En audiencia en la Corte de Apelaciones de Temuco para solicitar su desafuero
El teléfono fue formateado a los valores de fábrica, es decir, se borró completamente y, por tanto, los datos que estaban en la nube, dijo el fiscal Roberto Garrido.
Un nuevo antecedente se conoció en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en el caso Manicure respecto del celular que entregó el diputado Mauricio Ojeda (exRepublicano) para ser periciado. Al hecho conocido de que el parlamentario lo entregó destruido, por lo cual no se pudo extraer ninguna información, el fiscal Roberto Garrido agregó que «tampoco era posible obtener información de la nube porque el correo electrónico a través del que se podía acceder estaba mal indicado y, además, porque el teléfono fue formateado a los valores de fábrica, es decir, se borró completamente y, por tanto, los datos que estaban en la nube».
En abril pasado, la defensa del diputado Ojeda explicó respecto a los daños a la pantalla y la tarjeta electrónica del móvil, entregado a la PDI en octubre de 2023, que fue el hijo de cuatro años del legislador el que destruyó el celular «en medio de una jugarreta».
Ahora, tras casi un año de investigación, el Ministerio Público busca desaforar al parlamentario para formalizarlo por fraude al fisco y administración desleal, en la investigación por el traspaso de $730 millones del gobierno regional de la Araucanía a las fundaciones Capacitación y Formación Laboral (Folab) y Fundación Educacional y Capacitación (Educc), presididas por la cosmetóloga Rinett Ortiz, para realizar talleres a mujeres de Temuco y Padre Las Casas, los que no se concretaron. Ella ahora está imputada por fraude al fisco y lavado de activos.
Durante la audiencia de este martes, en la Corte de Apelaciones de Temuco, no estuvo el diputado Ojeda (estaba en el Congreso), pero el fiscal Garrido mencionó una frase de la cosmetóloga Ortiz que consideró clave para solicitar el desafuero: «Nada de esto habría ocurrido sin la intervención del honorable diputado Ojeda Rebolledo». Según el persecutor, la participación de Mauricio Ojeda se desarrolló en tres fases.
1. Ideación de las postulaciones. El fiscal contó, según la investigación de la Fiscalía, cómo el parlamentario gestionó ante Juan Pablo Leonelli Lepín, en ese entonces jefe de gabinete del gobernador regional, Luciano Rivas, para que las fundaciones lograran los fondos. «Envió un mensaje a Rinett Ortiz indicándole a qué tiene que postular, cursos de peluquería, manicure, masoterapia, le indicó también que tiene que postular por un monto inferior a las 5.000 UTM para que no pasen por el control del Consejo Regional, y es por eso que tenemos dos programas que son exactamente iguales», relató Garrido.
2. Colaboración para la aprobación de los programas. Según el persecutor, la dueña de las fundaciones contactó también a otros funcionarios del gore para recibir ayuda en las postulaciones. «Podemos darnos cuenta de la existencia de una verdadera cofradía, el diputado Ojeda conoce al señor Lepín, a la señora Macaya y todos van a ayudar a Folap para que postule a los fondos», y agregó que más que ayudar, «el diputado se convierte en un inversor», al gestionar préstamos para la fundación, con lo que adquiere «un interés patrimonial directo en los fondos».
3. Las acciones tras la entrega de fondos. Garrido aseguró que «el 3 de enero de 2023, cuando los fondos ya están disponibles, comienza el vaciado de las cuentas. Se transfirieron en diciembre de 2022, $256 millones aproximadamente a cada una de las cuentas y a los pocos días solo encontramos $2.000, y en otra cuenta, $20 millones, y van a diferentes cuentas, de los administradores, y también a las cuentas del diputado Ojeda Rebolledo» quien, según la Fiscalía, prestó dinero a la fundación y cobró intereses del 3% mensual. El fiscal relató que Ojeda también ayudó a Folap a conseguir fondos por $366 millones para realizar emprendimientos turísticos, además de aconsejar a Rinett Ortiz hacer desaparecer su teléfono cuando comenzaron las investigaciones.
La defensa
Carlos Tenorio, abogado del diputado Ojeda, objetó la discusión de detalles de la investigación en dicha corte y desestimó que su cliente sea funcionario público, según la doctrina penal. Sergio Arévalo, su otro defensor, preguntó si las gestiones de Ojeda en el Gore a favor de las fundaciones «¿son algo que un diputado de la República hace en razón de su cargo?», y dijo que no se explicó «la operación de carácter patrimonial» en la que participó el diputado.
El defensor Sergio Arévalo agregó: «A partir de los hechos propuestos por el Ministerio Público llegamos a la conclusión categórica que estos hechos no son constitutivos del delito de fraude al fisco y, en consecuencia, no son constitutivos para formar causa respecto de mi representado. El desafuero no se necesita para investigar a un diputado, cuando se quiere desaforar un diputado es porque se le quieren pedir cautelares».
En los próximos días el tribunal de alzada entregará su resolución respecto a la petición de desafuero.
