Fiscalía investiga a Miguel Ángel Calisto (independiente), Sergio Gahona (UDI) y Hugo Gutiérrez (PC)
Llevamos a cabo una diligencia intrusiva bastante relevante para la investigación que seguíamos, que tiene relación con varios delitos que se están investigando: fraude al fisco, sobornos, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias, entre otros, dijo la fiscal Encina.
Antes de las nueve de la mañana de este jueves, 80 efectivos de la PDI se desplegaron en distintas regiones del país para hacer allanamientos simultáneos en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la licitación del Programa de Alimentos Escolar (PAE), administrado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Caso que estalló mediáticamente en mayo tras la denuncia interpuesta por el director de dicha entidad, contra la empresa Soser S.A, por el pago de 14 mil millones de pesos para el servicio de onces escolares en la Región de O´Higgins, que no se entregaron y que, además, se pagaron con sobreprecio al momento de la licitación.
«Llevamos a cabo una diligencia intrusiva bastante relevante para la investigación que seguíamos, que tiene relación con varios delitos que se están investigando: fraude al fisco, sobornos, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias, entre otros delitos de corrupción. Todos ellos en el marco de las licitaciones del programa de alimentación escolar de la Junaeb, principalmente en la Región de OHiggins. Sin embargo, creemos que la investigación va a dar cuenta de que también ocurrieron en otras regiones del país», precisó la fiscal Constanza Encina y acotó que fueron más de diez domicilios los allanados.
La resolución judicial que fundamentó las diligencias establece diversos puntos.
«Varios delitos de cohecho». Tras dicha denuncia ante el Ministerio Público, la Fiscalía Oriente comenzó a investigar sigilosamente. En julio pasado incautó celulares, computadores y revisó correos electrónicos de los directivos de Soser S.A. Tras dichas indagatorias surgieron los nombres de los senadores Miguel Ángel Calisto (independiente), Sergio Gahona (UDI), y el exdiputado comunista Hugo Gutiérrez, investigados por la Fiscalía por «varios delitos de cohecho», según explicó la fiscal a cargo del caso, Constanza Encina. Se presume que los políticos recibieron pagos irregulares, a través de transferencias bancarias, por parte de Soser S.A., lo que masivamente se conoce como coima, por supuestamente intervenir en favor de la empresa en las licitaciones de alimentación de la Junaeb.
Las pruebas. En la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que autorizó al Ministerio Público y a las policías a realizar una serie de medidas intrusivas de investigación en el caso, documento al que tuvo acceso este diario. Se describe un «esquema delictivo» en base a información recopilada de informes de análisis financieros (UAF), documentos bancarios, transcripciones de audios, mensajería de WhatsApp, fotografías de chats, fotografías de transferencias y declaraciones». El Ministerio Público autorizó investigar las cuentas bancarias y otros instrumentos financieros como transferencias, depósitos y cheques, entre otros, de Calisto, Gahona y Gutiérrez.
«Favorecer intereses». Si bien dicha resolución judicial no dice expresamente qué eventuales conductas delictivas son atribuibles, en específico, a los parlamentarios, ya que la investigación es reservada y hay diligencias en curso, sí describe en esta etapa preliminar que, «se ha podido establecer la comisión de delitos reiterados de soborno y cohecho a distintos funcionarios públicos, para favorecer los intereses de la empresa Soser S.A., en la obtención de información reservada y adjudicación de licitaciones públicas».
«Miembros del Congreso». «En un mecanismo sostenido en el tiempo, a través del cual se intercambiaba información reservada, se instruía la ejecución de determinados actos administrativos en favor de un particular, se gestionaba la adjudicación irregular de licitaciones a la empresa investigada y se presionaba para la remoción de funcionarios que desempeñaban funciones de fiscalización a cambio de beneficios económicos y de índole laboral. Todo esto, por parte de miembros de la gerencia y del directorio de la empresa Soser S.A., lobbistas informales, funcionarios de Junaeb, e incluso miembros del Congreso Nacional», se agrega.
Graves irregularidades. La resolución describe las conductas ilícitas en las que habría incurrido la empresa, ligadas a la entrega de alimentos a escolares de la Región de O´Higgins: «Falsificaciones de certificados de raciones que permiten pagos improcedentes con cargos a fondos públicos, incorporación falsa de información en el registro informático de la Junaeb, entrega de excedentes improcedentes y beneficios indebidos a directores de colegios públicos y a encargados PAE; distribución de alimentos contaminados en los respectivos establecimientos». Y todo esto se habría tapado con, «soborno y cohecho a distintos funcionarios públicos».
Los delitos investigados. Desde la Fiscalía explicaron que además del presunto cohecho ligado a los parlamentarios, se indaga al resto de los involucrados por los eventuales ilícitos de fraude al fisco, fraude informático, falsificación de instrumento privado, cohecho, delitos contra la salud pública y lavado de activos.
El origen. Al rastrear el origen del caso, hay que remontarse a los procesos licitatorios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) entre los años 2021 y 2023, para la entrega de onces a escolares en colegios de siete regiones del país, labor que se les asignó a 17 empresas. En el caso de la Región de OHiggins, la adjudicación fue para la Sociedad Servicios de Alimentación (Soser S.A.). En general para un servicio de once escolar el precio varía entre los $800 y los $2.000, pero la empresa Soser S.A. ofertó las onces en educación básica por $6.522. Por la reajustabilidad del servicio, el precio de cada once en 2022 subió a $7.895 y a $8.680 en 2023, sin que nadie lo cuestionara.
Los investigados. Los allanamientos se dieron además de las oficinas de los parlamentarios en el Congreso en Valparaíso, en los domicilios y oficinas de los otros involucrados del caso, entre ellos Camila Rubio, exdirectora nacional de junaeb, Claudio Alcatruz, exjefe del departamento de alimentación de junaeb, Darío Calderón, expresidente de la asociación gremial Nutre Chile, Francisco Pizarro, exjefe del departamento de alimentación estudiantil de junaeb, entre otros exfuncionarios de la entidad. A todos ellos se les incautaron teléfonos celulares, computadores, discos duros y demás dispositivos de almacenamiento digitales. Las diligencias se extendieron a las Regiones de Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, de OHiggins y Aysén.
Las reacciones de los aludidos
El senador Miguel Ángel Calisto (independiente) negó su participación en presuntas irregularidades relacionadas con la licitación del PAE de Junaeb. A través de un comunicado, declaró que «frente a a la solicitud (allanamiento de la PDI en el Congreso), entregamos de manera voluntaria e inmediata nuestro equipo telefónico y el acceso a las cuentas corrientes porque no tengo nada que ocultar». Por otro lado, el ex diputado Hugo Gutiérrez (PC) aseguró en su cuenta de X que «nunca utilicé el cargo para beneficio personal, ni para beneficiar a terceros. Como parlamentario, fiscalicé y perseguí la corrupción en el Estado, y todo lo hice con estricto apego a derecho. Jamás recibí una coima ni la otorgué a nadie para que actuara reñido a la ley». En tanto, el senador Sergio Gahona (UDI) aseguró estar tranquilo ante la investigación de la fiscalía. «He colaborado activamente en esta diligencia, porque soy el más interesado en que esta situación sea aclarada plenamente a la mayor brevedad». Agregó que hará todo lo posible por aclarar los hechos y confía en que se demostrará que no cometió ninguna irregularidad como parlamentario.
