Hay una querella contra su dueño, quien registra una condena previa
Las personas que cayeron tenían un denominador común: no podían acceder a un crédito hipotecario en la banca tradicional.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió una alerta, informando que presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito de estafa contra tres empresas. Se trata de Wolv Broker o Wolv Inmobiliaria, Asesoría estratégica Inmobiliaria SPA, y MAX Millón SPA, propiedad de Maximiliano Pacheco.
Cinco personas, que denuncian haber sido estafadas por el mismo sujeto, presentaron una querella en su contra en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.
El abogado que las representa, Morris Farachi, lo acusa de ‘apropiación indebida, falsificación y uso malicioso de instrumentos privados, mercantiles y bancarios'.
El hombre registra una condena previa por el delito de ‘estafa residual' cometido a través de la tienda Bodeguita San Max y de Inversiones e Inmobiliaria Santa Betzabeth SpA. El 2° Juzgado de Garantía de Santiago lo declaró culpable el 12 de mayo de 2022 y le ordenó indemnizar a sus dos víctimas.
Los captaba
La querella del abogado Morris Farachi relata que el sistema de Wolv Broker o Wolv Inmobiliaria consistía en captar clientes a quienes les ofrecía un sistema de financiamiento hipotecario diferente a la alternativa bancaria tradicional. El sujeto, según señala el escrito, ofrecía esta ‘oportunidad' a personas que tenían un patrón común: condiciones laborales, patrimoniales o crediticias que les dificultaban acceder a un hipotecario en la banca tradicional.
La propuesta era aparentemente una solución financiera, supuestamente respaldada por fondos de inversión, sociedades inmobiliarias, asesorías legales, cartas de resguardo, contratos ante notaría y comprobantes de pago. La puesta en escena incluía oficinas de primer nivel en la avenida Alonso de Córdova, en Las Condes, páginas web, correos institucionales, ejecutivos identificables, contratos, solicitudes de antecedentes, servicios de tasación y estudios de títulos.
Un caso
Josefa (58 años), asesora contable de una empresa, es una de las víctimas de esta historia. Cuenta que aún no se atreve a confesarle a su familia que perdió tanta plata que por las noches debe recurrir a un medicamento para no desvelarse mientras le da vueltas a su situación.
Durante la pandemia se quedó sin trabajo, por lo que cerró todas sus tarjetas crediticias. Tenía una, que pagaba religiosamente, pero en algún momento se desordenó. De vuelta a la normalidad, encontró trabajo y se puso al día. Sin embargo, en el sistema financiero aparece con esa antigua morosidad.
En noviembre del año pasado vendió su departamento y quiso comprarse uno nuevo en el barrio Las Lilas, de Providencia. Costaba UF7.100 ($288.000.000 aproximadamente), y haciendo la suma y resta le faltaban UF900 (alrededor de $36.000.000). Ningún banco le otorgó un crédito. De repente se encontró con Wolv Broker y su problema pareció arreglarse.
‘Yo tenía firmada la promesa de compraventa. Ese era mi apuro. El ejecutivo fue muy amable. Dijo que yo tenía excelentes antecedentes y que me habían aprobado el crédito con la inmobiliaria Santa Marisol, que pertenece al mismo grupo de empresas. Que debía pasarles las UF6.177 (alrededor de $244.000.000) que yo tenía por la venta de mi departamento y ellos harían todo el trámite. Me harían un contrato diferenciado en 70 días, en circunstancias que generalmente demoraban 180 días', relata.
Los problemas empezaron cuando ella les pidió los documentos para inscribir su propiedad en el Conservador de Bienes Raíces. Recibió respuestas evasivas.
‘Me dijeron que el banco Scotiabank, que era el que tenía la hipoteca del departamento que yo quería comprar, no aceptó la carta de garantía porque la inmobiliaria no es una institución regulada por la CMF', agrega Josefa.
El 19 de marzo pasado se reunió con el ejecutivo que la estaba atendiendo y un abogado de la inmobiliaria. ‘Me dijeron que me iban a devolver los gastos operacionales y el resto del dinero en tres cuotas: el 30 de abril, 30 de mayo y 30 de junio. Ya pasaron las dos primeras fechas y no he recibido nada. El 14 de mayo me firmaron un papel diciendo que me van a devolver todo en 130 días, pero ya no les creo nada. Me enteré que desmantelaron las oficinas que tenían en Alonso de Córdova y que hay un montón de gente igual que yo', dice la mujer.
Mirando hacia atrás, Josefa confiesa que debió hacerle caso a las red flag que surgieron en el camino. ‘Todo era demasiado informal. Las respuestas que recibía eran raras. Cuando conocí a las personas que me habían atendido por teléfono pensé chuta, dónde estoy metida. La gente que estaba en las oficinas no parecía preparada. Los gerentes no tenían perfil de gerente. Lo peor es que fui la más tonta del grupo, la que perdió más plata. Hay cerca de 200 personas afectadas. Gente de todos los niveles socioeconómicos. Me siento muy estúpida por haber caído en algo así. Me da rabia conmigo misma'.
