Subsecretario Manuel Monsalve viajará a Venezuela próximamente
El Servicio Nacional de Migraciones confirmó que en lo que va de este año se han materializado 739 expulsiones: 242 administrativas y 497 judiciales. Dos tercios de ellas en vuelos comerciales o de la Fach y un tercio por vía terrestre.
«Todos los días salen expulsados en vuelos comerciales y buses. Las expulsiones son caras, cada una sale entre tres y tres millones y medio de pesos, es el pasaje del expulsado más escoltas de PDI. Por eso, nuestro criterio es priorizar la salida forzada del país de aquellas personas extranjeras que han cometido delitos y tienen antecedentes penales», explica una minuta del servicio, liderado por Luis Thayer.
Para concretar las 2.400 expulsiones que el ministerio del Interior espera realizar en un plazo de 14 meses, debe resolver primero las siguientes dificultades:
1. Encontrar a las personas que cuentan con decreto de expulsión judicial. Se requiere que el Congreso apruebe un proyecto de ley que permita a la PDI ingresar a los domicilios de estas personas para ser detenidas y que el tiempo de apelación que tienen baje de diez a cinco días, que es el mismo plazo de la PDI para mantenerlas bajo custodia.
2. Tener más garantías para que esa expulsión se concrete. Interior envió a las autoridades venezolanas un documento oficial con propuestas para llegar a acuerdo, y se está esperando una respuesta formal de parte de Venezuela. Con respuesta o no, el subsecretario Manuel Monsalve viajará a Caracas antes de fin de año para avanzar en estas tratativas.
3. Aterrizajes en suelo venezolano. Es parte de lo que busca solucionar Monsalve, ya que no pueden aterrizar en Venezuela los aviones de la Fach ni de las policías (PDI y Carabineros) y contratar vuelos charter requiere confirmar la nómina con al menos cinco días de anticipación, algo en lo que también debe participar el consulado de Venezuela en Santiago. Esta dificultad no existe en los otros países.
Para las expulsiones, el gobierno maneja además un perfil de riesgo de inmigrantes irregulares, según análisis criminal: se trata de hombres entre 18 y 40 años que no se han presentado al empadronamiento biométrico que se realiza hasta el 31 de diciembre.
El exdirector de Migraciones, Álvaro Bellolio, considera que el gobierno debe concentrarse en «aquellos que representen un riesgo potencial para el país, como los que tienen antecedentes penales; aquellos cuya presencia afecte más a las comunas y regiones, considerando que hay comunas con más del 40% de migrantes irregulares en campamentos y utilizando espacios públicos, y en aquellos que ya hayan sido analizados por la PDI, para asegurarse de que los vuelos de expulsión incluyan la mayor cantidad posible de extranjeros ilegales».
Para el experto en políticas migratorias, Rodrigo Sandoval, «es lógico y comprensible que el gobierno, ante recursos, posibilidades e información limitada, opte por desarrollar un perfil de personas en las que va a concentrar su finita capacidad de expulsar, en ese contexto, también parece razonable concentrarse en aquellos individuos que no se han presentado al proceso de empadronamiento».
