Parlamentarios de RN solicitaron al Consejo de Defensa del Estado que investigue.
El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, responsabilizó al Instituto de Derecho Humanos por falencias del otorgamiento.
En septiembre de 2022 el Instituto Nacional de Derechos Humanos advirtió al Presidente Boric, a través de un oficio, la imposibilidad de seguir acreditando el menoscabo de personas para la otorgación de pensiones de gracia. En el documento firmado por la directora de la entidad, Consuelo Contreras, se explica: «Por medio del presente tengo a bien informarle sobre la imposibilidad que asiste al Instituto Nacional de Derechos Humanos (en adelante INDH) para efectuar la acreditación del padecimiento de menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo en víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, que solicitan al Presidente de la República acceder a pensiones de gracia».
En la misiva, a la que tuvo acceso este diario, se explica que, de acuerdo a las atribuciones, «al INDH le es posible acreditar la condición de víctimas de violaciones a los derechos humanos de los casos conocidos en el ejercicio de sus funciones como órgano de promoción y protección de los derechos humanos, con independencia del resultado de las acciones penales seguidas en dichos casos; pero no respecto de las consecuencias físicas derivadas de esos hechos. En este sentido, el Instituto no cuenta con las capacidades técnicas ni expertise en la materia para poder acreditar circunstancias de esta índole».
La Fiscalía Nacional decidió abrir una investigación de oficio por las eventuales irregularidades en la entrega de pensiones de gracia. En paralelo, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, había declarado este viernes que los informes médicos de los postulantes a las pensiones «vienen en la carpeta del INDH que llega al departamento de Acción Social del ministerio del Interior». Detalló además que ese certificado enviado desde el instituto «es muy explícito, donde dice que el INDH, en virtud de todos los antecedentes ha llegado a la convicción de que las lesiones de las personas producidas en el marco del estallido, donde se detalla la fecha y el lugar donde se produjo, tienen la suficiente gravedad para producir menoscabo laboral».
Los diputados RN Andrés Longton, Diego Schalper, y José Miguel Castro acudieron esta mañana hasta el Consejo de Defensa del Estado para solicitar al organismo evaluar acciones penales en el marco del caso de las entregas de pensiones de gracia.
«Hemos presentado una acción ante el CDE para que persiga a estas personas y restituya dineros públicos de todos los chilenos. Y también se querelle por fraude al fisco contra los funcionarios una vez evaluados los antecedentes y también por prevaricación, esto quiere decir que con complicidad de funcionarios públicos se entregaron pensiones de gracia de mala manera, no cumpliendo con los requisitos legales», aseguró el diputado Longton. Por otro lado, los diputados también hicieron una denuncia ante la Fiscalía Nacional por los eventuales delitos de «Prevaricación Administrativa y de Fraude al Fisco» y solicitan una investigación para perseguir responsables penales si es que lo hubiera (en la entrega de pensiones). «Con complicidad de funcionarios públicos se entregaron pensiones de gracia de mala manera, no cumpliendo con los requisitos legales porque es inaceptable y difícil de creer que personas que no tenían ningún antecedente médico, que no lo acreditaron y que con sus solos testimonios se hicieron acreedores de lo que equivale a 3 PGU a 600.000 pesos que le están costando más de 2.000 millones de pesos al año al Estado y casi 200 millones mensuales», afirmó el RN.
