Según las investigaciones, en marzo habrían ordenado asesinar a varias personas de una banda rival en Rosario
Los presos sólo podrán comunicarse con sus abogados. La medida podría continuarse al cabo de este plazo. Otros encarcelados riesgosos también serán sometidos a un mayor control.
«El que las hace las paga». Ese es el lema de las nuevas medidas que se aplican a más de 70 de los reos más peligrosos de Argentina. Así lo anunció este martes la ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich, en el contexto de un país aproblemado por el crimen, principalmente narco, que tuvo su punto más trágico a comienzos de marzo, cuando en la ciudad de Rosario fueron asesinados dos taxistas, un colectivero y una persona que trabajaba vendiendo en la playa, en lo que las autoridades calificaron como un conflicto entre bandas rivales.
Rosario -que ha sido jaqueada desde hace una década por el crimen organizado- quedó paralizada, razón por la cual las autoridades ordenaron que fuerzas federales se apersonaran en la ciudad para dar una sensación de mayor seguridad.
Bullrich fue directa. Emitió dos resoluciones. La primera ordenó que Esteban Lindor Alvarado, un jefe de jefes, y su brazo derecho, el sicario Claudio «Morocho» Mansilla, no podrán hablar por teléfono fijo con nadie durante 30 días, salvo para las comunicaciones con sus abogados defensores y otros organismos penitenciarios de control. Las autoridades dicen que Alvarado y Mansilla habrían sido los ideólogos de las muertes de comienzos de marzo en Rosario. Al cabo de los 30 días, las autoridades evaluarán si continuar o no con la medida.
La fiscal general del Ministerio Público de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, manifestó, según consignó el diario «La Nación», que «personas vinculadas a la organización criminal liderada por Esteban Lindor Alvarado e integrada por Claudio Mansilla, alias ‘Morocho', en principio, pudieron haber determinado y encomendado la comisión de alguno de los hechos violentos que tuvieron lugar durante el año en curso en la Ciudad de Rosario desde su lugar de alojamiento» en prisión.
Y la segunda resolución dictada por Bullrich este martes se refiere a otros setenta reos considerados de «alto riesgo», que sólo podrán hacer una llamada por teléfono a la semana, de máximos 20 minutos, siempre un día fijado y agendado con anterioridad. Las autoridades habían descubierto que cuando llamaban a sus contactos estrechos, previamente identificados, efectuaban una triangulación con otros individuos, para que en la comunicación pudieran ordenarse acciones criminales. De acuerdo con el nuevo protocolo, esta comunicación se realizará a través del teléfono público de la prisión.
Este teléfono se desinstalará de su lugar actual para pasar a ubicarse afuera del pabellón donde duermen los reos.
«En la actualidad, los internos de Alto Riesgo pueden comunicarse a través de un teléfono público, de uso compartido, unidireccional (solo admite llamadas salientes), instalado en el interior del pabellón», informó el diario «La Nación», citando a la fiscalía.
La medida tiene como antecedente un protocolo en enero, que había fijado un límite de tres contactos estrechos para estos reos. Los números de estas llamadas debían ser aprobados por la autoridad y monitoreados, según el diario «Clarín».
Dice «Clarín» que la vida de los reos dentro de las cárceles, con celulares infiltrados, relojes inteligentes con cámara, mucha plata gastada en comida, eventuales coimas, y un control delictual sorprendente desde dentro hacia el exterior, se volverá muy difícil. Y esta arremetida de las autoridades mantiene el clima extremadamente tenso en las prisiones, especialmente donde se aplicarán estas duras medidas: el Complejo Penitenciario I de Ezeiza y el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz.
Control en Chile
Jorge Araya, académico de la Universi- dad de Santiago y ex jefe División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, comentó: «Yo creo que estamos un paso atrás de Argentina, porque entiendo que ellos, lo de los teléfonos celulares, lo tienen más controlado. Acá no se ha logrado controlar eso. Primero hay que solucionar ese tema, y luego, ellos pueden tener el derecho a hacer llamadas, desde un teléfono público, controlados el día y los horarios».
¿Cuál sería el régimen idóneo sobre el acceso a llamadas telefónicos en las cárceles?
«Depende de la categoría del reo. Yo creo que el delincuente común podría tener derecho a comunicarse dos días a la semana. En cambio, los reos que son calificados como peligrosos, especialmente aquellos que integran bandas de crimen organizado, tal vez una vez al mes para llamar a la familia, con la facultad de Gendarmería para interceptar las llamadas, para evitar la comisión de delitos a través de estas llamadas»
