Del Plan Retorno al Registro Nacional de Vándalos
El discurso mantuvo una línea coherente con las prioridades que el gobierno ha pretendido instalar: recuperación del control territorial, combate al crimen organizado, fortalecimiento de las policías y modernización del sistema penitenciario, dice Pablo Urquízar.
Pablo Urquízar es el coordinador del Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello y, como tal, escuchó atento la alocución del Presidente José Antonio Kast en términos de seguridad y combate al crimen organizado (ver tabla con 20 medidas medulares mencionadas en el discurso).
El abogado dice que esperaba que algunas cosas fueran mencionadas, pero en otros ámbitos se quedó con ganas de que los anuncios fueran más concretos.
«En materia de seguridad, el discurso mantuvo una línea coherente con las prioridades que el gobierno ha pretendido instalar: recuperación del control territorial, combate al crimen organizado, fortalecimiento de las policías y modernización del sistema penitenciario. Era esperable que la Cuenta Pública profundizara estos ejes, especialmente, considerando la centralidad que ha adquirido la seguridad en la agenda pública», describe Urquízar.
¿Hay algo que le llamara la atención positivamente?
«Uno de los aspectos más destacables fue la prioridad otorgada al sistema penitenciario. La recuperación del control efectivo de las cárceles, el fortalecimiento de los regímenes de máxima seguridad, la incorporación de nuevas tecnologías y la ampliación de la infraestructura penitenciaria son medidas que apuntan a uno de los principales desafíos actuales: impedir que las organizaciones criminales sigan operando desde los recintos penales. También resulta positivo el enfoque de coordinación interinstitucional a través de las Fuerzas de Tarea especializadas, ya que reconoce que el combate al crimen organizado requiere una acción integrada del Estado y no esfuerzos aislados».
¿En qué ámbito le hubiera gustado escuchar cosas más concretas?
«Me habría gustado escuchar definiciones más concretas respecto del nuevo Sistema de Inteligencia del Estado y la implementación práctica de la nueva institucionalidad creada por la ley 21.821.No hay ningún país del mundo que haya desarticulado el terrorismo o el crimen organizado sin inteligencia. Sin inteligencia, las policías y las fuerzas armadas operan a ciegas. En ese sentido se acaba de publicar el sábado 30 de mayo, la nueva ley que moderniza el sistema de inteligencia del Estado, que establece una serie de mecanismos de fortalecimiento del sistema de inteligencia del Estado, entre los que está la elaboración de una Política Nacional de Inteligencia, un plan de desarrollo del sistema de inteligencia, una directiva anual de inteligencia y, en ese sentido, me faltó una mayor profundización en esa línea. También en términos de los recursos humanos, cómo se va a incrementar el personal en este ámbito, y también respecto a los recursos económicos, con el fin de potenciar de la mejor forma la inteligencia. Eso faltó».
¿Faltó algo más?
«Faltó una profundización sobre cómo se enfrentará el fenómeno del crimen organizado transnacional, especialmente, considerando su creciente capacidad de adaptación y expansión en Chile. Más allá de los anuncios específicos, también sigue siendo indispensable reforzar el hilo conductor que permita comprender con mayor claridad cuál es la estrategia integral que conecta cada una de las medidas anunciadas y cómo estas contribuyen a un objetivo común de largo plazo».
Respecto a la migración, ¿cómo evalúa lo anunciado?
«Los anuncios en materia migratoria van en la dirección correcta, especialmente en lo relativo al fortalecimiento del control fronterizo, el aumento de las expulsiones efectivas, la vigilancia de pasos clandestinos y la cooperación con países vecinos para enfrentar fenómenos asociados al crimen transnacional. Son medidas que buscan recuperar la capacidad del Estado para gestionar los flujos migratorios y reducir espacios de vulnerabilidad que pueden ser aprovechados por organizaciones criminales. El desafío estará en la implementación efectiva de estas iniciativas y en asegurar que las capacidades operativas acompañen los objetivos planteados».
La idea de aumentar la flagrancia a 24 horas, ¿puede ser útil?
«La ampliación del plazo de flagrancia de 12 a 24 horas puede ser una herramienta útil para facilitar la persecución penal y ampliar el margen de acción de las policías en determinados casos. Sin embargo, se trata de una medida más bien operativa y no estructural. Puede contribuir a mejorar la capacidad de respuesta frente a ciertos delitos, pero por sí sola difícilmente modificará las dinámicas del crimen organizado o de la delincuencia más compleja. Su efectividad dependerá de cómo se articule con otras herramientas de investigación, inteligencia criminal y persecución penal que permitan desarticular organizaciones y no sólo reaccionar ante hechos puntuales».
