Exdirector de Extranjería, Álvaro Bellolio, proyecta cifras sobre posible nueva ola migratoria
El actual jefe de Migraciones, Luis Thayer, aclaró que no habrá incentivos para nuevos flujos migratorios. Subsecretario Monsalve viajó al norte para tomar decisiones que permitan mejorar el control de las fronteras y fortalecerlo.
«La ola migratoria no se ha detenido en ningún minuto», precisó ayer la ministra del Interior, Carolina Tohá, horas antes de sostener en La Moneda una reunión con las autoridades del ministerio de Defensa, las policías y el Servicio Nacional de Migraciones, «para pensar qué medidas podemos tomar», según dijo, ante la preocupación del gobierno por la situación política y social en Venezuela.
Luego de la reunión, el subsecretario Manuel Monsalve confirmó que este viernes estará en Colchane «para tomar decisiones que permitan mejorar el control de las fronteras y fortalecerlo, más allá de lo que ya se está haciendo, hay que recordar que las Fuerzas Armadas están desplegadas en la frontera norte».
Monsalve agregó que el sábado estará en Arica, donde junto con autoridades inspeccionarán un programa piloto que implementa la PDI. «Es un sistema de control biométrico que es muy importante para la seguridad porque eso permite el registro de las huellas dactilares, de la identificación facial biométrica y también de voz de ciudadanos que ingresan al país y, por lo tanto, es una herramienta muy importante para la seguridad del país y, justamente, para los fenómenos migratorios que está viviendo América Latina. Hoy día está funcionando en Arica y esperamos extenderlo a todo el territorio nacional», añadió el subsecretario del Interior, quien anoche llegó a Iquique.
Desde el Congreso, el director nacional de Migraciones, Luis Thayer, sostuvo que de acuerdo con la política migratoria de Chile, promulgada en diciembre de 2023, no habrá incentivos ni llamados para nuevos flujos migratorios hacia el país «ni se van a crear nuevas visas especiales para que vengan personas», y que el objetivo principal del gobierno es «resolver el problema de integración de las personas migrantes que ya residen en nuestro país y retomar el control de las fronteras reduciendo los ingresos irregulares». Actualmente, Chile cuenta con 700.000 venezolanos, 530.000 de ellos en situación regularizada.
El jefe de Migraciones recalcó que se ha reducido el flujo de migrantes por pasos no habilitados en los últimos años, por la mayor presencia de las Fuerzas Armadas, policías, más tecnología y mayores capacidades: «El 2022 hubo un quiebre, hemos tenido bajas del torno al 20% en los últimos meses y, en lo que va del año, hay menos denuncias por ingreso irregular que en periodos similares de años anteriores, son bajas significativas».
En tanto, se espera el regreso del embajador en Caracas, Jaime Gazmuri, luego del plazo de 72 horas para salir del país que dio Nicolás Maduro.
El exdirector de Extranjería, Álvaro Bellolio, tiene proyecciones sobre la nueva ola migratoria que podría llegar a Chile: «Se estima que cerca del 20% de los venezolanos está considerando salir de su país en el corto plazo, lo que equivale a aproximadamente cinco millones de personas. Históricamente, cerca del 10% de estos migrantes ha llegado a Chile, lo que podría traducirse en cientos de miles de personas en los próximos meses».
¿Unos 500.000 mil podrían estar llegando en los próximos meses?
«No todos al mismo tiempo, pero en las estimaciones, esa magnitud estaría intentando entrar a Chile en los próximos 18 meses. Este flujo se ve incentivado por factores como la facilidad de entrada al país, la posibilidad de trabajar sin autorización, la baja tasa de expulsiones y la promesa de visas independientemente de la forma de ingreso».
¿Qué pueden hacer las autoridades en la frontera para controlar el ingreso?
«Deben considerar la implementación de infraestructuras físicas, como rejas u otras barreras, en puntos críticos para dificultar el ingreso ilegal. Establecer procedimientos claros para la devolución inmediata de quienes ingresen irregularmente, abordando especialmente la actual prohibición impuesta por el propio gobierno de devolver a venezolanos, o cualquier extranjero no boliviano, que ingresa ilegalmente desde Bolivia».
