Después del millón de pesos, acusado de secuestro pidió $12 millones más

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Marco Solís quedó en prisión tras amenazar a trabajadora de AFP Provida

Marco Antonio Solís Castro entró a una sucursal de la AFP Provida, ubicada en Las Condes, a las 12.20 horas del lunes. En sus brazos, según la fiscalía, llevaba una bolsa con un cuchillo carnicero de 32,8 centímetros, otro de 32,2 centímetros y un cortaplumas. Según los videos de las cámaras de seguridad de la sucursal, luego se dirigió al sector de los módulos de atención y le pidió a una trabajadora que le entregara la totalidad de los ahorros previsionales de su mujer fallecida que ascendía a un millón de pesos, muy distinto a lo que le correspondía, una entrega en cuotas mensuales de $5.000.
«Eso no corresponde porque el monto se paga en cuotas. Hay reglamentaciones legales, nos guste o no nos guste», describe el persecutor Luis Jaramillo, de la Fiscalía Metropolitana Oriente.
Tras escuchar que la trabajadora de la AFP no accedería a la petición, Solís sacó uno de los cuchillos de la bolsa, amenazó a la mujer y la tomó de rehén. Cuenta el fiscal que durante todo el secuestro Solís nunca soltó el cuchillo y que le dijo a carabineros que solo la liberaría si le entregaban el millón de pesos.
Pasó una hora, más o menos, cuenta el fiscal, hasta que alguien llegó con el dinero. Solís lo contó en una mesa que había. Sin embargo, inmediatamente exigió un nuevo pago en efectivo: doce millones de pesos. Seis horas después, apareció el dinero.
Cuando Solís comenzó a contar el nuevo monto, un funcionario del Gope le lanzó una bomba de ruido al tiempo que corría para reducirlo.
Jaramillo aclara que en el procedimiento Carabineros ideó una estrategia para que Solís creyera que se quedaría con el dinero porque la seguridad de la víctima siempre es lo más importante. De hecho, el paso de esas seis tensas horas se debió, en parte, a que no fue fácil conseguir los millones.

Solis fue formalizado por el delito de secuestro y quedó en prisión preventiva, pese a que la defensora Martina Leiva, de la Defensoría Penal Pública, le aseguró al tribunal que el imputado sufre depresión. Según la abogada, la intención de Solís era que Carabineros le disparara porque quería terminar con su vida. Pero la jueza dijo que «la depresión severa no es una causal para cometer delitos. Los cuadros depresivos no anulan a las personas, no así un cuadro psicótico».

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