Consejo consultor recomendó al mandatario cambiar sistema de medición de vulnerabilidad
Planteamos que con el nivel de desarrollo que tiene Chile, la dificultad no está en financiar una canasta básica, sino en los recursos que se requieren para costear una saludable, dice Eyzaguirre.
El último informe de la Comisión Asesora Presidencial de Expertos para la Actualización de la Medición de la Pobreza en Chile expuso que la tasa de pobreza en el país es de 22,3%, a diferencia de las cifras conocidas y reportadas por la Casen de 2022, que indicaban que esta era de 6,5%. Las mismas cifras que se toman en cuenta para elaborar políticas públicas para las personas más vulnerables.
Esta actualización también modificó las estadísticas para 2017 y 2020, ya que la pobreza ajustada subiría a 24,2% y 32,2%, respectivamente.
La comisión, constituida en diciembre de 2023 y que operó entre 2024 y mayo de 2025, basó sus conclusiones, que no son vinculantes, considerando aspectos como educación, salud, trabajo y seguridad social; vivienda y entorno; redes y cohesión social. Junto con ello, contempló nuevos indicadores, además de un análisis actualizado de la canasta básica de alimentos.
De acuerdo a Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos e integrante de la comisión, «hicimos recomendaciones tanto para la medición de la pobreza por ingreso y para la denominada pobreza multidimensional. En esta última, hicimos muchísimos ajustes para hacer más exigente el estándar de lo que significa ser pobre. En el fondo, nos preguntamos, ¿cómo se vería la pobreza en 2022, si ocupáramos la metodología que está recomendando la comisión?».
Añade que «no estamos hablando que aumentó la pobreza. Esta es la misma realidad de 2022, pero si cambiamos los parámetros mediante los cuales la medimos, mejorando los datos, sería de un 22,3%. Me parece importante, porque según las cifras oficiales que reportan los países Chile tiene menos pobreza que Canadá, pero todos sabemos que eso no es así, por ende, había un problema metodológico», señala.
Por tal motivo, para diseñar políticas públicas, el instrumento más útil es considerar la pobreza multidimensional, porque considera aspectos como la vivienda, la educación, el acceso a la salud y el trabajo, entre otros.
Indicadores
«Por ejemplo, se recomendó incluir un nuevo indicador a la educación, que se relaciona con los aprendizajes de los niños, proponiendo que si estos asisten a un establecimiento donde más de la mitad de sus compañeros está en el nivel de desempeño o logro insuficiente, ese colegio no es de buena calidad y esa familia estaría en carencia. Chile tiene muy buenos indicadores en acceso, asistencia, financiamiento e institucionalidad educacional, pero en la última milla, el aprendizaje en las escuelas, estamos débiles. Seguimos siendo los punteros en la región, pero estamos bajos en comparación con los de la Ocde y a nivel nacional tenemos resultados preocupantes», precisa.
Otro aspecto se vincula con las labores de cuidados, que afectan principalmente a mujeres que lo hacen de forma gratuita. «Esto impacta en sus salarios, en la inserción laboral, ingresos y pensiones. Dentro del ámbito del trabajo, incluimos la medición de adultos en un hogar que no pueden estudiar o trabajar, porque están cuidando a alguien», precisa.
¿Puede detallar los ajustes que hicieron en relación al costo de la canasta básica?
«Actualmente, la Cepal considera una canasta básica en función de las 2.000 mil calorías requeridas diarias. Planteamos que con el nivel de desarrollo que tiene Chile, la dificultad no está en financiar una canasta básica, sino en los recursos que se requieren para costear una saludable, sin alimentos ultra procesados, porque incluso tenemos problemas de obesidad. Estimamos cuánto le cuesta consumir a un adulto en el país, 2.000 calorías saludables».
Otro cambio utilizado fue usar como referencia la Encuesta de Presupuesto Familiar (EPF) de 2017 en vez de la de 2011.
«En la de 2011 no se preguntó por las cantidades (unidades), sino solo por el gasto destinado a alimentos. A partir de ese monto, se estimaba la cantidad que se comía y el precio. Se presumía que las personas del percentil más vulnerable conseguían los productos a valores más baratos».
Según explica Eyzaguirre, esta suposición era errada (de que la gente más vulnerable compraba alimentos más baratos), porque se constató que los adquieren a precios promedio. La EPF de 2017, en cambio, no sólo preguntó por el monto gastado, sino también por las unidades.
«Por ejemplo, cuál fue el monto total destinado a los tres litros de leche que adquirieron, y de esa forma obtuvo el valor real que cancelaron las familias más vulnerables. Esa diferencia hizo que aumentara la estimación de la pobreza de 6,5% a 15%. Más que duplica la población que está en la pobreza, solamente por ese cambio metodológico».
¿Quiénes estarían dentro del 22,3%?
«Todos los que tienen un ingreso inferior a la línea de la pobreza. Para 2022, es de $217.000 por adulto, considerando la canasta saludable y los precios reales a los cuales adquieren los productos alimenticios, además de la eliminación del alquiler imputado, sube a $347.000 para las personas que arriendan y $223.000 para los que no».
¿Qué es el alquiler imputado?
«Actualmente, a una familia del quintil más vulnerable, que tiene su casa propia y no paga arriendo, se le pregunta por el monto en que cree que podría alquilarla. Este último, se le imputa como un eventual ingreso, que es ficticio (el alquiler imputado). Por otro lado, se estima el costo que tienen por vivienda, pero el ingreso, que no es real, y este último costo, se reajustan de modos distintos. El ingreso que se le imputa a la persona se reajusta cada dos años con la Casen y, en cambio, el gasto de lo que debiera pagarse por el arriendo se hace por el IPC no alimentario. ¿Qué ha pasado en el tiempo? Los precios de los alquileres han subido mucho más rápido que el del resto de los bienes no alimentarios, lo que genera una brecha entre que hace que la gente tenga más ingresos y menos gastos».
«También ocurre que hay personas que tienen una propiedad, no pagan un arriendo, pero tampoco tienen ingresos autónomos y con el alquiler imputado se considera ese supuesto valor del alquiler como tal, pero no es dinero del que dispongan para comprar alimentos, por ejemplo», agrega.
¿Qué plantean para resolver la suposición errada que deriva del alquiler imputado?
«Proponemos hacerlo de forma más sencilla, sin imputar un alquiler como ingreso o gasto, sino que simplemente construir dos líneas distintas de la pobreza: una para los que no arriendan, a quienes no se les asigna ningún gasto por tal efecto, y para los que sí alquilan. Es una metodología que se utiliza en Estados Unidos y que Uruguay, que acaba de hacer un cambio metodológico en mayo de 2025, introdujo porque realiza una mejor medición».
