Nuevo informe de Contraloría
Se trata de 312 comunas, entre ellas, 110 están en la categoría de urgentes, es decir, tienen un mayor riesgo de vulnerabilidad socio delictual.
Son 312 municipalidades, correspondiente a un 90% del total de comunas del país, que no han cumplido con remitir a la subsecretaría de Prevención del Delito, toda la documentación relacionada con sus planes comunales de seguridad pública y las sesiones del consejo comunal de seguridad pública, entre 2024 y 2025, según reveló el undécimo Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República (CGR).
De acuerdo con el organismo, «la importancia de esta temática radica en que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece instrumentos de gestión e instancias de coordinación para que los municipios, mediante los Planes Comunales de Seguridad Pública y los Consejos Comunales de Seguridad Pública adopten medidas intersectoriales que permitan mejorar las condiciones de seguridad y la calidad de vida de los habitantes de la comuna».
110 comunas están en la categoría de «Urgentes», es decir, tienen un mayor riesgo de vulnerabilidad sociodelictual. Entre ellas, 14 no han remitido el plan comunal de seguridad pública ni la totalidad de las actas de las sesiones del consejo comunal de seguridad. En esta lista, figuran: Alto Biobío, Ercilla, General Lagos, Independencia, La Florida, La Pintana, Lonquimay, Puerto Montt, Nueva Imperial, Mulchén, Pucón, Purén, Talagante y Tirúa.
A febrero de este año, 24 municipios tenían sus planes vencidos y 40 gobiernos locales no los habían remitido a la Subsecretaría de Prevención del Delito, como lo señala la norma.
«En la categoría de «urgentes», seis municipalidades tienen sus planes vencidos a febrero de 2025, destacando entre ellos La Florida, considerada la novena comuna a nivel nacional con mayor riesgo de vulnerabilidad socio delictual», precisa el documento.
«La CGR explica que la falta un Plan de Seguridad Comunal aumenta la probabilidad de acciones improvisadas y descoordinadas para el combate de la delincuencia. Así también será mucho más difícil la prevención de delitos, específicamente relacionados con la realidad comunal, afectando la exposición de la población a delitos u otro tipo de eventos», agrega el texto.
«Por otro lado, no contar con un consejo o que se sesione con periodicidad, debilita la coordinación y la comunicación entre las autoridades locales, fuerzas policiales, entidades públicas y comunidad, disminuyendo la eficacia de las acciones que se pretendan tomar en materia de seguridad», precisa.
En la vereda opuesta, «33 municipios a nivel nacional han cumplido con remitir toda la documentación a la subsecretaría de Prevención del Delito».
Según estipulado por la ley 18.695 los municipios deben enviar a la Subsecretaría de Prevención del Delito las actas de todas las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad, al igual que los Planes Comunales de Seguridad Pública, los que deben actualizarse anualmente durante su vigencia.
«La Contraloría detectó también que, entre 2021 y 2024, se advierte una disminución en la remisión de actas del consejo por parte de las municipalidades. De hecho, 72 municipios habrían remitido las actas más de un año después de su celebración, entre ellas están: Lago Ranco, La Florida, La Pintana y Ñuñoa», precisa el documento.
«Asimismo, 19 municipalidades de esta categoría reportaron antecedentes a la Subsecretaría de Prevención del Delito sobre ninguna sesión del Consejo en los últimos años. En esta categoría están Alto Biobío, Cartagena, Curacautín, Linares, Macul y Pozo Almonte», señala.
Siete de las 40 municipalidades con mayor riesgo de vulnerabilidad socio delictual han informado solo entre dos y seis sesiones del consejo durante el año pasado, por lo que no existe registro de que hayan sesionado una vez al mes como obliga la norma. «En esta área figuran las comunas de Calama, Estación Central, La Pintana, Lo Espejo, Quilicura, Talca y Viña del Mar», dice la Contraloría.
Para Francisco Leturia, doctor en Derecho, profesor de la UC y expresidente de la Fundación para la Transparencia, «lo más claro de este informe, es que los municipios no respetan ni a la Contraloría, ni a la subsecretaría de Prevención del Delito, y que se podía incumplir la ley y no pasaba nada. Si sucedió a este nivel, significa que había una casi certeza de que la impunidad estaba asegurada. No hubo ninguna autoridad, hasta ahora, que tuviera el coraje y la determinación simplemente de hacer cumplir la ley».
Rodrigo Espinoza, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales, precisa que la información emanada de los consejos comunales de seguridad, permite a nivel central, en coordinación con las municipalidades, tomar decisiones. «Si el 90% de las municipalidades realmente no ha cumplido con la entrega de las actas, contribuye a que el Estado pueda estar operando a ciegas», afirma. Estas últimas, constituyen insumos relevantes para tomar determinaciones como la asignación de recursos.
