuevo antecedente no existe, la decisión de la prisión preventiva se retrotrajo a lo que se discutió en enero, los asuntos de la re formalización del 13 de septiembre son los delitos en los cuales no se agrega nada respecto a la pena probable y la gravedad de los hechos que ya fueron objeto de formalización. La Corte de Apelaciones ya estuvo por rebajar la cautelar, por eso resulta inexplicable e infundada la prisión preventiva».

José Pedro Silva, abogado representante del municipio de Maipú, entidad que solicitó la prisión preventiva, expuso: «A nosotros nos parece que los nuevos hechos de falsificación de instrumento público indican que se conocía la situación de déficit, y pese a ello la alcaldesa persistió en gastar los recursos de la municipalidad. El principal antecedente del que dimos cuenta es el informe de Contraloría directamente con el municipio, además de declaraciones de funcionarios y exfuncionarios, informes periciales que han contribuido a que el tribunal formará su convicción».  La exalcaldesa fue trasladada a la cárcel de San Miguel por el momento.