Fiscal regional de Ñuble formalizó a cuatro imputados vinculados a una red de protección criminal en tribunales
El Ministerio Público asegura que las abogadas les avisaban a los delincuentes cuando la investigación se acercaba a ellos.
En febrero del 2023, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó por diversos delitos a la organización criminal conocida como «Los Corbata». Pero según el Ministerio Público, sus líderes fueron advertidos mucho antes, incluso antes de su detención, de que la policía les estaba pisando los talones.
La Fiscalía acusó este lunes a la abogada Susana Cortes Karmey de haberlos alertado con una llamada telefónica el 7 de abril del 2021. Según se dijo, ese día la profesional salió de una audiencia y llamó directamente a Luis Corvalán Novoa, el líder de «Los Corbata». «Bota todas las hueás porque están pinchados», dice la fiscalía que le dijo. No sólo eso. «Ojo con esa hueá, bota los teléfonos completos porque están pinchados y siguen pinchados. Ya, ahora borra todo lo que te he mandado», agregó.
De acuerdo a la investigación de la Fiscalía Regional de Ñuble, Cortés Karmy logró comunicarse con el líder narcotraficante gracias a que su socia en el estudio jurídico, la abogada Andrea Romero Jara, le envió minutos antes de esa llamada una foto con los antecedentes de una carpeta investigativa que era reservada y a la que solo la Fiscalía de Los Ángeles tenía acceso.
Por lo anterior -y otros hechos- Cortés y Romero fueron formalizadas este lunes ante la jueza Claudia Aguilera, del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, por los delitos de asociación delictiva, tráfico de drogas, tráfico de armas, acceso indebido a la información y soborno. Además, fueron formalizados el ex defensor penal público jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez, por los delitos de asociación delictiva, violación de secreto con grave daño a la causa pública y acceso indebido a la información; y el funcionario del Poder Judicial, Nelson Sáez, por violación de secreto y cohecho.
Gutiérrez y Sáez, aseguró en la audiencia la fiscal regional Nayalet Mansilla, les entregaron información a las abogadas para beneficiar a sus clientes.
«Desde al menos el 2017 y hasta marzo del 2025, las imputadas Romero y Cortés se organizaron para atentar contra el orden social, principalmente la administración de justicia, cometiendo diversos crímenes y simples delitos. Cooptaron a miembros del Poder Judicial, como el imputado Nelson Sáez Reyes, encargado de actas del Tribunal de Garantía de Los Ángeles, quien a cambio de beneficios económicos ajustaba la agenda de las audiencias programadas para que las causas de interés de las imputadas las dirigiera la magistrada Cherie Palomera Astroza. Esto lo hacía en atención al vínculo de amistad que las abogadas tenían con ella, buscando que fallara a favor de sus intereses, principalmente en causas por delitos de la Ley 20.000 (drogas) en las que ambas actuaban como defensoras», afirmó la fiscal Mansilla.
Asociación criminal
Para advertirles a sus clientes, mencionó la fiscal Mansilla en la audiencia, las abogadas Romero y Cortés utilizaban sus vínculos con algunos funcionarios del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública. Entre otras acusaciones, dijo que Rodrigo Durán, ex fiscal adjunto de Los Ángeles -que fue destituido de su cargo por el fiscal nacional Ángel Valencia- le entregaba información confidencial a Andrea Romero, su cónyuge. Y que Patricio Gutiérrez, ex defensor penal público jefe de Los Ángeles, también filtraba investigaciones.
«Rodrigo Durán proporcionaba información reservada y secreta, a la cual accedía en razón de su cargo. Era información que obtenía de los sistemas de información reservada que están bajo resguardo del Ministerio Público», detalló la fiscal.
El ex defensor Patricio Gutiérrez, agregó Mansilla, les entregó a las abogadas las claves de acceso a los sistemas informáticos de la Defensoría Penal Pública, con el fin de que ambas obtuvieran antecedentes de investigaciones reservadas. Lo anterior, destacó, permitió que las abogadas accedieran a fichas de potenciales clientes, lo que «les reportaba a ambas imputadas una ventaja respecto de otros estudios jurídicos, mejorando la puesta en escena, sus posibilidades de negociación con los demás intervinientes o su desempeño en diversos procesos penales». Esa información, enfatizó la fiscal ante el tribunal, «les permitía decidir cuánto dinero cobrar a futuros clientes, generando ganancias sustanciosas que se incorporaron al patrimonio familiar de los cuatro imputados, vulnerando la correcta administración de la justicia».
Tráfico de armas
Moisés Bastardo es un venezolano integrante de la banda «Los Corbata», quien cumple condena por tráfico de drogas. Según el Ministerio Público, las abogadas mantuvieron contacto con Bastardo entre noviembre y diciembre del 2022, mientras cumplía prisión preventiva. Esas conversaciones, aseguró la fiscal Mansilla, fueron para coordinar un envío de armas y así simular la cooperación de Bastardo con el Ministerio Público, con el fin de obtener beneficios en su condena. Las armas, agregó, las recibiría un conocido al que supuestamente delataría.
«Una vez enviadas las armas y municiones, la imputada Romero, el 15 de diciembre del 2022, concertada con la imputada Cortés y sabiendo que la información era falsa, contactó a fiscales de la Fiscalía de Los Ángeles para realizar una suerte de denuncia anónima, indicando que Moisés Bastardo le había entregado la información que circulaba por redes sociales, relativa a una venta de armas y municiones», destacó la fiscal.
«Desde al menos el 2017 y hasta marzo del 2025, las imputadas Romero y Cortés se organizaron para atentar contra el orden social».
«Desde al menos el 2017 y hasta marzo del 2025, las imputadas Romero y Cortés se organizaron para atentar contra el orden social», Nayalet Mansilla, fiscal regional de Ñuble, sobre las abogadas formalizadas.
