Plan programático incluye la reivindicación del uso legítimo de la fuerza
Presidenciable republicano propone un cambio de estrategia que fomenta la autoridad y el orden.
«El tiempo de la impunidad se acabó». Bajo esa premisa, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, presentó su plan de seguridad que busca, entre otros objetivos, combatir el crimen organizado con medidas radicales, que incluyen respaldo total a las policías y las Fuerzas Armadas, construcción de cárceles de máxima seguridad y barreras en las fronteras.
«Nosotros no vamos a negociar con el crimen organizado. No le daremos tregua», afirmó el presidenciable. Su plan se basa en tres pilares: restablecimiento de la autoridad, reivindicación del uso legítimo de la fuerza y anticipación del crimen mediante inteligencia policial. A su hoja de ruta se irán agregando nuevas medidas, asegura.
Primeras acciones
Para Kast, la crisis de seguridad es consecuencia del debilitamiento de las instituciones. «Sin autoridad, no hay orden», sostiene. Propone duplicar la recompensa económica a policías, implementar un seguro jurídico y económico y permitir que guardias privados porten armas tipo taser. Si es elegido, Kast anuncia un seguro jurídico y económico para uniformados; barreras fronterizas y centros de detención para inmigrantes irregulares; expulsión masiva de extranjeros ilegales y restricción de beneficios sociales; cárceles de máxima seguridad, sin contacto con el exterior; endurecimiento de penas para bandas criminales; mayor equipamiento para las fuerzas de seguridad e intervenciones militares y policiales en zonas críticas.
«Seremos su peor pesadilla y terminaremos con el absurdo de que los criminales tengan mayor poder de fuego que nuestras policías», asegura. Planea dotar a las fuerzas de seguridad con mejor equipamiento y que los uniformados sean juzgados bajo la justicia militar. En las fronteras, propone «zanjas, vallas, muros y cercos electrificados», y penas más duras para el ingreso ilegal.
Cuotas de libertad
El plan contempla la construcción de nuevas cárceles con capacidad para 100.000 internos, incluyendo un «Centro de Confinamiento para el Terrorismo y Crimen Organizado» en el norte del país. Además, la pertenencia a bandas criminales será castigada con hasta 30 años de cárcel. «Habrá un grupo de la población que deberá estar encerrado de por vida», advierte Kast. Sobre la intervención policial, promete operativos masivos con «respaldo de fuerzas de aire y tierra» para recuperar territorios. Se designarán 16 delegados presidenciales con formación militar para liderar estas acciones.
«Esta es una decisión seria, que tiene costos para todos. Probablemente, tendremos que renunciar a ciertas cuotas de libertad de manera transitoria, pero en menos de cuatro años Chile será el país más seguro de Latinoamérica», sostiene Kast. «El tiempo de la impunidad se acabó. Aquí manda la autoridad, no los criminales», acentuó.
Debilidades técnicas
Sobre lo bueno, lo malo y lo que falta de la propuesta del líder republicano, Daniel Soto, doctor en Procesos e Instituciones Políticas de la Universidad Adolfo Ibáñez y coronel de Carabineros (R), comenta que el borrador presenta algunos aspectos rescatables.
«En primer lugar, aborda un tema de alta preocupación pública como es la criminalidad organizada, lo cual es valorable considerando el impacto que este fenómeno tiene en la sociedad. En segundo término, el documento propone un conjunto de medidas que buscan ser innovadoras, apostando por un esfuerzo estatal que involucra y coordina a distintas instituciones y estamentos públicos», destaca Soto.
«No obstante, el documento exhibe debilidades técnicas importantes: las afirmaciones se basan más en percepciones o sesgos ideológicos que en evidencia sólida; existe una confusión de roles entre policías y militares; hay un entendimiento equivocado sobre los efectos de la justicia militar; y se omite la necesaria regulación y supervisión del uso de la fuerza estatal». El especialista advierte: «Es importante entender que la justicia penal militar no puede tener competencia sobre delitos comunes, ni sobre civiles y, a estas alturas, se debería tener claridad que esta, en lugar de favorecer a los imputados uniformados, los perjudica».
