Se exportaban e importaban entre ellos celulares, mascarillas y detergentes para la ropa
En cuatro años ganaron más de 2.700 millones de pesos. Trabajaban con cuatro venezolanos. Todos están presos.
A fines del 2021 el Servicio Nacional de Aduanas alertó al Ministerio Público por una exportación fuera de lo común a Estados Unidos. Se trataba de celulares y mascarillas, cuidadosamente empacados en cajas de cartón. «Llamó la atención el alto valor de los teléfonos», describe Rodrigo Díaz, director regional de Aduanas Metropolitana.
En específico, se refiere al precio con que habían sido avaluados los celulares, que eran de baja gama, en la Declaración Única de Salida, realizada en la Aduana del Aeropuerto de Santiago. «Cada uno costaba más de mil dólares», recuerda Díaz.
Ese hecho fue alertado al Ministerio Público, que comenzó una investigación liderada por el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, en conjunto con la PDI y el Servicio Nacional de Aduanas.
La primera parte del resultado de la investigación fue revelado este lunes por el mismo persecutor; por el prefecto inspector Mauro Mercado, jefe de nacional contra el Crimen Organizado, y por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Un esquema circular
Baeza formalizó a seis sujetos, a quienes acusó de integrar una organización criminal que entre el 2018 y el 2022 realizó 51 declaraciones de salida falsas y otras más de ingreso a nuestro país. Los líderes de la agrupación -dos ingenieros comerciales, crearon según el persecutor 37 sociedades con sede en Chile y Estados Unidos.
El objetivo era exportar e importar mercaderías en un esquema circular. Productos como mascarillas, celulares y detergentes eran exportados con precios sobrevalorados (mucho más altos que su valor de mercado) a una de sus mismas en Miami. Luego, eran vendidos e importados de vuelta a otra de sus sociedades, con sede en Santiago, por cifras inconsistentes entre lo declarado y lo que efectivamente contenían los bultos.
Díaz señala que las operaciones se efectuaban tanto como por el Aeropuerto de Santiago como por los puertos de Valparaíso y San Antonio: «Detectamos importaciones de mascarillas por 0,04 dólares la unidad. Después las mismas eran exportadas por 19 dólares la unidad».
Algo similar ocurrió con un detergente nacional, fabricado en la comuna de Maipú. «El kilo se exportaba entre 23 y 25 dólares (alrededor de $22.000) y luego se importaba mil pesos el kilo»
Y para qué
Según Baeza, el objetivo del grupo era obtener de manera fraudulenta el beneficio fiscal de devolución de IVA exportador. El delito está contemplado en el artículo 97, número 4, inciso 3 del Código Tributario.
«El modus operandi era hacer circular la misma mercadería desde una empresa a la otra con la finalidad de ir consiguiendo el pago del IVA exportador», agregó el prefecto inspector Mauro Mercado.
Junto a los profesionales chilenos fueron formalizados cuatro ciudadanos venezolanos acusados por la Fiscalía de ser los brazos operativos y testaferros de los líderes. Ellos, según la investigación, desarrollaban la logística de la millonaria defraudación: gestionaban los envíos y recepciones de las mercaderías y presentaban los documentos correspondientes al Servicio Nacional de Aduanas y luego al Servicio de Impuestos Internos, para obtener las correspondientes devoluciones de IVA exportador.
Los seis están imputados por los delitos de asociación ilícita (artículo 293 del Código Penal), lavado de activos (artículo 27 de la Ley 19.913), contrabando y declaración maliciosamente falsa en la exportación, en carácter de reiterado.
«El Tribunal dio por acreditado cada uno de dichos delitos y decretó prisión preventiva para los seis», detalló el fiscal Baeza.
Las ganancias
Se estableció que en los años en que operaron, los cabecillas de la agrupación lograron ganancias por $2.799.592.691. El patrimonio recuperado en efectivo y bienes es de $1.559.000.000, sin considerar los saldos en 136 cuentas bancarias que ya recibieron órdenes de ser congeladas.
Además se identificaron, como parte de las ganancias, otos 2.800 dólares y $1.390.000 en dinero efectivo. Se incautaron nueve vehículos. Otros 28 fueron ubicados y tienen prohibición de ser enajenados, al igual que nueve inmuebles.
