Fueron suscritos por el imputado en el caso Convenios Carlos Contreras, por un total de $545 millones
En el expediente de la investigación se mencionan además las trasferencias sospechosas a Alberto Larraín por 77 millones de pesos.
Una muestra de lo complejo que es el caso Convenios queda en evidencia en un escrito de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Coquimbo, contenido en el extensísimo expediente de la investigación del caso ProCultura. En concreto, se mencionan cinco convenios suscritos por el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (exRD), con la fundación liderada por el siquiatra Alberto Larraín. Carlos Contreras ya es parte de la investigación de otra arista por traspasos irregulares de dineros públicos a fundaciones: el caso Democracia Viva, donde está imputado por fraude al Fisco y cumple prisión preventiva, caso que esta semana agregó como formalizada por el mismo delito a la diputada Catalina Pérez (quien renunció al FA). Estos convenios encendieron las alarmas en la fiscalía, lo que hizo que la investigación se acelerara y se pidiera el levantamiento del secreto bancario de la directiva de la fundación.
545 millones
Según el expediente, Contreras firmó junto a María Constanza Gómez, la representante legal de Fundación ProCultura, los siguientes convenios para proyectos que se suponía iban a mejorar las condiciones de vida de los campamentos en Antofagasta, con acceso a servicios básicos, accesibilidad a los lugares y mejoras en las viviendas por un monto total de $545.000.000.
Convenio 1. Proyecto de habitabilidad primaria «Campamento Moisés», aprobado el 18 de octubre de 2022, por un monto de $200.000.000, al cual se pone término anticipado el 2 de noviembre de 2023.
Convenio 2. Proyecto de habitabilidad primaria «Campamento Arca de la Alianza», aprobado el 18 de octubre de 2022, por un monto de $100.000.000, al cual se pone término anticipado el 2 de noviembre de 2023.
Convenio 3. Proyecto de habitabilidad primaria «Campamento Betsabé», aprobado el 18 de octubre de 2022, por un monto de $100.000.000, al cual se pone término anticipado el 2 de noviembre de 2023.
Convenio 4. Proyecto de habitabilidad primaria «Campamento lsrael», aprobado el 18 de octubre de 2022, por un monto de $100.000.000, al cual se pone término anticipado el 2 de noviembre de 2023.
Convenio 5. Barrios Villa Chica, aprobado el 16 de diciembre de 2022, por un monto de $45.000.000, del cual no se cuenta con información sobre su finalización o término anticipado.
Transferencias
Se citaron además dos informes de la Contraloría Regional de Antofagasta donde se detectaron diversas irregularidades en los mencionados convenios, entre ellas: no exigir planes de trabajo a la fundación ProCultura al momento de entregar la plata, la contratación de al menos 12 personas del Serviu regional para realizar los supuestos trabajos con ProCultura (doble contratación), la asignación directa de los proyectos y transferencias de dinero desde el Serviu dirigido por Contreras a ProCultura, sin documentos que acreditaran el motivo de dichos traspasos. Y, como agregado, el mismo expediente hace mención a otro convenio entre ProCultura, esta vez con la gobernación de Antofagasta (dirigida por el gobernador Ricardo Díaz, exRD), que le pasó a la fundación en diciembre de 2022, 629 millones de pesos para, supuestamente, «recuperar» fachadas de edificios en la zona histórica de la ciudad.
Fiscalía
Todo lo anterior generó el alzamiento del secreto bancario de las cuentas de toda la directiva de la fundación, lo que dio lugar a sorpresas: «Con la investigación realizada por esta Fiscalía, que incluye el análisis de cuentas bancarias, principalmente de la cuenta corriente de Fundación Procultura, su director ejecutivo y representante legal, solicitada judicialmente en esta causa (en noviembre de 2023), se produjo el hallazgo de transacciones sospechosas, como por ejemplo, que entre septiembre de 2022 a diciembre de 2023, se identificaron varias transferencias hacia personas naturales, entre los que destacan el fundador y director ejecutivo (de ProCultura) Alberto Larraín, quien recibió más de $77.000.000, y María Constanza Gómez, representante legal de la fundación y quien suscribe los convenios, la que recibió más de $33.000.000, en dicho periodo, sin que haya constancia de la emisión de boletas de honorarios u otros que justifiquen los traspasos».
El diputado republicano de la comisión investigadora ProCultura, y además querellante en el caso Democracia Viva Cristián Araya, comentó: «Lo surrealista y burdo de este escándalo de corrupción es que, por más que intenten taparlo, la podredumbre sigue aflorando por todos lados. Carlos Contreras, el mismo exseremi de Antofagasta vinculado a Democracia Viva, también firmó convenios irregulares con ProCultura. ¿Otra vez el Frente Amplio va a salir con que no conocían a Alberto Larraín? En la comisión investigadora de ProCultura quedó clarísimo que esa fundación no cumplía con los requisitos, y aun así le asignaban recursos públicos. ¿Por qué? Porque había que construir el reino, aunque fuera con la plata de los más necesitados. Como querellantes recibimos 11 GB de información, y cada nuevo antecedente deja más al descubierto la maquinaria del cartel frenteamplista, por mucho que intenten acallar al fiscal Cooper».
El diputado de la misma comisión investigadora Jaime Araya (independiente, bancada PPD), coincidió con su colega: «Se confirma que ProCultura era una máquina para defraudar al fisco, cada vez salen nuevos antecedentes que demuestran el engaño y el perjuicio causado. Lo importante es que el Presidente (Boric) anuncie en su cuenta pública que enviará un mensaje para fortalecer a la Contraloría, entregándole facultades para sancionar directamente a los funcionarios, para que nunca más exista ProCultura o Democracia Viva debemos ponerle dientes y armas a la Contraloría. La prueba de blancura de todos los sectores políticos es fortalecer o no a la Contraloría».