Diputados Andrés Longton (RN) y Luis Sánchez (P. Republicano) comentan los antecedentes
La declaración de la exministra, conjuntamente con las escuchas a Crispi, dejan en evidencia que en el seno de la familia de la exsenadora Allende se buscó por todos los medios que esta operación de venta se concretara, dice Longton.
Maya Fernández, exministra de Defensa, declaró como imputada en la causa por tráfico de influencias que dirige el fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper, por el caso de la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en la comuna de Providencia. En la declaración, que fue hecha los primeros días de marzo, según «Emol», la exministra relató que a fines del 2022 se enteró, por su tía Isabel Allende, senadora destituida, que había interés del gobierno en comprar de la casa familiar.
«Me comentó que en el merco de la conmemoración del los 50 años del golpe militar había una idea del Ejecutivo de adquirir la casa para convertirla en museo», dijo Fernández, quien agregó que su tía le informó que se había «aprobado en la ley de presupuesto la compra de dos inmuebles», que precisamente eran el de su abuelo y el del expresidente Patricio Aylwin.
Audios reveladores
Patricio Cooper, fiscal regional de Coquimbo, decidió abrir una investigación por tráfico de influencias en la fallida casa del expresidente Salvador Allende, luego de recibir un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) el 8 de enero pasado.
Como Cooper estaba a cargo del Caso Convenios, la policía le envió el detalle de una conversación entre Miguel Crispi, exjefe de los asesores del presidente Gabriel Boric, y su madre, donde le contaba que la destituida exsenadora Isabel Allende lo llamaba insistentemente para revisar el tema de la compraventa de la casa familia. Con bastante molestia, se escuchaba en la llamada, Crispi reclamaba que Allende le había insistido hasta al portero de La Moneda.
«La declaración de la exministra, conjuntamente con las escuchas a Crispi, dejan en evidencia que en el seno de la familia de la exsenadora Allende se buscó por todos los medios que esta operación de venta se concretara, al parecer, con presiones desmedidas e impropias y eventualmente delictivas», enfatiza el diputado de Renovación Nacional (RN) Andrés Longton, presidente de la comisión encargada de reunir información en el caso de la fallida compraventa de la casa de la familia Allende.
El diputado del Partido Republicano Luis Sánchez, integrante de la comisión, agrega que a los diputados les ha resultado difícil obtener información para aclarar los hechos.
«Son obstrucciones groseras y evidentes, por ejemplo, renuncias de funcionarios de Bienes Nacionales para no verse obligados a asistir a la comisión. Renunciaron Bernardita Nazar y Leonardo Moreno (asesores del gobierno) días antes de tener que asistir a la comisión. Incluso enviamos los antecedentes a la Contraloría para que se evalué aplicar sanciones a los funcionarios que no asistieron la semana pasada. Acá hay algo deliberado y se vio reforzado con la interceptación telefónica a Crispi, que conversaba de todos los efectos de este caso con su madre», detalla el diputado Sánchez.
El diputado Longton complementa con que los antecedentes, hasta el momento, dan cuenta de proceso en el que se omitieron las advertencias de inconstitucionalidad «por esta relación política tremendamente influyente de la exsenadora y la condescendencia del gobierno y del Presidente, que buscaba satisfacer sus íntimos deseos políticos, a pesar de la ilegalidad manifiesta, que le iba a costear cuantiosos recursos públicos a todos los chilenos».
Paulina Vodanovic, candidata presidencial del Partido Socialista (PS), quien este domingo estuvo en San Bernardo, menciona que como partido prefiero no entregar declaraciones sobre procesos judiciales en curso.
«No lo hemos hecho en ningún caso, en este tampoco. Vamos a respetar la institucionalidad de nuestro país», finaliza.
