Fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, analiza la complejidad delictual de la Macrozona Sur
El persecutor explica que la finalidad última de estos grupos no es otra cosa que su propio beneficio económico.
Roberto Garrido, fiscal jefe de la Araucanía y que ha liderado una gran cantidad de causas relacionadas con el conflicto mapuche, dice que, independiente de la investigación que determine la naturaleza del ataque, este hecho «tiene que ver con la forma de actuar de grupos organizados en la Macrozona Sur que cuentan con planificación y con armamento que les permite ejecutar este tipo de acciones». Si bien manifiesta que la violencia en la zona había descendido en el último tiempo, «no se puede prever que esa disminución será sostenible en el tiempo. Todo lo contrario. La experiencia es que ante resultados exitosos de procedimientos policiales y judiciales que terminan con condenas (como el caso Llaitul), luego de eso vienen periodos de represalias y reestructuración de las organizaciones y mayor violencia».
Y agrega: «Estamos frente a comportamientos que cumplen con alto poder de fuego y están decididos a atacar a quienes consideran sus enemigos, ya sea la industria forestal o funcionarios de las policías. Es un hecho muy grave porque son grupos radicalizados que se reagrupan para mejorar sus procedimientos». Plantea además que se trata en realidad de bandas que escapan a la lógica de reivindicaciones de pueblos originarios. «Son organizaciones criminales que viven de los delitos que puedan cometer a través de los robos con intimidación, de madera, extorsiones, plantaciones de sustancias sicotrópicas en determinadas zonas. Estamos hablando de grupos criminales que tienen como finalidad última su propio beneficio económico sin ningún tipo de reivindicaciones, y no están dispuestos a entrar en ningún tipo de negociación».
Estado de sitio
Políticos, sobre todo de oposición, salieron a pedir la aplicación del estado de sitio en la zona. El exministro de Defensa Mario Desbordes explica qué se puede ganar con la medida: «Lo que permite el estado de sitio es restringir ciertas libertades y dar más atribuciones al jefe de la defensa nacional. Además, es urgente involucrar más a los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, y crear un comando conjunto con la Armada, el Ejército, el Gope, para literalmente salir a cazar a estos grupos guerrilleros». Sobre el apoyo a Carabineros, pone un punto: «El vehículo en el que andaban se supone era un vehículo blindado, pero era una Nissan enchulada, no es un vehículo que usaría nadie en una zona de conflicto ni enfrentando a las FARC ni en el Líbano. No pasa los filtros para zonas de riesgo. Necesitamos equipar mejor a Carabineros, y que las Fuerzas Armadas puedan ocupar sus tremendos equipos de inteligencia, comandos, tal como se hizo en Colombia. Carabineros está sobrepasado por estos grupos guerrilleros».
El exfiscal Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la Universidad San Sebastián, plantea: «Cada uno de los atentados que en este caso le costó la vida a tres funcionarios de Carabineros se ejecutan en lugares donde no existe presencia militar ni recolección de medios de prueba que permitan su pronto esclarecimiento». Sobre si serviría de algo el estado de sitio, acota: «Las consecuencias de la adopción de un estado de sitio por un tiempo limitado, facultan al Presidente para tomar decisiones que impliquen restricción de libertad y permiten a las Fuerzas Armadas intervenir en proteger la seguridad interna del país. Esta situación, que claramente no es la ideal en un estado democrático, en ocasiones suele ser justificada tratándose de hechos gravísimos como por ejemplo los que están ocurriendo en esa zona».
El coronel (r) de Carabineros y experto en seguridad, Guillermo Benítez, afirma que el personal policial «tendrá que tomar sin duda más precauciones al asistir a diversos procedimientos policiales que por función le corresponden. Tal vez dependiendo de la amenaza existente y de ser muy alta podría hacerse acompañar de personal de Ejército. Carabineros seguirá cumpliendo su misión, pero entendiendo a que se enfrenta y eso hace necesario rápidamente la RUF (Reglas del Uso de la Fuerza) para su protección judicial y equipamiento que les proteja su integridad física, además de GPS de los vehículos y cámaras conectadas a una central que permita un rápido y oportuno apoyo».
