Polémica por una presunta falsificación de rúbricas a dos legisladores de la Cámara Alta
No he autorizado a ninguna persona para utilizar mi firma o actuar en mi presentación, aseguró la senadora Ximena Órdenes.
Absolutamente enrarecido está el ambiente en el Senado por la presunta falsificación de la firma de dos senadores, que se encuentran en la comitiva que acompaña al Presidente, José Antonio Kast, en su gira por Asia. Para salir del país, Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (indep. PPD), pidieron un permiso constitucional que lleva estampada su rúbrica. La tarde del martes el senador socialista, Juan Luis Castro, pidió al secretario del Senado retirar dichos permisos, sin consentimiento de los parlamentarios en viaje.
El hecho motivó la presentación, este jueves, de una querella por parte de la Fundación Fuerza Ciudadana, representada por el abogado Raimundo Palamara, en contra de Castro por los presuntos delitos de falsificación de documento público o auténtico y uso malicioso de instrumento falso, ya que el documento electrónico de retiro de estos permisos llevaba la firma de Espinoza y Órdenes, pero los senadores desconocieron haber realizado dicho trámite.
«Utilización delictiva»
«La solicitud cuestionada habría sido incorporada al procedimiento y hecha valer como una manifestación auténtica de voluntad, exteriorizándose ante la Sala el efecto que se pretendía obtener (…) La contradicción entre el documento recibido y la negativa de su aparente autora justifica investigar su autenticidad, quién lo creó o alteró, quién incorporó la firma, quién lo remitió o presentó, qué instrucciones mediaron y qué conocía cada interviniente. Respecto de Castro, debe esclarecerse su intervención en la gestión del retiro y su eventual conocimiento del contenido y procedencia del antecedente utilizado (…) La eventual mantención o restitución posterior del permiso no elimina, por sí sola, una falsificación o utilización delictiva que ya se hubiere consumado», dice un extracto clave de la querella.
El efecto
Invalidar el permiso de viaje en comisión de servicio de Órdenes y Espinoza alteró los quórums de votación necesarios para aprobar el artículo de la ley de Presupuestos 2027 sobre endeudamiento público por hasta US$25.600 millones, presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Así, los votos de Órdenes y Espinoza volvían a ser contabilizados, subiendo el quorum a 24, lo que ponía cuesta arriba aprobar la medida impulsada por el gobierno, resistida por parte de la oposición.
Aunque la norma fue aprobada con votos de la DC y el PPD, dándole igual un triunfo a Quiroz, el escándalo por la pregunta falsificación de las firmas, que involucra al senador Castro, ya estaba instalado.
«No he retirado mi solicitud de permiso constitucional. No he suscrito ni remitido ningún documento en ese sentido y tampoco he autorizado a ninguna persona para utilizar mi firma o actuar en mi presentación con ese propósito. En ningún momento yo solicité y menos autoricé el retiro de ese permiso», manifestó la senadora PPD a través de su colega Pedro Araya, quien leyó en el hemiciclo de Senado una carta que ésta le envió. Declaración que reiteró, desde Japón. Aunque Espinoza descartó que hubieran falsificado su firma, igual dijo estar «molestó», con lo que calificó como un «error administrativo».
Palamara dijo: «Aquí se habría intentado hacer trampa en contra del pueblo de Chile y del respeto a nuestra Constitución y el principio democrático: usar una firma sin autorización para retirar permisos constitucionales para influir en los quórums del Senado. Como Fundación Fuerza Ciudadana, exigimos la incautación urgente de los documentos originales para establecer quién los confeccionó, quién los presentó y qué responsabilidad tuvo cada involucrado».
Previamente, el senador Rodolfo Carter pidió a la mesa del Senado informar todos los antecedentes a la Fiscalía para iniciar una investigación de oficio, igualmente por presunta falsificación de instrumento público y suplantación de identidad. El senador Castro, quien gestionó el retiro de los permisos, ha descartado cualquier intencionalidad o actuar irregular. En una declaración de la mesa del Senado, encabezada por su presidenta, Paulina Núñez, de comentó que, «a la fecha, no existe una confirmación de que se haya producido una falsificación de firmas en la tramitación de estos permisos», pero que, «una vez recibida la comunicación correspondiente y en caso de ser requeridos, si así fuese, la Corporación colaborará plenamente con la Fiscalía».
Consultados, desde el Partido Socialista y el propio senador Castro, declinaron referirse a los hechos. «Espero que los hechos se puedan esclarecer y por tanto, también existe desde esa perspectiva primero una disculpa con las personas involucradas, particularmente con la senadora Órdenes», pidió el presidente del PPD, diputado Raúl Soto, consciente de que la relación al interior del Socialismo Democrático se encuentra bajo máxima tensión.


