Tendrá un costo de $11 mil millones
Aproximadamente, unas 400 familias deberían trasladarse a albergues.
Tras el fallido intento de negociación entre el ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la constructora Inmobiliaria San Antonio, propietarios del terreno tomado en el cerro Centinela; y los pobladores de la megatoma de San Antonio, la Corte de Apelaciones de Valparaíso estableció un plazo de 30 días para desalojar a las 4.100 familias que residen en las 215 hectáreas tomadas.
Este jueves 4 de diciembre vence el plazo para iniciar el proceso de desalojo, lo que afectaría a más de diez mil personas, entre ellas, tres mil niños. Por ello, la Corte solicitó al municipio de San Antonio y a los ministerios de Interior, Seguridad Pública, Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y Desarrollo Social y Familia, implementar un plan de albergues para las familias afectadas. Según advirtió el Minvu, el desalojo de la denominada toma, supuestamente, la más grande de Chile, podría generar una crisis humanitaria en la comuna y en localidades cercanas.
sobre la cantidad de personas que realmente serán desalojadas, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, planteó que eso no se conoce exactamente en este momento.
El plazo
En ese contexto y a 48 horas de que se cumpla el plazo, el gobierno anunció la decisión de impulsar un proyecto habitacional. El Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) solicitó al Minvu que apruebe un Decreto Supremo de Expropiación Parcial de tres terrenos ubicados en el cerro Centinela, reflejado en 100 hectáreas, de las 215, pertenecientes a la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. Esto, como parte del proyecto de expropiación del Lote 1 A.
El oficio
En el oficio enviado por Nerida Paz, directora del Serviu de Valparaíso, al ministro Carlos Montes, el 27 de noviembre, se lee: «Conforme a lo dispuesto en el artículo 51, inciso 2 de la ley número 116.391, ley Orgánica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, solicito a usted dictar el correspondiente Decreto Supremo de Expropiación Parcial».
Según mencionó el ministro Montes, desde La Moneda, la expropiación tendrá un costo de 11 mil millones de pesos, con esto se beneficiaría a cerca de 3.700 familias que se agrupan en 40 cooperativas. La solución intentará mantener en el paño, el loteo original de este grupo mayoritario de personas. El gobierno pagaría 0,23 UF por metro cuadrado, a pesar que los dueños pidieron un total de 0,44 UF por esa superficie.
Las 400 familias
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, explicó en detalle cuál será el destino de las 400 familias que no están consideradas dentro del proyecto habitacional para Cerro Centinela, un punto que ha generado preocupación en San Antonio.
Montes recalcó que la propuesta del Gobierno se construyó a partir de las 40 cooperativas que agrupan al 90% de los hogares, siguiendo la lógica habitual del Minvu de trabajar con organizaciones formales que postulan de manera colectiva.
¿Qué ocurrirá con las 400 familias que no contempla el proyecto?
«Los proyectos habitacionales del Ministerio normalmente son por un grupo social que tiene su forma jurídica, comité y en este caso cooperativa. Siempre hay otra gente que quiere incorporarse, pero puede haber personas que no están dentro del proyecto. Y ahí habrá que verlo, pero se parte trabajando con los que están realmente dentro del proyecto, que son las 40 cooperativas».
El ministro reconoció que aún no existe un diseño definitivo para esos hogares, una situación que dependerá del desarrollo del plan urbano y de la coordinación con el municipio.
¿Serán derivados a albergues municipales?
«Hay que verlo, porque lo más probable es que esas familias empiecen a buscar distintas alternativas. Eso va a depender incluso del plan de desarrollo que se establezca».
Montes también señaló que el Gobierno todavía no cuenta con un catastro actualizado del número de personas y niños que integran esos grupos familiares.
Respecto del proceso de desalojo y sus plazos, el ministro reiteró que el Ejecutivo actuará conforme a lo instruido por la Corte Suprema: «El jueves 4 la Corte dijo que había que presentar un plan de desalojo que partía por los albergues. Y van a entregar albergues, entiendo yo».
Montes insistió en que cualquier acción deberá realizarse de manera gradual y con medidas de resguardo, enfatizando que el objetivo del Gobierno es evitar una crisis humanitaria mientras se avanza en una solución habitacional definitiva para las miles de personas que hoy viven en el campamento, considerado el más grande del país.
