Las razones de la jueza Paulina Moya para decretar la prisión preventiva de Michael Clark
El ex presidente de Azul Azul cumplirá 120 días de presidio en Capitán Yáber. Su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, aseguró la magistrada del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
Luego de 14 jornadas de audiencia de formalización, la jueza Paulina Moya del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, decretó la prisión preventiva para Michael Clark y otros tres imputados por el millonario caso Sartor.
Los abogados de Clark, Bernardo Rosenberg y su hermana Karen Clark, argumentaron con el arraigo familiar y social del ex presidente de Azul Azul, así como su comparecencia voluntaria al procedimiento y la entrega de su pasaporte a la Fiscalía, para intentar evitar la medida cautelar privativa de libertad. Pero sus alegatos no fueron suficientes.
La jueza explicó que esos antecedentes podían servir para descartar un eventual peligro de fuga, pero no responden a los dos principales argumentos para decretar la medida cautelar: el peligro para el éxito de la investigación y la gravedad de los delitos acreditados por el tribunal.
Respecto de lo primero, la magistrada se basó en la revisión del celular de Hugo Baranda, otro de los imputados en la misma causa, para acusar a Clark de esconder evidencia. «La recuperación de conversaciones con el imputado Hugo Baranda permitió establecer provisionalmente que habría impartido instrucciones para borrar comunicaciones de WhatsApp, tanto grupales como individuales, y activar la función de mensajes temporales», argumentó la magistrada.
A ese antecedente, sumó el contenido encontrado (o más bien, no encontrado) en el celular de Michael Clark: «El teléfono personal incautado a Michael Clark no contenía mensajes anteriores a marzo de 2026, circunstancia concordante, en esta etapa, con una posible eliminación de información correspondiente al periodo investigado. Estos antecedentes permiten presumir provisionalmente actuaciones dirigidas a eliminar o suprimir evidencia vinculada con los hechos investigados. Su existencia incrementa de manera relevante el riesgo respecto de la evidencia aún no asegurada y de las personas que actualmente se encuentran aportando antecedentes», aseguró la jueza Moya.
El segundo argumento tiene relación con la gravedad de los delitos que fueron acreditados por el tribunal. De acuerdo con el relato de la magistrada, la investigación de la Fiscalía Oriente, a cargo de los fiscales Lorena Parra, Juan Pablo Araya y Felipe Sepúlveda, recabó «antecedentes fundados» para presumir la participación del ex presidente de Azul Azul en cinco delitos: administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) en la operación de toma de control de Azul Azul y lavado de activos. Este último contempla penas de hasta cinco años de cárcel. El único de los seis delitos imputados por la Fiscalía que no fue recogido por el tribunal fue el de contrato simulado, por no existir antecedentes suficientes para su configuración.
«Lo relevante para esta decisión es que, cualquiera sea la solución que se adopte, la pena probable no desciende del rango de crimen. La reiteración, la pluralidad de figuras penales y la eventual aplicación del régimen de delitos económicos solo refuerzan esa conclusión. La participación comprende diversos capítulos y figuras penales, con una pena probable particularmente elevada, además de los antecedentes específicos de eliminación de evidencia que ya fueron analizados», argumentó Moya.
«Su arraigo, comparecencia al procedimiento y entrega del pasaporte han sido ponderados, pero no resultan suficientes para neutralizar las necesidades de cautela establecidas. Su libertad constituye, en consecuencia, un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación», decretó, antes de resolver la prisión preventiva durante 120 días de plazo de la investigación.
Además de Clark, terminaron con prisión preventiva los hermanos Pedro Pablo Larraín Mery y Carlos Larraín Mery, junto con Sergio Yáñez. Los tres serán recluidos en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1, mientras que el ex presidente de Azul Azul fue trasladado a Capitán Yáber. En el caso de los hermanos Larraín Mery, la jueza afirmó que «se puede presumir fundadamente su participación en la totalidad de los delitos imputados».
