Imputados en el caso Democracia Viva intentaron revertir la gravosa medida cautelar
Las medidas cautelares se otorgan en base al hecho y no en base a la situación de los imputados, dijo el magistrado Andrés Santelices.
En una extensa audiencia el Juzgado de Garantía de Antofagasta mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva en contra del exseremi de Antofagasta Carlos Contreras, y del exrepresentante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, imputados en la investigación por el traspaso irregular de 426 millones de pesos a la mencionada ONG, en el marco del denominado caso Convenios. Sus defensas intentaron conseguir arresto domiciliario total o parcial, sin éxito.
Entre los argumentos del tribunal expuestos por el magistrado Andrés Santelices para negar la solicitud, estimó que si bien existen boletas de los puestos trabajos realizados en campamentos de Antofagasta por la fundación con el dinero recibido en los tres convenios que son materia de investigación, no hay respaldo mayor de la concreción de dichos trabajos. En cuanto a la reparación del mal causado, alegada por la defensa de Andrade mediante la devolución de dineros, Santelices dijo que no existe tal reparación. Además, desestimó otro de los argumentos de la defensa de Contreras, que decía relación con que tiene a cargo a sus padres de avanzada edad. Algo similar expuso el representante de Andrade, quien sería la «figura paterna» de una sobrina menor de edad, quien habría resentido sicológicamente no ver a su tío. «Las medidas cautelares se otorgan en base al hecho y no en base a la situación de los imputados», lanzó el magistrado.
Y agregó: «Existen antecedentes para determinar la peligrosidad de los imputados, relacionados con la distracción de fondos públicos destinados a las personas más vulnerables del país, provocando un perjuicio no solo al Estado, sino a los eventuales beneficiarios. Aunque suene feo, estamos en presencia de un grupo o pandilla», manifestó Santelices, sobre la forma en que Contreras, Andrade y la concejal de Antofagasta Paz Fuica, también imputada en la causa, se habrían concertado para entregar favorecer con convenios a Democracia Viva.
Ivo Arteaga, abogado de Contreras, defendió que su representado no vulneró el principio de probidad administrativa porque solo firmó los convenios por instrucciones del «nivel central (Minvu)». Misma tesis esbozada por Ignacio Figueroa, representante de Andrade, apuntando a Verónica Serrano, entonces jefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios (y tía del jefe de asesores de La Moneda Miguel Crispi), como responsable de apurar los convenios. «Daniel nunca se ha enriquecido con esto», alegó su defensor.
Cabe recordar que los exmilitantes de Revolución Democrática se encuentran privados de libertad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Antofagasta desde mediados de diciembre tras ser formalizados por el delito de fraude al fisco reiterado. Esta es la segunda vez que Contreras y Andrade intentan revertir la medida cautelar puesto que fines del año pasado levantaron una solicitud ante la Corte de Apelaciones, quien rechazó el recurso manteniéndolos tras las rejas. Independiente de lo resuelto por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, Contreras volverá a ser formalizado en abril en la investigación de transferencias a la fundación Tomarte.
La otra formalizada en el mismo caso Democracia Viva, la concejal de Antofagasta Paz Fuica, no solicitó revisión de su medida cautelar de prisión preventiva.
