En la Quebrada de las Zorras hay 116 familias en un campamento
El terreno tiene dos grandes riesgos: sufrir los embates de un aluvión y ser arrasado por el fuego en caso de un incendio.
El alcalde Felipe Alessandri (RN) ha replicado un sistema que instauró su predecesor, Cristóbal Lira (UDI), para desalojar la toma de la Quebrada de las Zorras, en el Cerro 18 de Lo Barnechea. «Vamos como paso de tortuga, pero hemos ido avanzando», afirma el edil.
Los primeros asentamientos en el lugar fueron antes del 2009, cuando se instalaron cinco familias. «Ellos habían crecido al alero del Cerro 18 y quisieron independizarse de su grupo familiar», cuenta Jorge Saavedra, encargado de Asentamientos Precarios del municipio.
Con la pandemia el tema explotó. «A partir del 2020 hubo un aumento importante y la toma se configuró como un campamento. La mayoría son chilenos y hay cuatro familias peruanas. En la actualidad hay una pugna entre los vecinos establecidos con los que están en la toma», agrega Saavedra.
El campamento se asentó sobre un bien nacional de uso público. El alcalde Alessandri dice que está proyectado realizar una canalización y un parque en la cima. «Esta toma genera malestar en el entorno. Porque no tienen alcantarillado, entonces se sienten unos olores insoportables. Además, se cuelgan de la electricidad, provocando una saturación en el sistema que se traduce en cortes. Y hay algunos que están relacionados con el microtráfico de droga».
Hace un año el Cuerpo de Bomberos de Santiago emitió un informe alertando sobre el alto riesgo de propagación de fuego, en el caso que ocurra un incendio.
Pero no es lo único. De acuerdo con el plano regulador metropolitano de Santiago el campamento está emplazado en un cerro isla, con un alto riesgo de ser arrasado por un aluvión en caso de lluvia abundante. «No podemos permanecer impávidos ante esta situación», indica el alcalde.
El éxodo
En el peak del campamento hubo 161 familias residiendo en la toma. En la actualidad son 116. «La mayoría de sus habitantes tienen trabajos esporádicos en jardinería y en oficios relacionados con construcción. Los tenemos catastrados y todos los menores están escolarizados en establecimientos de la comuna», relata Jorge Saavedra.
Hay una buena relación entre el departamento de Asentamientos Precarios y los dirigentes de la toma. «Tenemos reuniones periódicas. Ellos argumentan que no se pueden ir porque no les alcanza para pagar un arriendo, pero eso no es una excusa», añade.
En octubre del año pasado lograron evacuar a 30 familias y hace dos meses a otras 15. La metodología utilizada fue llevarlos a un lugar establecido. «Yo destaco harto que como municipio podemos hacerlo, porque muchos otros no pueden. Les ofrecemos un subsidio de arriendo de hasta un año y nos hacemos cargo del traslado de sus enseres», apunta el alcalde.
El subsidio es de $340.000 mensuales, que el municipio paga directamente al dueño de la propiedad arrendadora. «Tienen que ser viviendas regulares, así que pedimos el certificado de dominio vigente y les hacemos seguimiento a las familias. Nos interesa saber si están reinsertados y tienen trabajo», explica Saavedra.
«Apenas salen del terreno entramos con máquinas retroexcavadoras a dejar el terreno inutilizable para instalar nuevas casas. Estamos conscientes de que siempre hay gente mirando para ver si puede aprovechar la oportunidad», añade Alessandri.
¿Cuál es el mecanismo legal para desalojar una toma, alcalde?
«Nuestro objetivo es reestablecer el estado de derecho. Nadie puede instalarse en un bien nacional de uso público. Tampoco en una propiedad privada. Nosotros solicitamos el auxilio de la fuerza pública a través del Ministerio de Seguridad Pública y la Delegación Presidencial y ahí el tema se entrampa. No te dicen no, pero las excusas sobran. Que no es un buen momento. Que quieren evitar un enfrentamiento. La fecha no llega nunca».
En el sector El Arrayán hay tomas aisladas, en terrenos privados. «Nosotros los asistimos para que puedan iniciar las acciones legales. La dirección de obras decreta que las construcciones son ilegales y que, por lo tanto, deben ser demolidas. Acá hay que ser firme. No existen las tomas legales como una vez escuché decir a una alta autoridad de gobierno. El transcurso del tiempo tampoco te valida, como me dijo una vez un residente. Nosotros vamos a desalojar las tomas sí o sí», asevera el alcalde Alessandri.
