Directora del DEM de Santiago dice que profesores del Instituto Nacional están con apoyo sicológico
Ex fiscal explica por qué es tan difícil impedir que los encapuchados sigan actuando.
El ataque a tres profesoras dentro del Instituto Nacional instaló una inquietud que no se disipa. La agresión ocurrió en plena mañana, en medio de desórdenes vinculados a encapuchados que portaban material incendiario. El liceo suspendió actividades y un estudiante de 16 años quedó detenido por su presunta participación en los hechos. Desde entonces, la conversación se abrió en dos frentes: el estado del cuerpo docente y los límites que enfrenta el sistema para sancionar a los responsables.
La directora de Educación Municipal de Santiago, Pilar Sazo, conoce de cerca el impacto en las víctimas. Habla de profesoras golpeadas, rociadas con bencina y sometidas a amenazas previas. Dice: «Las docentes con las cuales tengo contacto a diario están muy conmocionadas, recuperándose de sus lesiones y con temor de que esto se vuelva a repetir. No olvidar que los docentes ya habían sido amenazadas en hechos violentos anteriores».
Ese temor se instaló en pasillos, reuniones breves y comunicaciones internas. El municipio activó acompañamiento diario y apoyo sicológico para las docentes, además de planes de convivencia escolar y capacitaciones específicas. La directora lo describe en un punto central: «La DEM ha contenido con sus equipos a las docentes diariamente y las acompañará para aliviar el trauma psicológico que tienen como consecuencia de las agresiones; sin embargo, todas nuestras acciones no aseguran que no volverán los hechos violentos. Es por aquello que deben actuar el Ministerio de Educación, el de Seguridad, la fiscalía y los tribunales».
La segunda mirada aparece cuando el caso llega al sistema penal juvenil. La abogada y exfiscal Grace Salazar precisa el marco legal que rige a los adolescentes imputados. Niega la existencia de un vacío normativo y ordena la discusión desde el estándar internacional. Su explicación es directa: «Muchos hablan de vacío de la ley, pero en realidad son estándares que fueron fijados por los tratados internacionales, que tiene que ver, en primer lugar, con el límite de edad para sancionar: entre los 14 y los 16 años se aplica un tipo de pena y, entre los 16 y los 18, se pueden aplicar penas más severas». Esa distinción define qué medidas puede aplicar un juez y cuán lejos puede avanzar una fiscalía.
El punto más estrecho es la internación provisoria, la cautelar más dura disponible para adolescentes. Salazar lo explica sin adornos: «La internación provisoria, que es como la medida similar a la prisión preventiva de los adultos, solo se puede aplicar como última medida. Sin embargo, en la actualidad, muchos jueces están igualmente aplicando la medida de internación cuando el adolescente ha participado más de una vez en la misma conducta». La exigencia probatoria se mantiene alta y determina la capacidad real del sistema para evitar nuevos ataques.
El uso de encapuchamiento y overoles blancos complica aún más la identificación de los responsables. La exfiscal detalla el tipo de evidencia que permite avanzar: «Puede que estén encapuchados los menores, pero puede haber menores o incluso declaración de uno en contra de otros que puedan establecer la identidad de los partícipes. Por otra parte, grabaciones de cámaras de seguridad o de cámaras de los mismos Carabineros, o incluso el hecho de que algunos de los menores hayan participado anteriormente en conductas de similar naturaleza, puede servir de base para establecer la responsabilidad».
