Dichos del exalcalde de La Florida Rodolfo Carter sobre negar estas prestaciones abrieron el debate
Lo que hace la diferencia para que la migración a un país no sea atractiva, es que el migrante, antes de tomar la decisión de emigrar, sepa que en ese país no tendrá beneficios, plantea.
El tema lo puso en la discusión pública el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter (Indep), al declarar que en un eventual gobierno suyo los niños migrantes que estén en condición irregular no tendrán acceso a los colegios ni a ningún servicio social básico que entrega nuestro país. Si bien el exedil aclara aquí sus dichos, y señala que no aludía a las personas que ya estaban en Chile, sino a quienes pensaban en ingresar de modo irregular, el tema ya había agarrado vuelo. Concretamente, el debate sobre cómo se equilibra el acceso a prestaciones sociales para quienes ingresan a un país de manera irregular y la sobrecarga y la sustentabilidad de los servicios sociales destinados a las personas de menos recursos.
Según señala Carter, restringir el acceso a dichos servicios es una forma de disuasión de la inmigración ilegal. ‘Muchas veces nos quedamos detenidos en el muro, en el campo minado, en el alambrado, en las medidas que toma el presidente Trump. Sin embargo, ni ese país, con todos los recursos que tiene, ni siquiera con la construcción de un muro, puede resolver los problemas que le genera la inmigración ilegal', dice.
‘Lo que hace la diferencia para que la migración a un país no sea atractiva, es que el migrante, antes de tomar la decisión de emigrar, sepa que en ese país no tendrá beneficios', plantea.
‘Este país no tiene más capacidad. No tenemos ni los recursos, no tenemos las fuerzas armadas, no tenemos las policías, no tenemos capacidad de administrar una oleada de esta naturaleza, que además pone en peligro la vida y la tranquilidad y la forma de vida de los chilenos', justifica Carter, aunque con algunas excepciones. ‘Si una persona tiene un infarto, o tiene un parto en la vida pública, hay un tema humanitario de por medio del cual nos tenemos que hacer cargo', justifica.
Cuántos entran
De acuerdo a información entregada por el ministerio del Interior, en base a datos de la PDI, entre 2021 y 2022 se observó un aumento significativo en los ingresos irregulares, luego de lo cual se observó una tendencia a la baja. Las cifras son: 2020, 16.848 ingresos; 2021, 56.586; 2022, 53.875; 2023, 44.235; y 2024, 29.269. Cabe señalar que estos datos indican las personas denunciadas y auto denunciadas.
En cuanto a las expulsiones, en Interior reportan que al 31 de diciembre de 2024 se registraron 1.100, lo que representa un 16% más que en 2023 y un 20% más que en 2021. Además, destacan una alza en las expulsiones administrativas, con un incremento del 103% respecto a 2023 y del 180,5% en comparación con 2021.
Una duda que plantea el ingreso irregular, es cuánto destina anualmente el Estado en servicios básicos para los inmigrantes en esa condición. Álvaro Bellolio, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, dice que es difícil entregar un monto exacto, ya que el gasto incluye diversas áreas como salud, educación y asistencia social. ‘Sin embargo, es conocido que hay más de 533 mil extranjeros en Fonasa que cotizan $0, y que se triplicaron los irregulares, pasando de 110 mil a fines del 2021 a 337 mil a fines del 2023'.
Hace el siguiente cálculo solo para salud: ‘La ley de presupuesto destina a Fonasa $1.443.378.372.000 que tiene 16 millones de usuarios, eso da $90.211 por persona. Si se multiplica por los 533 mil migrantes que cotizan $0, nos da $48.082 millones'. El dato, señala, sirve de referencia.
Waleska Ureta, directora del Servicio Jesuita Migrante, dice que, en su mayoría, son personas que quieren ingresar de manera regular y esto permite ‘hacer la distinción de quienes son una amenaza para el país, de quienes vienen huyendo de situaciones complejas de sus países de origen'.
Desde el Servicio Nacional de Migraciones señalan que la Constitución y la ley migratoria establecen que las personas extranjeras tendrán acceso a salud. También establece que los niños, niñas y adolescentes extranjeros tendrán acceso a la educación, independiente de su condición migratoria. ‘En el caso de beneficios vía transferencias directas (bonos y otras ayudas directas), la ley establece como requisito que las personas extrajeras deben estar en condición regular y con residencia en el país de 24 meses', advierten.
En el mundo, la Unión Europea colabora con organizaciones como ACNUR y OIM para promover la integración social. Países como España ofrecen programas de acogida con atención sanitaria y apoyo social, mientras que Alemania y Turquía son líderes en acogida de refugiados. En base a datos del Banco Mundial, Migraciones afirma que no es efectivo que los migrantes representen una carga fiscal para el Estado: ‘Entre 2017 y 2023, los migrantes elevaron el gasto público en US$1,8 mil millones, pero al mismo tiempo aportaron US$2,9 mil millones en impuestos, por lo tanto, contribuyeron a la reducción de déficit fiscal en US$1,1 mil millones'.
