Medida beneficia en una primera etapa a personas que cumplan 82 años
Exsubsecretario de Hacienda dice que va en la medida correcta, pero que es clave saber cómo se financiará.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso aprobó este martes el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) en el marco de la reforma provisional que se discute en el Senado. El aumento se implementará en tres fases, según las edades de los beneficiarios. A partir del primer día del sexto mes siguiente a la publicación de la ley, los beneficiarios de 82 años o más recibirán un incremento que llevará el monto máximo de la PGU a 250 mil pesos (estaba en 214.296 mil). A partir del mes 18 (año y medio), el mismo aumento se aplicará a quienes tengan 75 años o más. Finalmente, a partir del mes 30 (dos años y medio), todos los beneficiarios que cumplan 65 años recibirán el valor máximo de la pensión.
La manera de financiar este aumento, según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, será gracias al «Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal», que busca recaudar un 1,5% del PIB, por la modernización y la fiscalización del cumplimiento tributario y la reforma del Estado para aumentar la eficiencia en el uso de recursos públicos.
Además, se acordó que cada cuatro años el Consejo Consultivo Previsional realizará un análisis para evaluar la suficiencia de la PGU, con el fin de asegurar que la pensión cubra los gastos básicos de los beneficiarios, tomando en cuenta factores como el índice de remuneraciones, el crecimiento de la economía y la línea de pobreza.
El diputado Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana, había manifestado sus matices al proyecto: «La reforma de pensiones tiene muchos aspectos positivos, pero no estamos de acuerdo que los jubilados menores de 75 años deban esperar dos años y medio para recibir el aumento de la PGU a $250 mil», mencionó.
Alejandro Weber, decano de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, quien fue subsecretario de Hacienda cuando se creó la PGU (2022), comenta que es un acuerdo que va en la dirección correcta, pero tiene algunas debilidades; la principal, menciona, es que «no sabemos aún si esta reforma está financiada. Es cara, cerca de US$5.000 millones para el fisco por el mayor gasto y la menor recaudación. Por otro lado, los ingresos que tendrá el fondo deben permitir cubrir los beneficios y devolver lo adeudado con intereses, de lo contrario, sería equivalente a sumar 20 puntos más de deuda pública al año 2050. Por eso es tan importante que el Consejo Fiscal Autónomo se pronuncie».
