Presidenta de la CMF pidió renuncia a asesora de asuntos corporativos
Es una buena señal que el CDE haya interpuesto esta querella. El caso que estamos conociendo es de extrema gravedad, arguyó el diputado Daniel Manouchehri (PS), uno de los parlamentarios que propuso una investigación especial en la Cámara.
Este viernes, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte en la investigación que adelanta el Ministerio Público por el caso Audios, con la presentación de una querella criminal ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de soborno y cohecho.
La acción penal está dirigida contra el abogado Luis Hermosilla Osorio, el empresario Daniel Sauer Adlerstein, y la abogada María Leonarda Villalobos Mutter, «como autores de delitos consumados y reiterados de soborno», explica el organismo en un comunicado.
El CDE plantea que la presentación se da «en el marco de la investigación penal iniciada a partir de la publicidad, por parte de medios de comunicación social, de una grabación y transcripciones que revelan la comisión de actuaciones delictivas reconocidas por los imputados, y de las que se desprende que pretendían intervenir en futuros ilícitos».
El 14 de noviembre se conoció el audio de 105 minutos de duración. Se trataba de una conversación de los tres querellados, realizada el 22 de junio pasado en la oficina de Hermosilla, en calle Alonso de Córdova, en que los abogados y el empresario hablan de presuntos pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para, presuntamente, obtener información reservada.
La querella del CDE también se dirige contra todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores que se logren acreditar durante la investigación del Ministerio Público de delitos «tales como cohecho, en su figura básica y/o agravada, revelación de secretos, falsificación de documento público y/o privado, delito informático u otros», especifica el organismo querellante.
El CDE considera que a partir de los antecedentes hasta ahora conocidos «estima que se configura el delito de soborno».
En la jornada se conoció además que Solange Berstein, presidenta de la CMF solicitó la renuncia a Marcela Gómez Aguirre, asesora de asuntos corporativos «por pérdida de confianza». En un comunicado, la entidad confirmó que «el comisionado Beltrán de Ramón, en su calidad de fiscal instructor de la investigación interna por el caso Audios, notificó la suspensión de la asesora.
«El comisionado de Ramón proporcionará los antecedentes respectivos al Ministerio Público, complementando la denuncia efectuada en los días previos», y que la investigación interna continúa en desarrollo, agregó la CMF.
Otras querellas
En la semana, el SII presentó también una querella criminal en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago contra los hermanos Daniel y Ariel Sauer, dueños de Factop Spa por la presunta facilitación de facturas falsas por cerca de $13.000 millones. Según Hernán Frigolett, director del SII, existen «los fundamentos suficientes para ejercer una acción penal contra tres empresas de la familia Sauer».
Frigolett sostuvo: «Con la presentación de esta querella, queremos enviar un mensaje muy claro: como servicio vamos a perseguir, con todas las herramientas que nos entrega el marco normativo vigente, a cualquier persona o empresa que dañe al sistema tributario, y con ello a la sociedad en su conjunto, al evadir sus responsabilidades tributaria».
El diputado PS Daniel Manouchehri, quien junto a su par Diego Ibáñez (CS), firmó una de las tres solicitudes presentadas en la Cámara para que una comisión especial investigadora indague sobre las irregularidades en la actuación del SII y la CMS, considera que «es una buena señal que el CDE haya interpuesto esta querella. El caso que estamos conociendo es de extrema gravedad. Cuando un abogado se confabula con otros abogados para intentar coimear a funcionarios del Estado para obtener provecho para los poderosos, se afectan las instituciones y se afecta la democracia».
En la comisión investigadora, que deberá rendir un informe en un plazo no superior a 60 días, se buscará recabar todos los antecedentes de las instituciones públicas implicadas.
Paralelamente, la bancada del PS interpuso una querella más en la causa «porque creemos que la gente está aburrida de que este tipo de casos terminen en clases de ética o en impunidad», acotó el parlamentario.
Según el texto presentado en la Cámara de Diputados, se busca reunir antecedentes sobre actos de gobierno especialmente realizados por el Ministerio de Hacienda, la CMF, el SII, «y cualquier otro órgano administrativo competente en la materia, respecto de las posibles irregularidades cometidas en la investigación de delitos económicos, control de la evasión y elusión tributaria, malas prácticas, infracciones al principio de probidad administrativa que han incidido en el mercado financiero, eventuales casos de corrupción y pagos realizados a funcionarios públicos y la existencia de posibles «mafias de la evasión y elusión tributaria» en relación con los hechos investigados».
