Expuso el fiscal Cristián Aguilar en formalización de los dos imputados por caso Democracia Viva
El exrepresante legal de la ONG y el exseremi de Vivienda son investigados por delitos de fraude al fisco.
A las 12:23 de este jueves comenzó, en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, la audiencia de formalización del exrepresentante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade (exRD), y del exseremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras (exRD), imputados por tres delitos de fraude al fisco contemplados en el artículo 239 del Código Penal, en relación a las transferencias irregulares de 426 millones de pesos desde el Minvu regional a la cuestionada ONG.
«Concertados»
El fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, comentó los hechos. Dijo que el imputado Carlos Contreras desde su cargo de seremi regional de Vivienda «faltó a la probidad administrativa. Los señores Andrade y Contreras se concertaron para defraudar al Estado, a través de tres delitos de fraude al fisco, contemplados en el Código Penal, artículo 239». Aguilar relató que al momento de suscribir los convenios con el Serviu por 426 millones de pesos (para supuestos trabajos de mejoras en campamentos de Antofagasta), Democracia Viva tenía un capital de solo 300 mil pesos y cambió su giro de fundaciones y actividades culturales, «a actividades relacionadas con la construcción, solo 18 días antes del convenio».
Los tres delitos refieren a los tres convenios entre el Serviu de Antofagasta y Democracia Viva, autorizados por Contreras. El primero del 20 septiembre de 2022 por 200 millones de pesos en una cuota; el segundo del 20 de septiembre de 2022 por 170 millones de pesos en una cuota; y el tercero 25 de octubre de 2022 de 56 millones de pesos en una cuota. «El imputado Contreras intervino en el proceso previo, modificó intencionalmente la nómina de fundaciones receptoras de dinero público para 2022, incorporando a Democracia Viva en los proyectos de habitabilidad privada, concertado con el señor Andrade, sin cumplir Democracia Viva con los requisitos para recibir las platas». Esos requisitos eran tener experiencia previa en trabajos en campamentos, contar con antigüedad de más de un año como fundación, y entregar un plan de los trabajos a realizar, entre otros, detalló el persecutor.
Aguilar también se refirió al «conflicto de interés» en la firma de los convenios: «Andrade era militante de RD, igual que Contreras, a quien conocía y mantenía una relación de amistad. Éste, a su vez, había sido jefe de gabinete de la honorable diputada Catalina Pérez. Contreras, además, vulneró la obligación de abstención por el principio de amistad con los involucrados en los convenios», explicó que el exseremi dividió los 426 millones de pesos en tres convenios, «para eludir la auditoría de la Contraloría «. El fiscal expuso que la pena máxima de cárcel para ambos imputados es de 15 años de cárcel.
E incluyó otro antecedente: la contratación de una funcionaria, Cynthia Cisternas, que trabajaba tanto para Democracia Viva como para el Serviu regional, «que estaba entre sus funciones revisar las cuentas de la fundación y tenía acceso a información privilegiada del Serviu». Se desempañaban al menos 12 personas de la fundación en la repartición pública. «No hay antecedentes por los cuáles se eligió a Democracia Viva, tampoco se les pidieron boletas de garantía, lo que dejó en indefensión al Estado para recuperar los dineros, de los cuáles hasta la fecha no se han devuelto 391 millones de pesos», remató Aguilar. Se amplió la detención de Andrade y Contreras hasta este viernes, cuando se revisarán las medidas cautelares.
