Yo no me voy a mover, afirma dirigente de los Calicheros
La Delegación Presidencial de Valparaíso dispuso que se realice en tres días. El primero será de catastro de los pobladores. Los dos siguientes de derribar las viviendas.
Este lunes, a más de un año del fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que ordenó al Minvu la demolición de las viviendas emplazadas ilegalmente en el terreno a la familia de Alejandro Correa -empresario asesinado en mayo del 2020 por un sicario-, comenzará el desalojo de la toma Calicheros de Quilpué. Siguiendo la planificación de la Delegación Presidencial de Valparaíso, el operativo debería tardar tres días en ejecutarse.
La abogada de la familia Correa, Jeanette Bruna, cuenta que la tarde de este viernes integró una mesa de trabajo junto con la Delegación, el Serviu, Carabineros y PDI. Según el orden que establecieron, el lunes las policías y el Servicio de Migraciones realizarán un catastro de los pobladores.
El martes, la empresa Río Grande SpA, que firmó contrato por $131.025.000 con el Serviu, ingresará al terreno para demoler las viviendas.
«Van a desalojar un terreno que está manchado de sangre. Este fallo marca un precedente. Por primera vez el Minvu ejerce esta iniciativa. Esto es un tremendo cierre de ciclo para la familia Correa y si bien, se logró por la presión mediática, de tribunales y de la Contraloría, queremos destacar este hito que esperamos le sirva a todo Chile. Para que se vea que sí se pueden desocupar los terrenos tomados», puntualiza Bruna.
Desde la delegación señalan que la familia deberá encargarse que el terreno no sea nuevamente tomado.
«Nosotros nos vamos a hacer cargo del terreno. Así como deberá hacerse cargo de sus palabras el abogado de los pobladores (Rodrigo Valdés) que llamó a sus representados a volver al terreno. Ellos estarían incurriendo en distintos ilícitos, entre ellos el de usurpación violenta».
El municipio
La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, relata que su rol en el proceso empezó el 2021, cuando era gobernadora de la provincia del Marga Marga. Que en ese entonces hizo un catastro que arrojó la presencia de 42 familias.
«Pero el panorama ha cambiado radicalmente porque en sobrevuelos con dron se observan 140 techos. Yo tengo una crítica súper grande respecto a lo que sucede aquí. Ha habido un abandono por parte del Estado. Este fallo está hace más de un año, pero el Ejecutivo recién reaccionó el último mes», acusa.
El municipio, agrega, asumirá durante estos tres días una función colaborativa que se resume en cuatro puntos.
«Vamos a habilitar albergues transitorios por 72 horas, coordinar el traslado y acomodo de mascotas y animales de granja, ya que algunos pobladores nos han manifestado que no se los pueden llevar».
En tercer lugar, asevera, se prestará contención sicosocial a las personas desalojados. «Va a estar disponible por un periodo mucho más largo que las 72 horas, porque aquí se ven afectados niños, jóvenes y adolescentes».
El cuarto punto lo describe así: «Es la señal que el municipio está dando a nivel nacional de cómo se restablece el estado de derecho, de ordenar territorialmente una comuna que se ha visto muy afectada por esto y por el incendio. Nosotros deberíamos tener una política de emergencia habitacional completa y absolutamente distinta. Nos hemos visto muy afectados en lo que significa el tema de vivienda en los últimos cuatro años».
Los pobladores
Yasmín Durán asegura que la toma está compuesta por 110 familias, asentadas en 90 viviendas. La mayoría son chilenos, agrega. «Hay gente que llegó el 2017, pero la mayoría llegamos el 2021. El 5% son ecuatorianos, peruanos y argentinos, pero con su documentación en regla. No aceptamos irregulares», afirma.
Ella se instaló en un bus junto con su marido. Le sacaron los asientos y lo habilitaron como casa rodante. Con el tiempo se convirtió en dirigente y hace menos de una semana, asesorada por Gustavo Sepúlveda, del Movimiento de Pobladores Organizados, y el abogado Rodrigo Valdés, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Pero el tribunal declaró este viernes que «no ha lugar la orden de no innovar», dando luz verde al desalojo y demolición de la toma.
Durán alega que el operativo diseñado por el Serviu y la Delegación Presidencial de Valparaíso «es irregular» y que están vulnerando «nuestros derechos humanos». «El viernes se rechazó la orden de no innovar. Se cayó una de las ramas, pero el tronco sigue parado», asevera.
La figura legal es que usurparon el terreno de la familia Correa.
«Usurpación significa que tú le quitas algo a una persona sin intención de pagarlo. Nosotros siempre quisimos comprar este paño. Formamos la cooperativa Terrazas del Marga Marga con 74 socios para comprarlo, pero la familia Correa no quiere vendernos. Tienen planificado hacer unas torres de edificio y van a ganar una porrada de plata».
Según la dirigente, los han querido «criminalizar». ¿Quiénes? «La prensa, la familia Correa, el municipio. Pero somos gente respetable. Aquí no hay droga ni prostitución. Tenemos obreros de la construcción, soldadores, gasfíter, profesores, conductores de aplicación y de colectivos. Por eso se han visto algunos autos. Porque los necesitamos para trabajar, no para darnos lujos. Muchos se movilizan en bicicleta. Es un lugar tranquilo. Con decirte que cuando salimos dejamos las puertas abiertas y nadie roba. Carabineros nunca viene porque acá no se cometen delitos».
La abogada de la familia Correa dice que están en un terreno manchado con sangre.
«A nosotros trataron de implicarnos en el asesinato de don Alejandro. Pero hay cuatro personas condenadas por ese crimen y ninguno es de la toma. La gente que llegó el 2017 cuenta que él siempre conversaba con ellos. Si don Alejandro estuviera vivo habríamos llegado a un acuerdo para comprar el terreno».
La delegación informó que hay familias que ya dejaron la toma.
«No te voy a mentir. Hay unas 30 familias que se fueron y otros que están en proceso de desarme porque están asustados con toda la información que ha entregado la prensa. Pero hay otros que no tenemos donde ir. Yo no me voy a mover porque la orden de protección es para protegernos de todas las irregularidades que hay en este proceso. A menos que el abogado me diga sabes qué, Yasmín, perdimos. Tienen que irse. Entonces ahí tomaremos nuestro bus y nos estacionaremos afuera de la casa de un vecino solidario».
«Este fallo marca un precedente. Por primera vez el Minvu ejerce esta iniciativa», Abogada Jeanette Bruna.
