¿Crisis amenaza la estabilidad presidencial?
Para Kenneth Bunker existe un mecanismo organizado que podría agravar las consecuencias legales en el oficialismo.
Tras la investigación por el presunto desvío de cerca de $6 mil millones en fondos públicos a través de la Fundación ProCultura, analistas y legisladores advierten que este caso podría tener consecuencias graves para el gobierno. Una conversación grabada el 14 de octubre de 2024 entre Ilonka Csillag (secretaria y cofundadora de la fundación), Constanza Gómez (representante legal) y Lucía Bustamante (socia de la Productora Gráfica Andros, proveedora de ProCultura), cita al fundador Alberto Larraín, quien dice: «No, gasté esta plata en la campaña de Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca». Esta declaración, referente a una deuda impaga de $41,9 millones, motivó al fiscal Patricio Cooper a solicitar la intervención del teléfono del Presidente Gabriel Boric, investigando un posible vínculo con el financiamiento irregular de su campaña en 2021. Aunque el tribunal rechazó la solicitud, para muchos este afecta gravemente la credibilidad del mandatario y plantea un escenario político complejo para la figura presidencial y para su gobierno.
Con la liberación del secreto de la investigación el 7 de mayo, en que se permitió a los abogados intervinientes acceder a los 30 tomos de la carpeta investigativa, es probable que continúen apareciendo antecedentes. Y ante tamaña crisis y gravedad del caso, cabe hacerse una pregunta: ¿Es posible que se vea amenazado de manera crítica el gobierno con el caso ProCultura?, para el analista político Kenneth Bunker, está claro: «Absolutamente. El caso ProCultura puede tumbar al gobierno si se demuestra que el presidente estuvo de alguna manera involucrado. Por supuesto, eso debe decidirlo la justicia, pero es un caso extremadamente complejo. Probablemente, uno de los más complicados que hemos visto en democracia. Esto podría incluso escalar hacia lo más alto. Sin embargo, es crucial seguir el proceso legítimo, permitiendo que el fiscal haga su trabajo. Pero hay que investigar hasta qué punto el Presidente estaba al tanto de lo que sucedía, ya que todo indica que esto era un mecanismo organizado, no acciones aisladas de personas», comenta.
El analista lo equipara con otros casos, en cuanto a magnitud. «Todos los gobiernos enfrentan problemas, pero el caso del gobierno anterior era más estructural; no era algo puntual del gobierno, sino que afectaba al país en general. En el gobierno de Michelle Bachelet, por ejemplo, el caso Caval desbarató su administración desde el inicio.
Afortunadamente, Bachelet logró sacar adelante algunas reformas clave antes de que ese caso explotara. Sin embargo, después fue todo muy negativo. Este caso es tremendo, pero el problema para el gobierno actual es que hasta ahora ha hecho muy poco para demostrar su capacidad de gestión, como sí lo hizo Bachelet», compara.
Estrategia
Para el analista Guillermo Holzmann ha existido una mala estrategia, lo que ha dejado al Presidente solo. «Transformar un tema que es netamente judicial, que lo que se ha sabido es por incidencia judicial, de filtración de las transcripciones que son parte de la carpeta investigativa, una vez que esta se da a conocer a todos los interactuantes, en términos de generar, a partir de esas transcripciones, un escenario político donde los responsables e iniciales protagonistas van dejando el escenario y están dejando al Presidente solo», opina.
Cascada
¿Es tan grave como para tumbar al gobierno? No al punto de tumbar al gobierno, pero sí lo considera grave el analista político de la Universidad Autónoma, Tomás Duval: «Creo que junto al tema de los indultos, este caso también está dentro de esa magnitud», y agrega: «El caso es grave porque todavía no conocemos todas sus aristas. Esto tiene múltiples dimensiones. Y cuando casos como este se difunden de esta manera, puede generarse un efecto en cascada y no sabemos hasta dónde va a llegar».
Indultos
Una visión contraria tiene Axel Callís. «Ni de cerca es lo más grave, como sí lo fueron el caso indultos o la muerte de los tres carabineros en el sur. Es un tema que genera mucha polémica, todo el mundo se escandaliza, pero cuando llegan las formalizaciones empiezan a desaparecer, se complejizan y se judicializan y ahí nadie entiende nada», resume.
Mecanismo
Consultado de qué es lo más complicado para el gobierno, Bunker indica que es la manera de operar que está bajo investigación. «Lo más complicado es el mecanismo en sí. No era solo Alberto Larraín actuando por su cuenta. Para que él operara, era necesaria una estrategia más amplia que involucraba coordinación política, subredes de trabajo y manejo de presupuestos. Es claro que los fondos públicos se desviaron hacia fines privados, y una parte de esos fondos se utilizó para campañas políticas. Esto es grave, nunca habíamos visto una situación tan clara de este tipo. Incluso con la poca información que tenemos hasta ahora, ya es muy preocupante».
