Acusa daño moral y un sumario administrativo arbitrario e ilegal
Ingeniero informático acusa a la alcaldesa Camila Merino de haber pedido su destitución antes de que finalizara la investigación.
A las 20:30 horas del miércoles 25 de junio de 2025, una joven que practicaba skate frente al Parque Bicentenario se detuvo ante una escena que le llamó poderosamente la atención.
En el segundo piso del edificio consistorial de la Municipalidad de Vitacura, tras sus ventanales semitraslúcidos, pudo distinguir a una pareja teniendo relaciones sexuales. Movida por un impulso irresistible, muy propio de nuestro tiempo, sacó su celular y comenzó a grabar. Poco después subió la secuencia a Tiktok. Y entonces, en cosa de minutos, la vida de aquella pareja, que resultaron ser funcionarios municipales, se transformó en algo muy parecido al infierno.
La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli), reaccionó indignada y ordenó de inmediato un sumario administrativo. El 30 de septiembre se llegó a una sentencia: la destitución de los funcionarios. La pareja sancionada apeló a través de un recurso de reposición, pero fue rechazado el 16 de octubre. Los funcionarios habían sido irremediablemente despedidos. Pero la historia no terminó allí.
La demanda
Poco antes de que expirara el año pasado, uno de ellos, un ingeniero informático de 32 años, presentó una demanda en contra la Municipalidad de Vitacura por 200 millones de pesos «por la vulneración de derechos fundamentales», según explica en la misma demanda, debido a un «procedimiento disciplinario absolutamente ilegal, con numerosas arbitrariedades», lo que le habría provocado «un profundo daño moral».
El ex empleado relata que en los 9 años que trabajó en la municipalidad siempre estuvo bien evaluado. Comenzó trabajando a honorarios el 2016, pasó a contrata poco tiempo después, hasta que finalmente, a través de un concurso público, se convirtió en trabajador de planta el 2019. Realizó, asegura, una larga lista de tareas, liderando en una de ellas un proceso de capacitación dirigido a 250 funcionarios. En fin. Todo iba bien hasta aquella noche de junio de 2025.
El informático, en su demanda, no va al fondo de la cuestión. Es decir, no cuestiona el hecho por el cual fue sancionado, sino la forma en que se investigó. Según su argumentación, la alcaldesa Merino, mucho antes de que se dictara la resolución, «había anunciado mi destitución y asociado mi identidad con faltas a la probidad, afectando con ello, subjetiva y objetivamente, las defensas que pudiera oponer en el procedimiento disciplinario y, de paso, afectando mi salud psíquica, dañando mi honra».
Presentando recortes de prensa, el demandante sostiene que la alcaldesa «señaló claramente que la conducta era grave y que debían ser sancionados con destitución y la correspondiente inhabilitación para ejercer cargos públicos».
Es decir, concluye, aquí hubo «prejuzgamiento», algo «prohibido en el debido proceso».
«Producto de los constantes tratos vejatorios», continúa el afectado en su demanda, ha sufrido «un daño psicológico y emocional».
«Me ha resentido notablemente en mi autoestima y estabilidad emocional, generándome miedo, estrés y trastornos de ansiedad generalizados que no merecía soportar», resume.
Por todas estas razones, el ingeniero informático exige el pago de una indemnización por 200 millones por daño moral a la Municipalidad de Vitacura. Además, también como medida de reparación, pide que se condene a la alcaldesa Camila Merino a someterse a «una capacitación en el área de derechos fundamentales a realizarse en la Inspección del Trabajo».
