Arrendador y arrendatario se demandaron mutuamente y están a la espera del veredicto
En los escritos las partes hablan desde incumplimientos hasta sabotaje, en una disputa que lleva casi tres años.
En pleno centro de La Serena, justo frente a la plaza de la ciudadanía, se alza el Teatro Centenario, un edificio de fachada patrimonial que durante décadas fue cine y que hoy funciona como sala de conciertos. Sin embargo, detrás de ese telón cultural se desarrolla un tenso conflicto judicial. Sebastián Bravo, abogado y gestor cultural, tomó en arriendo el espacio en 2022 con la promesa de habilitarlo como un centro para espectáculos en vivo. Asegura haber invertido más de un millón de dólares entre remodelaciones, marketing y el albergue de artistas, entre los cuales destacan Mike Patton, Miranda, Inti Illimani y Chancho en Piedra.
Pero el proyecto, dice, empezó a complicarse pronto. «Nos dimos cuenta de que el lugar había sido subdividido irregularmente y había que compartir servicios de agua y electricidad con vecinos. No habían remarcadores y la electricidad no daba abasto», relata. A eso se sumó un hallazgo clave: «La municipalidad nos rechazó la carpeta del proyecto de remodelación, porque dijeron que el edificio nunca había tenido recepción municipal. Eso nos impidió sacar patentes», explica Bravo.
Ante los problemas, dice que pidió formalmente ayuda al arrendador, pero no obtuvo respuesta. «Desde diciembre de 2023 que no me contestaban. Copié al arzobispado -dueños originales del inmueble- en todos los correos. No respondían», asegura. El conflicto escaló y en abril de 2024 Bravo dejó de pagar el arriendo luego de que, según denuncia, tres personas llegaran a amenazarlo porque les cortó la luz que compartía. «Ahí dije basta».
La otra versión
Luis Retamal, representante legal de Inversiones Alta Cruz, es quien subarrienda el inmueble. Asegura que Sebastián Bravo fue informado de todas las condiciones del contrato desde el inicio. «Siempre fueron informadas por nosotros y por el corredor de propiedades. En la cláusula tercera del contrato se autoriza a Sebastián para que obtenga nuevo suministro eléctrico, arranques de agua, obtención de patente y recepción municipal», dice. Además, recalca que se otorgó un año de gracia sin pago de arriendo. «El contrato era de largo plazo -17 años- y partía con un precio más bajo. El primer año no tenía costo de arriendo», añade.
Según Retamal, la recepción municipal sí fue obtenida tras un tiempo y que antes del arriendo no estaba porque al ser un inmueble antiguo, antes no era necesaria para su funcionamiento. Además destaca que la situación eléctrica también se regularizó. «Se solucionaron los problemas y aún así él decidió dejar de pagar. Lleva 16 meses sin pagar el arriendo y acumula una deuda de 90 millones de pesos», explica.
Respecto de las denuncias por falta de contacto, señala que «siempre hubo comunicación. Tengo los registros, está todo en el chat de WhatsApp hasta el último día». También descarta la cifra de inversión declarada por Bravo: «Le pedimos que presentara todas las facturas. Lo que presentó suma poco más de 100 millones de pesos, incluyendo muebles de oficina. Un millón de dólares no tiene respaldo».
Las demandas
Ambas partes presentaron demandas cruzadas en tribunales durante 2024. Bravo busca indemnización por perjuicios y acusa estafa, mientras Retamal exige el término de contrato y el pago de la deuda. El juicio ya concluyó y ambas partes están a la espera de la sentencia definitiva. «Estamos esperando el fallo de primera instancia. Podría salir en cualquier momento», dijeron por separado. El futuro del teatro -y su cartelera- depende, por ahora, de esa resolución judicial. Sin embargo, ambos dicen que continuará como centro cultural.
