Fiscalía ordenó exhaustiva diligencia en el piso siete de la repartición pública
La acción judicial y policial es parte de las investigaciones ligadas a los casos de las fundaciones Enlace Urbano y EnRed.
Con absoluto sigilo, el fiscal adjunto jefe de Tarapacá, Eduardo Ríos, abordó el miércoles un avión rumbo a Santiago. Traía consigo una resolución del Juzgado de Garantía de Iquique que lo facultaba para allanar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), en Santiago.
La diligencia se concretó casi a las 10 de la mañana del jueves. Bajo la instrucción del persecutor, un equipo de la Brigada Anticorrupción de la PDI irrumpió en las oficinas de la Subsecretaría de Vivienda, la División de Política Habitacional y el Departamento de Asentamientos Precarios. La razón: recabar antecedentes respecto a la investigación que se lleva a cabo sobre las fundaciones Enlace Urbano y EnRed.
«Vengo en contexto de dos investigaciones relacionadas con el caso denominado ‘Fundaciones', son dos fundaciones que se ha iniciado una investigación de oficio por parte del Ministerio Público en la Región de Tarapacá», precisó el fiscal Ríos.
De acuerdo a una de las querellas que integran la carpeta investigativa, Enlace Urbano y EnRed se adjudicaron convenios por $783 millones y $1.000 millones, respectivamente, con el Seremi de Vivienda de Tarapacá en el marco del Programa Asentamientos Precarios. Los recursos debían destinarse para ejecutar obras en campamentos de Altos Hospicio, Iquique y Pozo Almonte.
El querellante Pablo Toloza señala que «acá hubo un mecanismo: se dividieron los convenios para dividir los montos. Cuando tienes menos montos no pasas por control de Contraloría. Entonces, la arquitectura que se usó es que para evitar el control fue dividir los contratos».
1. El exfuncionario
Mientras los detectives registraban el ministerio, el gobierno se pronunció respecto a la diligencia. «El allanamiento es fruto de una denuncia que el ministro (Carlos Montes) interpuso contra un exfuncionario del ministerio, que renunció cuando asumimos y que venía de la administración anterior», dijo la vocera Camila Vallejo.
Más tarde el fiscal, Eduardo Ríos, consultado sobre si la causa que motivó el allanamiento fue la denuncia interpuesta por el ministro Montes en agosto pasado, reafirmó lo explicado por la vocera. «Efectivamente eso es correcto».
La denuncia en cuestión fue expuesta por el propio ministro Montes el 14 de ese mes y alude a Aldo Bastidas, exanalista del Departamento de Asentamientos Precarios de la Subsecretaría de Vivienda entre el 2019 y mayo del 2022.
De acuerdo al escrito, «se ha detectado en la Región de Tarapacá, que la Fundación EnRed, mantiene como director técnico a don Aldo Bastidas Leal, quien prestó servicios desde el año 2009 hasta el 31 de mayo de 2022 en el Minvu, en diversas reparticiones, particularmente en Asentamientos Precarios».
Además, la denuncia agrega que «Enred se adjudicó durante el año 2021 diversos convenios, cuando don Aldo Bastidas Leal, aún era funcionario de este ministerio».
Según el fiscal Ríos, la «doble militancia» del exfuncionario fue uno de los motivos del registro en el Minvu. «Se realiza este allanamiento debido a una denuncia que realiza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo por un exfuncionario del Ministerio, eso es efectivo»,señaló.
2. El oficio no respondido
Durante la investigación de la arista en Tarapacá, la Fiscalía envió cuatro oficios al Minvu para solicitar más antecedentes del caso. De acuerdo a la subsecretaria de Vivienda Gabriela Elgueta, «tres de esos oficios se contestan oportunamente y hay un cuarto oficio que pide información complementaria de los tres que ya se han contestado».
¿Por qué no se contestó ese cuarto oficio? El ministro Montes se excusó señalando que «se extravió en el camino, o sea, no se respondió como correspondía en su momento». El fiscal Ríos también aprovechó de aclarar este punto y despejó dudas asegurando que «la información requerida (en dicho oficio) será entregada el día de hoy».
El allanamiento en las oficinas del Minvu reactivó las críticas contra el ministro Montes. El diputado y querellante de la causa Renzo Trisotti (UDI) señaló que «por responsabilidad política como ministro, creo que ya se hace insostenible su permanencia en el cargo». Su par Juan Antonio Coloma (UDI) adoptó la misma posición: «Llegó la hora de poder enfrentar la situación pidiéndole la renuncia al ministro Montes y de todos los seremis de Vivienda involucrados a lo largo de Chile».
Por su parte, la diputada Mercedes Bulnes (RD) dijo que «el ministro Montes ha tenido una actitud constante de dar la cara y de sancionar en lo que sea necesario a sus propios funcionarios en la medida que han cometido irregularidades».
