La casa de estudios presentó el caso en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago
Informe con el análisis de las imágenes explica que un alumno sacó una balanza de precisión para pesar una sustancia y repartirla entre compañeros.
La Universidad Diego Portales (UDP) presentó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una denuncia, acompañada de un «informe de seguridad», sobre una posible venta de drogas en su Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), en Vergara 460.
El informe detalla lo que descubrió al ver las grabaciones de las cámaras de seguridad del 20 de mayo de este año.
«Al iniciar el proceso de revisión las imágenes advierten sobre posibles actividades relacionadas con el microtráfico de sustancias ilícitas, por parte de un joven de aproximadamente 23 años de edad, el cual interacciona con distintos estudiantes que llegan al sector de la plaza de la facultad».
El documento, de ocho páginas, incluye capturas de pantalla de los registros.
«Durante el monitoreo del sistema de grabaciones de la FIC y su patio posterior en Vergara 460, se detectaron comportamientos compatibles con posibles actividades de microtráfico de sustancias ilícitas, protagonizadas por personas que presuntamente serían estudiantes».
La UDP se centra primero en lo que hace un joven en ese espacio de 670 metros cuadrados, con árboles, bancas e incluso un escenario.
«Uno de los jóvenes viste un polerón de color negro y mangas de color rojo y azul, el cual a las 18:08:49 extrae desde el interior de su mochila un objeto plano de color negro similar a una balanza».
Las capturas de pantalla tienen flechas y círculos rojos, para explicar mejor lo que muestran.
«Posteriormente coloca sobre la báscula lo extraído desde el interior de su mochila. Se aprecia en detalle que el joven manipula un frasco trasparente, de donde extrae algún tipo de sustancia. Durante aproximadamente 2 minutos, se observa claramente cómo el sujeto de polerón negro y manga roja pesa porciones de la sustancia, utilizando la balanza. También se aprecia manipulando un frasco transparente. Luego entrega a otro estudiante la sustancia manipulada».
El informe identifica, con nombres y con fotos en los torniquetes de ingreso, a cuatro jóvenes y asegura que son estudiantes de ingeniería civil industrial.
«Las observaciones realizadas y la evidencia recopilada de las cámaras de seguridad del patio de la FIC, durante el periodo de investigación, concluyen que existen indicios de actividades relacionadas con el consumo y posible venta de sustancias ilícitas al interior del recinto universitario».
La Universidad Diego Portales emitió una declaración: «Cumpliendo con su deber institucional y en apego a la legislación vigente, ha presentado una denuncia formal ante el Séptimo Juzgado de Garantía, por la presunta comisión del delito de microtráfico por parte de estudiantes al interior de sus dependencias».
Agrega que los hechos detectados ameritaban acudir a los tribunales: «Esta denuncia se realizó tras tomar conocimiento de hechos que revisten la gravedad suficiente como para ser informados a las autoridades competentes. La Universidad ha actuado de manera inmediata, activando los protocolos internos y recopilando la información necesaria para colaborar con la investigación que, a partir de ahora, lidera la Fiscalía».
Posible agravante
El abogado Octavio Sufán explica que la denuncia es una de las tres maneras de iniciar un proceso penal. Las otras son la querella y la actuación «de oficio» del Ministerio Público. «La denuncia es básicamente la comunicación de ciertos hechos que podrían tener el carácter de un delito», explica. La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte debe ahora iniciar una investigación para determinar si efectivamente los hechos denunciados son microtráfico. «No basta con lo que se muestra en las cámaras. Hay que determinar también que eventualmente las sustancias que tenían, transportaban, entregaban, vendían, era droga», explica.
Cree que no es imprudente que el informe contenga los nombres de los posibles involucrados. «Es el legítimo ejercicio de denunciar un hecho. Si uno tiene la identificación de las personas, incluso la ley consigna que uno de los requisitos de la denuncia es consignar los nombres de las personas a las que se denuncia, si es que se conocen cuáles son», asegura.
Cuenta que los directores de establecimientos educacionales tienen la obligación de denunciar los hechos delictivos que se cometan en ese establecimiento. «Más allá de analizar la prudencia o imprudencia de la denuncia, lo relevante es que el director del establecimiento educacional está cumpliendo con la obligación de denuncia que establece el Código Procesal Penal», explica. El artículo 175 de este cuerpo legal enumera quiénes tienen obligación de denuncia. «Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento», dice la letra e de ese artículo.
«De acreditarse la efectividad de la denuncia, podría concurrir una circunstancia agravante, que es cometer el delito en un establecimiento educacional o en las inmediaciones del mismo», agrega el abogado Sufán.
