Reporte detectó problemas por 15,9 billones de pesos entre 2020 y 2024 en 73 órganos públicos
Cuando el desorden es sistémico y se transforma en ineficiencia, se acerca bastante a la corrupción, dice el abogado especialista en transparencia Alberto Precht.
En el mejor de los casos, desorden. En el peor, delitos o corrupción. Ese es el espectro de posibilidades que podría haber detrás de los resultados de un análisis a 73 instituciones públicas dado a conocer este miércoles por la Contraloría General de la República (CGR).
El informe abarca el periodo que va entre 2020 y 2024 y analizó 50 instituciones del gobierno central, como ministerios, y 23 del sector municipal.
La fiscalización, que revisó los estados financieros de las instituciones, tuvo como resultado, en todos los casos, una «abstención de opinión» de parte del ente fiscalizador, «ya que no hay evidencia suficiente y adecuada que confirme que los saldos de sus balances eran razonables y confiables», señala el informe.
«La decisión de abstenerse se debió, en general, a las siguientes razones: falta de análisis de la entidad fiscalizada que explique y sustente sus saldos contables; controles internos débiles o inexistentes; registros contables con inconsistencias que no fueron aclaradas y debilidades en los controles generales de tecnología de la información sobre los sistemas informáticos contables», agrega el reporte.
«Estas situaciones, entre otras, impiden asegurar la confiabilidad de la información financiera presentada por las entidades fiscalizadas, impactan en sus decisiones estratégicas y en su reputación, y demuestran riesgo de gestión financiera deficiente, errores o fraudes», concluye el reporte.
Los montos
El monto global involucrado es de 15,9 billones de pesos, el que se desglosa en 14,4 billones en el gobierno central (91%) y 1,4 billones en el municipal (9%). La cifra global equivale al 19,4% del presupuesto de Chile de 2025, lo que dimensiona el desorden del hallazgo encontrado por la CGR.
Por institución, el ministerio de Defensa es el que tiene lo mayores montos objetados, con 4,2 billones de pesos, lo que representa el 26,5% del total, seguido de Vivienda, con 1,72 billones y el 10,9% y de Interior, con 1,61 billones y el 10,2%.
Para Alberto Precht, abogado socio de AGPP, experto en compliance y ex director de Chile Transparente, el reporte es una señal de alerta. «Viene a reafirmar algo que está ocurriendo en muchos servicios públicos y a nivel municipal. Si bien existe transparencia, si bien estas se publican, no se pueden explicar. Esto es grave, por que detrás de algo que puede parecer un desorden, puede haber deficiencia o si es más grave incluso corrupción. La falta de claridad en el dato también es opacidad, y por lo mismo hace muy difícil que el órgano contralor pueda comprobar determinadas cosas».
«Efectivamente todo indica que al menos existe desorden. Cuando este es sistémico y se transforma en ineficiencia, se acerca bastante a la corrupción, es decir, tener personas que no saben hacer su trabajo o no quieren hacer sus trabajo», agrega.
El abogado recalca la importancia de hacer la continuidad de la investigación. «La Contraloría debe verificar con mayor profundidad si este desorden se debe a falta de recursos, de sistemas, de las unidades de control, de personal capacitado o algo que lidie con la corrupción», afirma.
En una analogía, los resultados del informe muestran algo peor que un barco que navega a ciegas, según Precht. «Navegar a ciegas sería no tener datos, y esto puede ser algo peor, que es tener datos incorrectos o que no llevan a ningún tipo de resultados», indica.
En cuanto a que el ministerio de Defensa sea el que acapara los mayores montos objetados, esto se puede deber a su perfil sectorial, dice el abogado. «Este ministerio ha trabajado en los últimos años por mejorar sus niveles de auditoría, de control y orden interno. Sin embargo, históricamente ha operado desconcentradamente, debido a que cada rama funciona descoordinada de las otras».
Como resultado de la investigación, la Contraloría determinó diez procedimientos disciplinarios, cinco remisiones el Ministerio Público, cinco al Consejo de Defensa del Estado y 27 sumarios ordenados a las entidades auditadas.
