Diligencias forman parte de la investigación por caso Convenios
Estábamos levantando evidencia que es necesaria para establecer la ocurrencia de los hechos, explicó el fiscal Carlos Palma.
El persecutor Palma explicó que se llevaron a cabo «órdenes judiciales emanadas del Juzgado de Garantía, para incautar cierta evidencia que, a juicio nuestro, constituyen piezas fundamentales para esclarecer los hechos que por disposición del Fiscal Nacional se me han encomendado investigar», y añadió que «estábamos levantando evidencia que es necesaria, insisto, para establecer la ocurrencia de los hechos».
Cajas con documentos, computadores, archivos, fueron parte de los elementos incautados por el equipo que llegó hasta la capital regional y que estuvo conformado por funcionarios de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de Aysén, «una Fuerza de Tarea con dedicación exclusiva de la Brigada Investigadora Anticorrupción y la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana y el apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de Concepción», explicó el Ministerio Público en un comunicado.
Las diligencias intrusivas en Concepción no fueron las únicas, pues según el fiscal Palma, en forma paralela se realizaron diligencias en otras zonas de país: «Hoy (martes) hemos realizado diligencias en Pucón (Región de la Araucanía), Cabrero y en Concepción. Estamos avanzando sostenidamente en el proceso».
La Fiscalía destacó que en marzo pasado «se concretaron allanamientos en dependencias del Gobierno Regional del Ñuble en Chillán, en oficinas particulares de empresas que tuvieron relación con Procultura, tanto en Chillán como en Concepción y posteriormente, también en el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena».
Equipos a disposición
Tras la diligencia, el gobernador Rodrígo Díaz comentó que «en esa diligencia básicamente nos pidieron antecedentes del sistema Sagir», en referencia al sistema de administración y gestión de la inversión regional.
«Todos nuestros equipos computacionales los pusimos a disposición del Ministerio Público ya hace un par de meses atrás, y el fiscal a cargo de la diligencia nos pidió tener acceso al sistema Sagir. Se le entregaron todas las facilidades para hacerlo y están trabajando en esa materia», sostuvo el gobernador, según consignó el medio local «Sabes.cl».
Díaz, agregó que «todos nuestros computadores ya fueron entregados en dos oportunidades al Ministerio Público» y que para el fiscal Palma «las puertas estaban abiertas para realizar cualquier diligencia que él estimara».
El gobernador negó conocer el manejo que la fundación hacía de los recursos obtenidos: «Por eso somos querellantes, porque nos sentimos absolutamente defraudados de una entidad que tenía supuestamente un cartel muy noble, porque había sido parte de la reconstrucción de diversas estructuras culturales que habían sido destruidas en el terremoto».
Según un informe de la Contraloría General, Procultura recibió $2.553 millones para llevar a cabo distintos programas sin muchos requisitos y de forma rápida, y no reintegró $990 millones por uno de los proyectos no desarrollados.
«Tengo conocimiento de que se entregó un aporte, porque fue aprobado en el consejo de gobierno regional. El monto de dinero que nosotros aprobamos es de aquella iniciativa que según la normativa que había en esa época requería aprobación del consejo», explicó la autoridad regional.
La fundación Procultura también es indagada por un proyecto de recuperación de fachadas del casco histórico de Antofagasta (limpieza de tres fachadas) por el cual firmó un convenio con el gore por $630 millones, por traspasos de dineros desde la Seremi de Vivienda de la misma ciudad, y por convenios en Aysén y Magallanes.
