Cristián Aguilar y Juan Castro Bekios interrogaron a las dos figuras de Revolución Democrática
Abogado del exministro adelantó posible querella contra diputados republicanos: Nosreservamos el derecho a ejercer accioneslegales cuando este caso termine.
Tal como lo hace por estos días en La Moneda, el jefe de asesores de Palacio, Miguel Crispi, llegó temprano a dependencias de la Fiscalía Nacional, a las 7.58 am, una hora antes de su cita con los fiscales regionales de Antofagasta Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar, para declarar por el caso Democracia Viva, donde se investiga fraude al fisco, y posible omisión de denuncia, al establecer cuándo y cómo se enteraron en Santiago de los traspasos irregulares de recursos.
En compañía de su abogado, Guillermo Chahuán (quien reemplazó en la defensa a Luis Hermosilla), Crispi llegó al noveno piso luego de entrar raudo por los estacionamientos de calle Catedral, y por ahí mismo salió a las 12.13 pm sin dar declaraciones, y luego de aproximadamente tres horas de interrogatorio de los persecutores.
Casi una hora después, a las 12.55, llegó al mismo lugar y conduciendo su auto el exministro Segpres y de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, junto a su abogado Miguel Schürmann, adelantando así su comparecencia ante los persecutores, la que estaba inicialmente prevista para las 15 horas. A las 15.19 ya estaba saliendo de la Fiscalía.
Los interrogatorios también están relacionados con una ampliación de querella presentada por diputados del partido Republicano Juan Irarrázaval y Cristián Araya, referida a «mecanismos defraudatorios contra las arcas fiscales», especialmente en el convenio «recuperación de fachadas», adjudicado a la fundación Procultura.
Al término de las diligencias de esta jornada, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, aclaró que Crispi y Jackson «renunciaron a su derecho a guardar silencio, asistidos por su abogado defensor han dado su versión de los hechos», pero el persecutor se abstuvo de ahondar en la calidad de imputados de ambos en la investigación.
Castro Bekios explicó que el Ministerio Público hizo «todas las preguntas atingentes a lo que dice relación con el caso Democracia Viva, una investigación formalizada por delitos de fraude al fisco».
Omisión de denuncia
La fiscalía de Antofagasta busca establecer la fecha en que se enteraron las autoridades de que había irregularidades en el traspaso de los recursos, tras la revelación de una serie de mensajes de WhatsApp entre la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), y el exseremi Carlos Contreras (ex RD), el 7 de junio de 2023. «Esperemos a ver que nos dicen de La Moneda», fue una de las frases clave que la exsubsecretaria escribió a Contreras.
El jefe de asesores dijo a la comisión investigadora del caso Convenios, en la Cámara de Diputados, que supo del caso por un «rumor» que le llegó ese 7 de junio sobre el traspaso de recursos a Democracia Viva.
Sobre esta arista, el fiscal Castro precisó que esa «es una investigación distinta, está separada de Democracia Viva, sin perjuicio que en ese contexto pueda haber algún elemento que pueda vincularse», y agregó que tras los interrogatorios de la jornada «la investigación no se encuentra terminada, hay un plazo de investigación que se encuentra vigente».
Miguel Schürmann, abogado defensor de Giorgio Jackson, explicó que con su cliente «nos pusimos a disposición del fiscal apenas tuvimos conocimiento de la querella que presentaron los dos diputados del partido Republicano, pese a que no tenemos ninguna vinculación con los hechos».
El jurista resaltó que aunque inicialmente el Ministerio Público había rechazado la petición para que declarara Jackson, esta se desarrolló finalmente tras la querella de los republicanos: «Los querellantes insistieron, bajo una tesis de que habría algún tipo de concierto en la rebaja de controles de auditoría interna del gobierno».
Schürmann adelantó que una vez terminado este caso entablarán acciones judiciales contra los querellantes republicanos: «Esta es evidentemente una querella calumniosa y nos reservamos el derecho a ejercer acciones legales cuando este caso termine, porque es evidente y siempre lo supieron los diputados republicanos, el señor Jackson no tenía ninguna vinculación con estos hechos, simplemente levantaron un punto político».
Sobre la omisión de denuncia a la que están obligados todos los funcionarios públicos, el defensor expresó que su cliente «tomó conocimiento una vez que se publicó en prensa», y que por parte de Jackson, la diligencia «está agotada».
Este viernes será el turno de declarar de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.
