Documento mostró ineficiencias en cuatro organismos estatales
Esto no implica necesariamente existencia de fraude, acá existen distintos tipos de situacionescomo errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, dijo la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo.
Tras la tercera sesión del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (Caigg), el organismo detectó «alertas y situaciones que involucran recursos públicos por 9.200 millones de dólares».
El comité fue convocado por el Presidente Kast el 11 de marzo pasado para realizar una revisión de la gestión de los organismos estatales, que el Ejecutivo llamó «inspección total».
Ineficiencias
«Esto no significa que sean las únicas alertas, son solo algunas de las que hemos encontrado hasta ahora. Esto no implica necesariamente existencia de fraude, acá existen distintos tipos de situaciones como errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias graves y en algunos casos específicos antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o, incluso, hechos de relevancia penal», afirmó Constanza Castillo, subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia.
La entidad revisó todos los servicios que reportan al Caigg. «Se recibieron y analizaron más de 913 millones de registros provenientes de más de 500 servicios públicos. Se incluyeron transferencias, compras públicas, contratos, programas estatales y gestión de personas», detalló Castillo.
Datos
En este contexto se detectaron debilidades estructurales como rendiciones bajas respecto de lo pagado; entidades receptoras de fondos públicos sin inscripción en el Registro de Central de Colaboradores del Estado; compras ágiles repetidas al mismo proveedor el mismo día; hitos contractuales incumplidos; subejecución presupuestaria superior al 30%; licencias médicas sin recuperación del subsidio y concursos públicos desiertos. En resumen, un conjunto de datos vinculados a mal uso de recursos fiscales.
«Estos patrones trascienden un servicio específico y es un problema generalizado del Estado», acentuó la subsecretaria Castillo.
Uno de los descubrimientos más llamativos es que hay 3.200 millones de dólares en pagos postergados desde el año pasado, lo que casi equivale al 1% del Producto Interno Bruto. «Esta postergación corresponde al nivel más alto detectado en los últimos traspasos presidenciales», añadió.
A modo de contexto, de Michelle Bachelet a Sebastián Piñera esta cifra fue de 1.213 millones de dólares; mientras que de Piñera a Gabriel Boric fue de 1.609 millones de dólares.
Pagos
«Esta situación afecta a las cuentas del gobierno, por cierto, pero no es un número distante, afecta directamente a los chilenos por la postergación en el pago de los proveedores, en programas sociales, en servicios de salud, en temas de alimentación escolar y a casi diez mil pymes que fueron proveedoras del Estado y a las cuales el 2025 se decidió no pagarles», aseguró Constanza Castillo.
Respecto de las compras públicas, la autoridad dijo que «se usó con normalidad y de forma recurrente la Compra Ágil o el trato directo, que son mecanismos pensados como excepcionales para la contratación pública. Entre 2022 y 2026 se identificaron más de tres mil millones de dólares en compras realizadas vía trato directo o Compra Ágil en contexto donde podrían haberse utilizado mecanismo competitivos, lo que además de una mala práctica puede derivar en la fragmentación, que es básicamente dividir el monto de una compra para hacer varias compras menores al monto que exige la licitación pública».
La auditoría detectó que la modalidad de trato directo se concentró, por ejemplo, en compras de Cenabast, por 700 millones de dólares; el Registro Civil, por 350 millones de dólares, y Junaeb, por 50 millones de dólares.
«Si hacemos un análisis conservador y aplicamos la media de este estudio, se hubieran hecho las compras por vías competitivas y planificadas, podría haberse generado un ahorro de 760 millones de dólares», dijo la subsecretaría de la Segpres.
Licencias médicas
Otro punto es la recuperación de fondos por concepto de licencias médicas. «El Estado paga a sus funcionarios el cien por ciento de los días con licencia, a diferencia del sector privado, pagando así las remuneraciones por el total de días de licencia médica y por el total de sus remuneraciones. El problema está en que hay 150 millones de dólares que el gobierno anterior no cobró».
Cuatro entidades
El comité revisor puso especial atención en cuatro entidades: en la Junaeb, por posible fraude en licitaciones y pagos por servicios no realizados; en el ministerio de la Mujer, por uso ineficiente y falta de control de recursos públicos; en el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por problemas de control financiero, rendiciones pendientes y no cobro de multas y garantías; y en el ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación por rendiciones rechazadas y recursos pendientes de rendición.
«Donde existan errores, deben corregirse; donde existan debilidades estructurales, deben modernizarse; y donde existan antecedentes de
irregularidades, estos serán remitidos a la Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado o al Ministerio Público, en cada uno de los casos que correspondan», recalcó la subsecretaria Castillo.
