Por la fallida compra de la casa de Salvador Allende por parte del Estado
Ingresaron un nuevo requerimiento que busca la destitución de la titular de Defensa, involucrada en la fallida compra venta de la vivienda del expresidente.
Los abogados John Reid y Raimundo Palamara (militante del Partido Republicano) volvieron a la carga en su afán de destituir a Maya Fernández (PS). Los juristas ingresaron otra vez un requerimiento de inhabilidad ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie en el caso que involucra a la ministra de Defensa en la fallida venta de la casa que perteneció a su abuelo, el expresidente Salvador Allende. El 10 de febrero el mencionado tribunal no admitió el primer requerimiento.
En este nuevo escrito de 20 páginas, que busca la destitución de la ministra, se parte citando al artículo 37 bis de la Constitución Política de la República, norma que dispone en materia de inhabilidades: «Durante el ejercicio del cargo, los ministros de Estado estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades».
Y se agrega el artículo 54 letra a, de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que plantea como inhabilidad para acceder a cargos en el Estado que, «las personas tengan vigente o suscriban, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más», con algún organismo de la Administración Pública».
Causa penal
Cabe recordar que a principios de enero se supo que el ministerio de Bienes Nacionales tenía en curso una operación de compra venta para adquirir el inmueble perteneciente al exmandatario ubicado en la comuna de Providencia, y por el cual se pagarían 933 millones de pesos. Dicha transacción se cayó tras duros cuestionamientos por estar involucradas en la firma la propia Maya Fernández, y la hija del expresidente la senadora Isabel Allende (PS), ambas citadas a declarar por el fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper en la indagatoria por el eventual delito de fraude al fisco.
El requerimiento detalla: «Aunque nos basáramos para la compra solo en la cantidad o porcentaje que le pertenece a la ministra, una doceava parte, igualmente su porcentaje ascendería a la cantidad de 1.155,56 UTM, es decir, de igual modo estamos frente a la inhabilidad sobreviniente causada por la suscripción y celebración del contrato de compraventa entre ella y sus familiares como vendedores, y el Fisco de Chile como comprador». Palamara explica a LUN por qué insistieron en el requerimiento: «Insistimos porque este hecho no tiene parangón y requiere que no quede en la ciudadanía la sensación de impunidad, y por otro el respeto irrestricto a nuestra Constitución y las leyes».
¿Con qué argumentos se pretende ahora convencer al tribunal?
«Partimos solicitando que los ministros que declararon inadmisible el anterior requerimiento tengan a bien abstenerse de conocer este nuevo requerimiento, por las razones anotadas precedentemente, al ya haber dado su dictamen sobre el asunto controvertido, y se profundizó con mayor ahínco sobre los fundamentos de la inhabilidad que le asiste a la ministra, cuyos fundamentos ya pueden ser conocidos por todos, en razón que el artículo 34 de la Constitución es clara al establecer los requisitos que deben concurrir para tal cargo, que son el de ser chileno, mayor de 21 años y reunir los requisitos generales para ingresar a la Administración Pública, y es este último requisito que le afecta en este caso a la ministra, en atención que el artículo 54 letra a) de la Ley 18.575 es clara en señalar que un requisito general para ingresar a la administración es no haber suscrito un contrato con el organismo al que pertenece -el Estado de Chile-, ascendientes a 200 UTM o más, y aquí el contrato celebrado sobrepasa con creces esa cifra, lo que amerita un pronunciamiento expreso del Tribunal Constitucional».
El fiscal Patricio Cooper indaga a la ministra Fernández y a Isabel Allende por eventual fraude al fisco, ¿considera hay indicios para sostener ese delito?
«Más que eso, existen antecedentes claros, concordantes y evidentes que acreditan su participación y conocimiento en los hechos, dándole incluso un mandato para que efectuara la venta de la casa a la pareja de la hija de la senadora y prima hermana de la ministra, quien a la vez es la representante legal de la Fundación Salvador Allende, institución que recibe también millonarias sumas de dinero por el Estado de Chile para su funcionamiento. Pues este gobierno lamentablemente bajo el pretexto de «cultura», en definitiva están haciendo un verdadero desfalco de los recursos públicos, de otra manera no se entiende cómo aumentó el presupuesto de cultura en más de un 40% entre 2024 y 2025, y no es que el presupuesto de 2024 fuere bajo, si dio incluso para comprar la casa de la Familia Allende. Por lo que espero que pronto se realicen las primeras formalizaciones por el delito de fraude al fisco y otros que eventualmente pudieran verificarse, como los de malversación, contrato simulado, negociación incompatible, entre otros».
