Jefe comunal de Recoleta acusaba vulneración de derechos
No se han entregado antecedentes suficientes que permiten estimar que ha existido vulneración a la igualdad ante la ley, dijo la jueza Katherine Román.
Un revés vivió la defensa del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en tribunales, luego que la jueza Katherine Román, del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, desestimara la solicitud de «cautela de garantía» para el jefe comunal. Esto, luego que una alerta temprana de la fiscalía centro norte, dejada en el aeropuerto internacional, le impidiera el pasado miércoles emprender vuelo hacia Venezuela, donde estaría por tres días.
Jadue llegó este viernes antes de las 13 horas al Centro de Justicia en compañía de su abogado y pidiendo «un mínimo de respeto», molesto por haber tropezado en el tumulto de periodistas. Durante la audiencia, su abogado, Ramón Sepúlveda, reclamó que la fiscal no alertara a su cliente sobre no salir del país «porque la Fiscalía tenía temor de fuga o que había una supuesta alerta preventiva» y destacó que desde 2022, el jefe comunal «ha salido 14 veces de Chile, a distintos destinos», incluida Venezuela.
El fiscal regional de la fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz, explicó a la magistrada que «frente a este escenario de formalización, más un posible movimiento migratorio, la Fiscalía estaba en situación y en obligación de evaluar la solicitud de intensidad de medidas cautelares. La Fiscalía en caso alguno ha coaccionado ni avisado, ni impedido, ni amenazado, ni privado a nadie que haga uso de su libertad ambulatoria», y negó que hubiese afectación de garantía de igualdad ante la ley ni tampoco de libertad personal».
Tras escuchar los argumentos, la jueza Román comunicó su veredicto: «No se han entregado antecedentes suficientes que permiten estimar que ha existido vulneración a la igualdad ante la ley». Sobre la alerta temprana, la magistrada dijo que «es una herramienta que utiliza el Ministerio Público, como podría utilizar cualquier otra para asegurar uno de los objetivos del procedimiento. A mi juicio no existen antecedentes para estimar que en este caso hay una discriminación particular en contra del señor Jadue por la existencia de esta alerta temprana, que es el fundamento de la vulneración a la garantía».
Respecto a la afectación a la libertad personal para salir del país, alegada en la audiencia por el abogado Sepúlveda, la jueza dijo que «tampoco existe una vulneración de esa garantía, porque lo que existió en el caso fue una comunicación con la fiscal a cargo de la causa», y que lo sucedido en el aeropuerto, cuando llevaron a Jadue a una oficina, son «herramientas que establece la propia ley en relación a las facultades en este tipo de recintos. No es, a mi entender, ningún tipo de retención ni detención».
El llamado que hizo la fiscal Giovanna Herrera a Sepúlveda la noche del miércoles, según la magistrada, no era «una afectación a su libertad personal, no se le impone la prohibición de salir del país. Esta jueza estima que no es posible declarar la vulneración de garantía y adoptar alguna medida. Tampoco parece razonable apercibir al Ministerio Público de la utilización o no de alguna herramienta de persecución» y cerró: «Se rechaza la cautela de garantía planteada por la defensa».
Alerta temprana
El fiscal regional, Xavier Armendáriz, explicó qué es la alerta temprana: «Es una herramienta que existe en coordinación con la PDI, específicamente Extranjería, que tiene por objeto alertar los traslados migratorios de personas que son objeto de interés en la persecución penal, a muy distinto nivel. En el caso en particular, una persona sometida a una medida del artículo 123 (del Código Procesal Penal), es una medida habitual, existe hace muchos años y está utilizada, en lo que yo conozco, todos los ordenamientos jurídicos».
La alerta temprana en el aeropuerto, que se activó la noche del miércoles, se hizo el 3 de abril, mismo día que se solicitó la audiencia de formalización para los ocho imputados en la causa.
De todos modos, el abogado de Daniel Jadue dijo que presentará una querella contra la fiscal Herrera y solicitará al fiscal nacional, Ángel Valencia, la realización de un sumario administrativo y evaluar la remoción de Giovanna Herrera y Xavier Armendáriz.
El Ministerio Público, por su parte, informó el levantamiento del secreto de la causa y solicitó adelantar la audiencia de formalización, prevista para el 29 de mayo, lo que fue desestimado por la jueza Román.
