Exdiputado (UDI) enfrenta acusaciones de tráfico de influencias y falsificación, y uso malicioso de instrumento privado mercantil
Este martes la Fiscalía pedirá medidas cautelares en contra del exparlamentario, que pueden llegar a prisión preventiva.
Como autor de los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, el exdiputado Joaquín Lavín León fue formalizado por el Ministerio Público en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
En la jornada de este lunes le correspondió a la Fiscalía detallar la acusación que deriva de otra investigación que involucra a la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, cónyuge del parlamentario desaforado.
«Todavía quedan varios días, esto va a ser muy largo. El Ministerio Público ha hecho un esfuerzo importante en crear una causa, en crear delito, y espero nomás que el juez escuche, como escuchó a la Fiscalía, escuche a la defensa, y tome la decisión que corresponde. Espero que haya justicia, nada más», declaró el ex parlamentario mientras salía del Centro de Justicia.
Facturas
Uno de los puntos en que la Fiscalía se tomó más tiempo fue la supuesta rendición de facturas ideológicamente falsas por más de 100 millones de pesos. La fiscal Constanza Encina detalló que en el marco de la campaña a su reelección, en 2021, el imputado requirió lo servicios de la imprenta MMG por los cuales se emitieron más de 30 documentos tributarios sin respaldo y que se hicieron pasar como gastos operacionales de la oficina parlamentaria que él encabezaba.
«Entre los meses de febrero y noviembre de 2022, siguiendo las instrucciones del diputado, el coimputado Juan Silva emitió desde la imprenta MMG diez facturas ideológicamente falsas a Lavín León, las que no correspondían a servicio alguno y que estaban destinadas a financiar servicios de campaña electoral ya prestados y ya facturados y no a servicios prestados en virtud de su función parlamentaria», ejemplificó la fiscal Encina.
Debido a esto, agregó, «el diputado Lavín León obtuvo fraudulentamente el pago de 6 millones 400 mil pesos de fondos públicos del Congreso Nacional por concepto de reembolso de supuestos gastos operacionales».
La plataforma
La postura de los persecutores también es achacarle a Lavín fraude al Fisco por su relación con la plataforma SocialTazk.
«Al menos desde el año 2007, el imputado buscó la forma para hacerse de una herramienta para obtener, mantener y gestionar bases de datos de electores de todo el territorio nacional para lo cual en conjunto con el coimputado Felipe Vásquez Diéguez desarrolló un proyecto que denominaron Social Tazk consistente en una plataforma digital para el almacenamiento y manejo de bases de datos y el envío de mensajería masiva de textos en el contexto de campañas electorales», describió Constanza Encina.
El proyecto fue desarrollado utilizando como soporte institucional a la sociedad Modo 74 SpA, que según el Ministerio Público fue «financiada mayoritariamente con fondos provenientes del Congreso Nacional, ya sea a través del pago de honorarios a Vásquez, como asesor parlamentario; y a través de la rendición de facturas presentadas por Lavín como supuestos gastos operacionales asociados a su labor parlamentaria».
El Congreso, según la tesis de la Fiscalía, financió la totalidad de la infraestructura de la prestación de servicios de SocialTazk. Apunta que entre marzo de 2020 y agosto de 2024 Lavín instruyó a sus asesores que destinaran sus jornadas laborales en el Congreso para ingresar y validar en la plataforma las bases de datos obtenidas por candidatos 70 candidatos UDI del Servel, insumos necesarios para realizar campañas políticas por vía telefónica, «generando una especie de call center electoral», en palabras de la fiscal Encina.
Recalcó que el ex diputado -con la ayuda de sus asesores Arnaldo Domínguez y Felipe Vázquez-, defraudaron al Fisco por SocialTazk en unos 177 millones de pesos. Solo en sueldos y honorarios el gasto sería de 68 millones de pesos.
Tráfico de influencias
Las imputaciones vinculadas a tráfico de influencias se refieren al influjo que ejerció Lavín, cuando su esposa asumió como alcaldesa de Maipú, en el despido de funcionarios municipales no afines políticamente para ser reemplazados por personas de su confianza, generando una merma importante en las finanzas comunales.
Para Cristobal Bonacic, abogado defensor de Lavín, no hay nada nuevo en los cargos de los persecutores: «Cuenta una historia de acuerdo a su visión del caso y, obviamente, esa visión del caso a nuestro juicio no se condice con la realidad y nuestra obligación como abogados defensores es mostrarle al tribunal que esto tiene un lado B, que obviamente el Ministerio Público no lo presenta».
