Se demolieron 25 casas ubicadas en una quebrada de difícil acceso
Para apoyar a las familias, dispusimos de un subsidio municipal de arriendo, de $350.000 hasta por hasta 24 meses, contó el alcalde Felipe Alessandri.
En un verdadero campo de batalla amaneció convertida este martes la ladera oriente del Cerro 18, en la comuna de Lo Barnechea. Pasadas las siete, más de 120 efectivos, entre carabineros y guardias municipales, se enfrentaron a un grupo de encapuchados que intentaba impedir el desalojo y demolición de las primeras 25, de más de cien casas del campamento «La cancha», asentado ilegalmente en la quebrada La Zorra, un escarpado terreno que además pertenece al municipio.
«Tenemos la obligación de hacer cumplir la ley, pero sobre todo tenemos el deber ético de proteger la vida de los vecinos que hoy viven en un lugar que es una zona de alto riesgo», explicó el alcalde Felipe Alessandri, quien insistió en que «no podemos mirar hacia el lado cuando Bomberos y nuestros equipos técnicos advierten un peligro real y permanente».
En sus palabras, «las viviendas instaladas en esta quebrada representan un riesgo latente para la vida de quienes allí residen. Y cuando está en juego la vida de un vecino, el municipio tiene que actuar con decisión». Para ello, emitió un decreto edilicio que selló el destino del campamento.
Pese a ello, algunos de los pobladores desalojados aseguran que el argumento de la seguridad no es aceptable, sobre todo lo que está en juego es el techo para sus hijos.
«Nadie piensa en nosotros, por eso tuvimos que salir a luchar, a defender las pocas cosas que hemos logrado comprar con esfuerzo», comenta Darlys González, de nacionalidad venezolana.
A ella se suman varias familias chilenas que viven un poco más arriba en el cerro, en otro paño que se mantiene tomado por más de cien familias.
María Castro es una de las vecinas que viven arriba, de las que en esta pasada no fue desalojada, pero que en algún momento lo serán. «Salimos a apoyar a nuestros vecinos, a pelear por ellos y por sus derechos, porque nosotros tampoco queremos que nos traten así», comenta mientras observa lo poco que queda de las casas desmanteladas.
Planificación
Para el coronel de Carabineros Jaime Parraguez, quien coordinó el operativo, no hay nada que justifique la violencia empleada por los pobladores.
«Esta es la segunda etapa de una planificación de cinco partes diseñada por la municipalidad. Los integrantes de la toma ya fueron notificados con anterioridad del desalojo mediante cartas certificadas, con 30 días de anticipación, con la idea de que hicieran abandono por sus propios medios».
Y aunque el aviso de desalojo no puede calificarse de exitazo, de todas maneras algo ayudó: de las 30 familias originalmente notificadas, cinco ya habían acatado la medida y dejado el lugar este lunes.
Al ser consultado por el destino de las familias removidas, el alcalde Felipe Alessandri respondió a través de un comunicado, que «sabemos que estas familias están pasando por un momento muy difícil. Por eso el municipio ha estado ahí, acompañándolos, entregándoles información, apoyo social y una mano amiga en todo este proceso».
Además explicó que, extraordinariamente, las familias removidas recibirán ayuda económica y social por dos años.
«Dispusimos de un subsidio municipal de arriendo, de $350.000 hasta por hasta 24 meses, que no existe en ninguna otra comuna de Chile. No es una obligación legal, pero decidimos crearlo porque entendemos la dimensión humana del problema y queremos que estas familias puedan reubicarse en un lugar seguro», finalizó.
Pese a los incidentes, el saldo del operativo fue de tres detenidos y nueve carabineros lesionados. A ellos, se suman dos trabajadoras sociales del municipio, que fueron agredidas verbalmente, por lo que debieron ser contenidas por sus compañeros, en el mismo lugar.
