El subsecretario del Interior fue citado por la comisión de Gobierno Interior de la Cámara
Rubén Oyarzo (independiente) señaló que la asunción en enero de Nicolás Maduro podría provocar una ola migratoria.
Una arista que pocos habían visto hasta ahora salió a la luz durante la asistencia de subsecretario del Interior, Luis Cordero, a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara. La cita fue para que explicara en qué consistía el «proceso acotado» de regularización de inmigrantes anunciado por el Gobierno. Durante la sesión, el diputado independiente Rubén Oyarzo le hizo ver a Cordero que el anunció era muy inoportuno, debido a que el 10 de enero asume su tercer periodo Nicolás Maduro. «¿Por qué abrir esto ahora cuando en enero se podría producir una ola migratoria?», preguntó Oyarzo. Cordero replicó que había estado en Estados Unidos y que la información indicaba que el principal flujo migratorio sería hacia el norte del continente.
El proceso anunciado se haría sobre un universo de 182 mil inmigrantes empadronados que están en condición de ilegales, los cuales deberían postular. La noticia la dio Cordero la semana pasada en el foro sobre Refugiados Cartagena +40, y generó polémica y críticas desde distintos sectores políticos y de la sociedad civil. Ante el foro, Cordero declaró que «el Estado de Chile está estudiando llevar a cabo un proceso de regularización acotado de personas que se encuentren en situación irregular y que cumplan con los requisitos y los criterios de tener arraigo familiar o laboral en nuestro país», descartando que el anuncio fuera a provocar una suerte de «efecto llamado» de extranjeros con intenciones de ingresar a Chile.
El lunes, sin embargo, se produjo algo que podría llamarse un «efecto confusión». Más de un millar de extranjeros hicieron fila en las afueras del estadio Víctor Jara, en respuesta a un llamado para enrolarse ante el Registro Civil, pero que muchos entendieron como un proceso de regularización.
Al inicio de su presentación, el subsecretario hizo énfasis en la palabra «estudiando», dando a entender que no hay nada concreto aún y que «lo que ocurrió en el Registro Civil fue una confusión que nada tiene que ver con el proceso de empadronamiento biométrico». Dicho lo anterior y apoyándose con un power point, mostró datos y cifras para sustentar que la regularización acotada sería beneficiosa en base a criterios de seguridad pública y económicos.
Seguridad
Cordero dijo que de los 182 mil migrantes empadronados, 165 mil son de nacionalidad venezolana. Del total, un 85% «declaró tener una ocupación», entiéndase algún tipo de trabajo, «y solo un 0,06% tiene algún tipo de problema con la Justicia». Afirmó que dentro de las exigencias para «postular a regularizarse, se les pedirá certificado de antecedentes apostillado de sus países de origen», solicitud que deberá incluir un informe policial de antecedentes. «El criterio de seguridad estará vinculado a este proceso porque son personas con denuncias o autodenuncias. Es razonable hacer la distinción que tiene que ver con la identidad biométrica de las personas; se pueden identificar, porque cuando no se resuelve el problema de la inmigración ilegal, lo que se hace es potenciar las economías ilegales. Son personas que caen en la trata de personas o en delitos. Hacerse cargo del problema es tomar una decisión en seguridad». Y agregó: «La regularización tiende a disminuir la criminalidad, no porque las personas se vuelvan buenas, sino porque dejan de estar al margen del Derecho. No hay una vinculación entre tasas de homicidios e inmigración», remató.
Razón económica
El subsecretario, citando informes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, aseguró que regularizar migrantes también se asocia a beneficios para la economía del país. «La evidencia para Chile es que entre 2017 y 2023 casi un punto del PIB chileno fue aportado por migrantes. Enseguida, efectivamente los migrantes elevaron el gasto público 1,8 mil millones de dólares (entre 2017-2023), pero también es cierto que aportaron 2,9 mil millones de dólares, por lo que contribuyeron a la reducción del déficit fiscal en 1,1 mil millones de dólares. Además, los migrantes en promedio generaron 863 mil puestos de trabajo entre 2017 y 2023, la mayoría focalizados a personas chilenas». Aporto más datos: «En el caso de los migrantes aportan en IVA más de lo que reciben en beneficios de salud, educación y subsidios. En 2022 , por ejemplo, por cada peso de beneficios sociales para chilenos, el Estado recibió 1,01 pesos de impuestos». En otra lámina de su presentación se mostró que «por cada peso que recibieron en beneficios sociales los venezolanos, pagaron en impuestos 1,62 pesos».
No lo sé, Rick
Terminada la exposición de Cordero vino la ronda de preguntas y comentarios de los diputados. Más comentarios, hay que decirlo. «Oiga, da la impresión que estamos súper bien, que mejor que lleguen más migrantes porque baja la delincuencia y mejora la economía», lanzó el republicano José Meza. «Yo quiero saber cuántos de los 182 se van a regularizar», preguntó Camila Musante (Indep. PPD). «Mejor digamos cómo se pretenden acelerar los procesos de expulsión», planteó Renzo Trissotti. «Cierren las fronteras», pidió, tres veces, Miguel Becker (RN). Cordero reiteró que el gobierno lanzó la idea para «ponerla en debate público; sabemos que no es popular, pero el problema de los migrantes empadronados se tiene que resolver, tarde o temprano».
