18 alumnos terminaron su diplomado de Inspección Técnica de Obras y no tienen su anhelado certificado
Afectados se unieron para exigir sus derechos, pero la administradora designada por el Ministerio de Educación renunció a sus funciones: su WhatsApp estaba colapsado de quejas.
A mediados de 2023 el Instituto Profesional Los Lagos ofreció mediante correos electrónicos, a través de su Organismo Técnico de Capacitación (OTEC), el diplomado de Inspección Técnica de Obras. El mail llegó a sus egresados y planteaba un programa online por $600.000, la mitad de lo que cobraba el mercado. Un programa similar en la Universidad Católica, por ejemplo, rondaba los $2.000.000.
La oferta fue bien recibida por 18 personas de distintos lugares del país y el curso se impartió con normalidad hasta la última semana, la del 26 de julio, momento en que se anunció una fecha límite para pagar el curso antes de que se entregaran los correspondientes certificados. Ha pasado un año y medio, los 18 pagaron todo y ninguno ha recibido su diploma.
El constructor civil César Pichuante es uno de los alumnos que aún espera su diploma. En agosto del año pasado comenzó su peregrinación golpeando distintas puertas.
«Como había estudiado en el Instituto tenía muy buena relación con todos los profesores y con el jefe de carrera. Entonces empecé a escarbar por ahí», admite Pichuante.
El 12 de octubre de ese año, el IP Los Lagos fue declarado en quiebra por el Primer Juzgado de Letras de Osorno. Estaba involucrado en el presunto desvío de $1.200.000.000 del Gobierno Regional de Los Lagos, en el marco del Caso Convenios. Se nombró, entonces, a una administradora que diera continuidad al negocio.
El periplo
A través del jefe de carrera, Pichuante dio con el liquidador a cargo del Instituto, José Ramón Aboitiz, quien a su vez lo envió a hablar con Marta Meza, administradora de cierre que la Superintendencia de Educación asignó para este proceso.
Pichuante cuenta que ella en un principio se molestó, pero luego le recomendó recurrir al Sence, lo que para el constructor no tenía sentido.
«El Sence financia los cursos, uno no los paga. Y nosotros pagamos. Yo tengo los comprobantes de los 18 alumnos. Y además el jefe de carrera se dio el trabajo de regularizar todo ante notario», plantea.
«Fui a Rancagua, a Santiago y a Osorno, pude conversar con el jefe de los diplomados que me dijo que nuestro dinero se fue a las arcas del IP Los Lagos», lamenta el ex alumno del instituto.
Otro afectado que tomó las banderas de lucha fue Valerio Maldonado, también constructor civil, quien denuncia que existe otro caso similiar.
«Al mismo grupo se le ofrece el Programa de Aseguramiento de Calidad y ahí tenemos otro grupo con el mismo problema, no recibe su certificado», revela.
Maldonado se hizo cargo de reunir todos los documentos que comprobaran pagos realizados de sus compañeros por el diplomado, además de las clases, y el material que se les entregó mientras se impartía el curso.
«Fueron meses para encontrar a mis compañeros, muchos habían cambiado de números, nos demoramos mucho tiempo hasta que pudimos reunir toda la información», asume.
Pichuante, por su parte, se encargaba de golpear puertas mientras Maldonado ya está tomando acciones legales.
«Yo ya tengo una respuesta de mi abogado. La institución se prestó para vendernos la pomada, en buen chileno, de que este diplomado estaba avalado por la institución y le prestó el nombre, pero no se hizo cargo de nada», reclama.
La administradora de cierre, Marta Meza, señaló que dejó la administración del cierre del IP desde el 1 de agosto de 2024 y que desde la Superintendencia de Educación Superior le instruyeron no referirse al tema. Mientras que el coordinador del programa y el liquidador no dieron declaraciones.
Pichuante complementa: «Marta Meza me dijo que ella renunció porque eran alrededor de 30.000 alumnos enviando Whatsapp o correos todos los días».
La arista Ancalao
El diplomado en cuestión finalizaba en julio del año pasado, fecha que coincide con el destape del denominado Caso Convenios y la caída días más tarde del precandidato presidencial Diego Ancalao, detenido por su nexo con un presunto desvío de recursos fiscales destinados a un programa de saneamiento de títulos de propiedad, el que se financió con $1.200.000.0000 del Gobierno Regional (GORE) de Los Lagos.
La transferencia es investigada en el Caso Convenios y Ancalao fue coordinador del programa que debía ser ejecutado por la Corporación Kimún. El vicepresidente de Kimún informó que $900.000.000 se usaron para pagar deudas del Instituto Profesional y del Centro de Formación Técnica Los Lagos. Esos establecimientos, que pertenecían a Kimún, fueron vendidos el pasado 7 de julio a una fundación de Ancalao. Esta última los compró en $144.000.000. El instituto también aparece recibiendo $81.000.000 por servicios que habría prestado al programa de saneamiento de títulos, pero el GORE rechazó esas rendiciones.
