Ante orden de Tribunal Ambiental que obliga a hacer nueva evaluación al gobierno
El Comité de Ministros ya ha rechazado tres veces la operación minera de la empresa Andes Iron. Ahora, una orden del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta obliga a hacer una nueva evaluación de la iniciativa de extracción de hierro y cobre.
Esta semana comenzó un nuevo capítulo en la larga historia de postulaciones y rechazos del proyecto Dominga.
Pese a que el 8 de enero de este año la iniciativa de extracción minera fue rechazada de manera unánime por el Comité de Ministros, en una sesión extraordinaria, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenó, este lunes, que dicho Comité vuelva a reunirse para evaluar el proyecto de la empresa Andes Iron. Vale la pena recordar que el Comité ya había rechazado el proyecto en otras dos ocasiones: primero en 2017, y luego en enero de 2023.
Según los abogados de la firma Andes Iron, el Comité de Ministros no emitió su último fallo dentro del plazo fijado, que era hasta el 31 de diciembre de 2024. Alegaron, además, que en su resolución incorporaron argumentos no contemplados anteriormente, lo que vulneraría el principio de congruencia y la seguridad jurídica del proceso administrativo.
Ahora, el fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta obliga al Comité de Ministros a emitir una nueva decisión dentro de un plazo de diez días. Con ello, se deja nuevamente en suspenso tanto a la empresa misma como a los grupos medioambientalistas y vecinos de la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, quienes han sido firmes detractores del proyecto de extracción de hierro y cobre. Desde el lunes, se han escuchado los reclamos de entidades como Defensoría Ambiental y la ONG Fima, que representa a la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros. En conjunto han argumentado que el Primer Tribunal Medioambiental ha ido más allá de sus atribuciones, al intentar «determinar la decisión de la autoridad», y han anunciado nuevos recursos legales ante la Corte Suprema.
Faeneros
Un tercer grupo interesado en el desarrollo de los acontecimientos es el Sindicato Nacional Interempresas de Faeneros de Chile, Fadechi, organización que reúne a trabajadores subcontratados de grandes obras de la minería y la construcción.
La agrupación ha sido una entusiasta partidaria del proyectos de Andes Iron, y de hecho ya negoció con esa compañía un Memorando de Entendimiento que establece diversos beneficios para los cerca de 38 mil afiliados de la asociación, entre los que se encuentran soldadores, eléctricos, tolveros, paiperos, andamieros, albañiles y montajistas, entre otros oficios.
«El sindicato de faeneros tiene con la empresa un acuerdo suscrito hace ya un par de años. Ese acuerdo es para proveer puestos de trabajo, en la futura ejecución del proyecto, y para que los contratos de trabajo que se suscriban cumplan con ciertos mínimos remuneracionales, de protección y de seguridad», dice Osvaldo Andrade, abogado de Fadechi.
«Es decir, lo que ha hecho el sindicato es cumplir con lo que la ley establece que deben ser las funciones de un sindicato, sobre todo para un sindicato interempresas, como este, y esa función es buscar empleo para sus socios. Los trabajadores reunidos en este sindicato van, ejecutan una obra, terminan la obra y dejan de trabajar. Ellos van de obra en obra, y por eso se llaman faeneros, porque hacen faenas», explica el profesional.
«Desde el punto de vista del interés del sindicato, el proyecto Dominga proveerá doce mil empleos formales, para tres o cuatro años. Serán trabajos con contratos, con buenos niveles de remuneración. De los 38 mil socios de la Fadechi, ocho mil viven en Coquimbo, así que la ventaja que tendrían ellos es que podrían ir a trabajar y volver el mismo día a sus casas. Normalmente, ellos van a trabajar al norte, a grandes alturas, con jornadas extenuantes, y muy lejos de sus familias», agrega Andrade.
¿Qué ocurrirá con estos trabajadores, una vez que terminen de construir las instalaciones en las que funcionaría el proyecto Dominga?
«Para la etapa siguiente, de funcionamiento del proyecto, se han contemplado 2 mil 500 o 3 mil empleos permanentes, para un periodo de tiempo por sobre los veinte o treinta años. Entonces ahí también hay una alternativa de empleo, que por supuesto es menor que el peak de doce mil empleos que mencioné antes. Pero el tipo de trabajo de los faeneros es que ellos van de obra en obra. Algunos se quedan, y otros siguen sus caminos».
¿Qué expectativas tiene este sindicato?
«El Comité de Ministros, fuera de plazo y con una perspectiva extraordinariamente dilatoria, dictó en enero una resolución que negó nuevamente la factibilidad del proyecto. Y ahora el Tribunal Ambiental acaba de dictar una nueva sentencia, que dice que el proyecto está habilitado, es viable, y, en segundo lugar, que el Comité de Ministros respetó parcialmente la instrucción que le daba la sentencia anterior, y devuelve el procedimiento al Comité de Ministros para que éste subsane aquellas cosas respecto de las que se pronunció indebidamente».
