Francisco Frésard, ingeniero civil en Transporte, desmenuza los problemas de la normativa
A un delincuente, que está dispuesto a matar, dice el ingeniero, poco le importa robar un auto con los vidrios tallados. La norma, lamenta, le traspasa la responsabilidad de la seguridad a los ciudadanos.
Con el grabado de patentes, que desde este jueves será obligatorio para todos los vehículos motorizados, el Ministerio de Transportes pretende prevenir la venta de espejos y autos robados. Aunque en estricto rigor, menciona el ingeniero civil en transporte Francisco Frésard, ni el gobierno ni el Estado se hacen cargo de evitar la delincuencia en este caso, sino que le traspasan ese deber al ciudadano, quien debe gastar tiempo y dinero en implementar una norma que ni siquiera le asegura que no le robarán el auto.
¿Cree que la medida intimida al delincuente, profesor?
«No, claramente la persona que está dispuesta a robar un auto o a cometer una fechoría de este tipo, no está muy preocupada de si el vehículo tiene la patente grabada o no. Son delincuentes que disparan y no tienen ningún problema con herir o matar. Además, los autos robados generalmente son llevados a las desarmadurías o los sacan del país por pasos clandestinos, donde se encargan precisamente de borrar esas patentes grabadas».
¿Es una medida injusta?
«Grabar la patente en los vidrios es un costo privado que no aporta valor al vehículo porque su prestación es la misma. Asimismo, equivale a un impuesto regresivo porque perjudica notablemente a los vehículos baratos».
¿Algún ejemplo?
«Por ejemplo, según la tasación 2025 del Servicio de Impuestos Internos, la camioneta Toyota Hilux más cara, que figura entre las más robadas, supera los $32 millones, y su permiso de circulación alcanza un millón de pesos. Por el contrario, esa misma camioneta, pero la más barata, que es una de 1975, está tasada en $150.000 y su permiso de circulación es de $32.000. Entonces, en la camioneta más cara es económicamente despreciable grabar los vidrios, pero en el otro extremo cuesta aproximadamente el 60% del permiso de circulación».
¿Quién gana con esto?
«Hasta el momento no lo sabemos porque no existen estudios ni experiencia internacional para comparar o saber si el grabado de patentes disminuye el robo de autos. Pero sí ganan las empresas y el Estado. Las empresas ganan dinero al implementar el servicio y al dar boleta le llega un impuesto al Estado por el IVA. Con esta medida aplicada al total de la flota vehicular actual, por conceptos de IVA el Estado recaudaría del orden de 25 millones de dólares. Si solo aplicara la norma a una antigüedad máxima de diez años, que equivale a dos tercios de la flota, sería igual de atractivo para el Fisco porque recaudaría 13 millones de dólares».
¿Qué pasa con la seguridad como derecho?
«Ese es otro tema. Es deber del Estado preocuparse de la seguridad de las personas y de los bienes públicos de las personas, entonces, no corresponde que los usuarios estén invirtiendo en seguridad cuando eso debe ser aportado por el Estado. Vemos que nuevamente el Estado se desliga de la responsabilidad y se la pasa al ciudadano».
Usted expuso sus dudas en el Parlamento, cuando se debatía la ley. ¿Cómo le fue?
«No he encontrado evidencia sobre esta norma y eso fue lo que expuse ante la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados. Eso es un problema porque después las autoridades no saben cómo implementar los reglamentos. Lo hemos visto con la ley Uber, con la ley chao cable. Normalmente se hacen leyes sin tener un respaldo técnico. No basta con escuchar a los especialistas si después no se toman en cuenta o les importa bien poco la opinión externa».
