Nueva norma ayuda a zanjar las brechas de conectividad
Este lunes en la tarde se aprobó la nueva ley de Internet como servicio público. La norma, entre otras cosas, aborda una serie de temas que permiten zanjar las brechas de conectividad, tanto en zonas rurales como urbanas, en conexiones de internet fija como móviles. Actualmente en Chile existen 4,5 millones de conexiones fijas de internet, 3,8 millones de conexiones 5G y 22,4 millones de conexiones de internet móvil. Aquí el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, explica cuatro puntos concretos en que la ley mejora las opciones de conectividad de los usuarios.
Internet en espacios públicos
«La nueva ley abre espacios y un procedimiento claro para que las empresas de telecomunicaciones puedan usar bienes públicos para desplegar infraestructura. Por ejemplo, que en la azotea de un ministerio o en la oficina de correos de una ciudad pequeña se puedan colocar antenas. Esto permite tener más lugares», explica el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya. «Hasta ahora era muy complejo administrativamente porque los edificios públicos pertenecen al ministerio de Bienes Nacionales y se podía generar una contienda de competencia. El usuario del edificio podía estar de acuerdo en instalar equipos, pero mientras no tuviera el vamos de BBNN, no se podía proceder. Ahora la potestad sigue siendo de BBNN, pero el tema se agiliza y se explicita», agrega.
Factibilidad técnica
Un problema habitual de los clientes es que ante un requerimiento de instalación de internet, la empresa alega que no tiene vacancia o factibilidad técnica. En adelante esta no podrá negarle la opción, sino que tendrá que darle el servicio en un plazo máximo de seis meses si el solicitante está en la zona de cobertura obligatoria de la telco (en las áreas urbanas esta zona se define con criterio censal y en las rurales por localidad). «En caso de que la empresa no tiene la infraestructura en el sector, tendrá que desplegarla en un plazo máximo de 12 meses. Esto siempre y cuando un usuario lo pida», explica Araya.
Zonas rojas
Se denomina así a sectores no dotados con internet debido a que existen riesgos de daño a la infraestructura por diferentes motivos, uno de los cuales son las malas condiciones de seguridad. «Aquí hay dos nuevas opciones. La primera es lo que se llaman las comunidades de usuarios. Los vecinos de una zona denominada roja, se pueden organizar como comunidad de usuarios e instalar su propia red contratándola con una empresa. Esto habilita la opción de auto atenderse y la infra para ello puede ir desde un router inalámbrico más económico hasta fibra óptica más cara. En un edificio de departamentos la solución es relativamente barata porque basta con pasar un cable entre todos los departamentos», cuenta el subsecretario.
«La segunda opción, que no es solo para zonas rojas, es que la ley contempla un subsidio a la demanda que permite ayudar a las familias más vulnerables para pagar la cuenta de internet. Una de las opciones que hemos visto, y que será definida en el reglamento, es que vía municipio y en base a la ficha social, se puede entregar un voucher de descuento para que las familias escojan con qué empresa contratar el servicio», agrega.
Multas y fiscalización
La nueva ley sube la multa máxima. Hasta ahora llegaba a 1.000 UTM ($65.182.000) y con la nueva ley el máximo es de 5.000 UTM ($325.910.000). «Así se da un incentivo para cumplir con la ley. A eso agrega que se mejoran las condiciones de fiscalización, ya que el regulador tiene más información cuando ocurren fallas. Antes, en caso de problemas, era la empresa la que comunicaba mediante un mail al fiscalizador qué había pasado, por ejemplo, que se había caído una antena. Con la nueva ley se implementa un sistema en que el fiscalizador recibirá las alarmas de problemas en la red en tiempo real. Ya no dependeremos del mail de la telco», cuenta Araya.
