Cuestionada ONG se dedicaba al rubro veterinario
La audiencia, en que se imputarán los cargos de delitos de corrupción a cinco personas, se realizará el próximo 28 de mayo.
En marzo el fiscal Eugenio Campos, director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía, fue al Congreso a exponer los avances de la investigación en el denominado caso Convenios. Aseguró que ya hay 41 formalizados, 134 causas abiertas y 65 mil millones de pesos de eventuales traspasos de dinero truchos desde el Estado a fundaciones que están siendo periciados. Un caso tan diverso que cada tanto aparecen nuevas formalizaciones, como la anunciada por la Fiscalía Regional de Atacama que el miércoles de 28 de mayo imputará presuntos delitos de corrupción a cinco personas asociados a la investigación de la fundación Comprometidos, en Copiapó.
El caso
En junio de 2023 el medio digital «El Zorro Nortino» de Copiapó publicó notas que daban cuenta de presuntas irregularidades en transferencias de recursos públicos que podrían vincular a funcionarios de la Seremi de Vivienda de la Región de Atacama con la ONG Comprometidos, para la ejecución de un «plan piloto» destinado a entregar agua potable en camiones aljibes a cuatro campamentos de la capital regional, para lo cual se traspasaron 128 millones de pesos a la cuestionada ONG.
La diputada por Atacama Sofía Cid (Republicanos) presentó una denuncia ante la fiscalía regional por el caso. Explica que al revisar las actas del Minvu regional que entregó los dineros a la fundación, se constató que ésta se dedicaba al rubro veterinario y de producción de películas, cambiando de giro comercial en marzo del 2023, para agregar «actividades de asistencia social», justo a tiempo para recibir los fondos públicos. A inicios de abril de este año la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, de Copiapó, detuvo a cuatro personas que se desempeñaban como directores y funcionarios de la mencionada ONG, los que fueron formalizados.
Nueva formalización
A esos detenidos, ya formalizados, se suman otras cinco personas, según comentó el fiscal de la Unidad de Causas Complejas de la Fiscalía de Atacama, Luis Miranda: «Existe una segunda fase de formalización que fue fijada por el Juzgado de Garantía (de Copiapó) para el 28 de mayo, asociada con unos funcionarios públicos de la Región de Arica y Parinacota y de la Región de Antofagasta, causa que se encuentra en etapa investigativa con diligencias pendientes asociadas con los delitos por cuales se inició la investigación: fraude al Fisco, cohecho agravado, lavado de activos y administración desleal».
El mecanismo
El fiscal explicó cómo se desviaban los fondos desde el Minvu a Comprometidos. «Se generaban proyectos falsos aparentando gastos en determinadas compras, así como boletas de servicios que no fueron prestados», llegando incluso, «a la compra de vehículos de alta gama». El persecutor agregó que la hipótesis de lavado de activos, «está construida sobre la base de la ocultación del dinero que ingresaba a la cuentas de la fundación y salía inmediatamente, para ser redistribuido en distintas cuentas de los imputados para la compra de algunos bienes. También existen pagos por concepto de asuntos no relacionados con la fundación a otros coimputados».
El detalle del mecanismo descrito será expuesto en la audiencia del 28 de mayo, donde según un reportaje de «Informe Especial» de TVN, los nuevos formalizados en la causa serán: Lizza Aravena, exjefa del Fosis en Antofagasta y actual jefa de gabinete del Gobernador Regional, Ricardo Díaz (IND-exRD); David Blanco, abogado de la ONG Comprometidos; Hugo Landauro, contralor de la fundación; Ramiro Moreno, funcionario del Gobierno Regional de Arica, encargado de revisar y evaluar uno de los proyectos cuestionados; y Ángel González, militante PS y funcionario del Gore.
Cid comentó: «Lo primero es felicitar el trabajo que ha realizado la Fiscalía de Atacama y la PDI, que en conjunto lograron el arresto de estas personas en el marco de la investigación del caso Convenios de la fundación Comprometidos. Este caso afectó a miles de pobladores de campamentos de nuestra región, lo cual dimos cuenta en junio del 2023 cuando acudimos a presentar una denuncia en la Fiscalía de Atacama. Nos parece muy grave que entre los detenidos haya funcionarios públicos, por lo que el llamado que hacemos a la Fiscalía es que transparente dónde trabajan estas personas y que se profundice la investigación, con el fin de conocer si es que existen más trabajadores públicos implicados».
