Autoridad aeronáutica obliga a revisar los aviones hasta descartar la amenaza
Este tipo de amenazas suelen hacerlas pasajeros que tienen algún problema con su equipaje, cuando se lo piden y no quierenentregarlo, explica Enrique Rosende, director de Seguridad Operacional de la línea aérea.
Sin duda es la peor broma que puede hacer un pasajero aéreo, cuando no la peor amenaza: decir «bomba». Aun así, solo el año pasado hubo 17 casos de avisos de bomba en vuelos de Latam, 12 de los cuales fueron en Chile, dos en Brasil, dos en Perú y uno en Argentina.
Uno de los últimos casos ocurridos en Chile fue en septiembre pasado en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, cuando el pasajero de un vuelo con destino a Iquique dijo durante el embarque que «había una bomba». Esto obligó al personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la autoridad aeroportuaria, a desembarcar a los pasajeros y a solicitar la revisión del avión en un estacionamiento de seguridad por personal especializado de la policía.
Según señaló «T13» en su momento, el incidente se produjo luego que un pasajero discutió con el piloto y le dijo que tenía una bomba, pero «médica», ya que era un inhalador de salbutamol.
«Este tipo de acciones son un problema no menor en la industria, desde que el tema se volvió muy sensible con el caso de las Torres Gemelas en Nueva York. Todos los sistemas de seguridad desde entonces se estresaron y se volvió un asunto muy delicado. En 2023 tuvimos 17 amenazas, ninguna de las cuales era real, pero que obligaron a activar los protocolos, más allá de quien la haya hecho», explica Enrique Rosende, director de seguridad operacional de Latam.
«Este tipo de amenazas suelen hacerlas pasajeros que tienen algún problema con su equipaje, cuando se lo piden y no quieren entregarlo o cuando se les dice que debe ir en bodega», agrega el ejecutivo.
El tema es que cualquier insinuación o verbalización de bomba activa un protocolo, por muy «en broma» que lo diga alguien.
«Ante cualquier palabra o actitud de algo que afecte la seguridad del vuelo, el operador debe alertar a la autoridad aeroportuaria para que se activen los protocolos. Si el avión está en el puente, porque va a salir, se detiene el embarque, se aísla a la persona que hizo esa amenaza, se va a buscar su equipaje y se revisa con personal especializado; si el avión ya está con las puertas cerradas, se lleva a un lugar aislado, donde se baja a los pasajeros y el equipaje para que sea revisado con un detector de explosivos, con perros; ahora, si el tema ocurre en el aire, el protocolo obliga a la tripulación a informar a la autoridad y buscar el aeropuerto más cercano donde se activan todos los proceso de seguridad. Lo que quiero decir es que una palabra, un broma, una insinuación activa protocolos ineludibles», señala Rosende.
«Una de estas activaciones tarda entre tres y cuatro horas, lo que retrasa todo. Afecta a 200 o más pasajeros y muchas veces obliga a suspender el vuelo. Y si es en el aire, peor aún», agrega.
¿Y qué pasa con quien hizo el anuncio? «La persona es detenida por la autoridad y puesta a disposición de la fiscalía: debe enfrentar a los tribunales», explica Rosende.
Ciro Colombara y Constanza Muñoz, abogados del estudio Colombara que defendió al exgerente de Codelco que fue acusado de haber dicho que llevaba una bomba y luego fue absuelto, explican el aspecto judicial del tema.
«La persona que dice bomba en el avión o en el aeropuerto incurre en el delito de falso aviso de incendio, calamidad o emergencia y en el de desórdenes públicos, previsto en el artículo 268 bis del Código Penal», aseguran por escrito.
«La pena a la que esta persona se expone es de reclusión menor en su grado mínimo, es decir de 61 días a 540. Sumado a ello, si producto de la comisión de este delito impidiere o dificultare la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas, se expondrá a la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, que también va desde los 61 a 540 días», explican los abogados.
